SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- El Juzgado Cuarto de Distrito en el estado concedió una suspensión provisional para frenar los permisos municipales y federales para la instalación del confinamiento de desechos tóxicos en un predio del municipio de Santo Domingo, colindante con Zacatecas. Los permisos otorgados a la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología sustentable Palula, del empresario José Cerrillo Chowel. El tiradero es rechazado ampliamente por pobladores de la región. Este amparo provisional, otorgado por el juez Juan de Dios Monreal Cuéllar, deja temporalmente sin efectos el cambio de uso de suelo municipal presuntamente otorgado por el ayuntamiento de Santo Domingo, así como los permisos federales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en lo que se realizan las audiencias para que resuelva definitivamente sobre el tema. Ricardo Sánchez García, abogado integrante del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz –que apoya a los ejidatarios que luchan contra la instalación del tiradero junto con la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis– informó a Apro vía telefónica que aunque no se ha resuelto de fondo sobre el juicio de amparo, éste es un buen inicio y una buena señal para los habitantes de la región que se oponen al mismo. “Estamos esperando la audiencia incidental para la suspensión definitiva, que esperamos nos favorezca”, señaló. El amparo fue presentado por la vía agraria –explicó el abogado– considerando que un ejido inscrito dentro de la comunidad de La Victoria, avecindado con el predio donde se pretende operar el tiradero, comparte una cuenca hidrológica. Los ejidatarios temen que el depósito de desechos afecte o impacte perjudicialmente la cuenca. Ése es el motivo principal del juicio. Otros aspectos se refieren a violaciones a la garantía de legalidad, ya que los permisos municipales firmados por una parte del Ayuntamiento no se encuentran inscritos en el libro del Cabildo, lo que se constató ya formalmente por la vía de la transparencia. “Hay otro permiso firmado por cinco regidores, un síndico y el presidente municipal de entonces (en el 2010), quienes no reconocen las firmas como suyas, lo que además derivaría en otro tipo de delitos”, indicó el abogado del centro de derechos humanos. Ese permiso sirvió para conseguir las autorizaciones de la Semarnat, por lo que éstas serían viciadas de origen. Los ejidatarios alegan también violaciones a derechos ambientales y a la normatividad que obliga a la consulta acerca del impacto ambiental, ya que la convocatoria para ello fue publicada en un diario que no circula en esa región y se depositó el documento para consulta en las oficinas centrales de la Semarnat en la Ciudad de México, a cientos de kilómetros de distancia. Por todo esto, el juez de Distrito consideró que se demostraron los elementos suficientes para identificar irregularidades en los permisos administrativos, cuyos efectos suspendió en tanto resuelve si otorga la suspensión definitiva y reconoce los agravios cometidos por la empresa y diversas autoridades contra los ejidatarios y habitantes de Santo Domingo.