El humilde municipio de Nuevo Balsas, cuyos habitantes viven de la agricultura y la pesca, despertó la codicia de varios poderes –mineras canadienses, políticos y bandas del narcotráfico– por su subsuelo rico en oro. Y si bien desde el año pasado cuentan con vigilancia policiaca y militar a raíz de una protesta por el secuestro masivo de pobladores, el grupo delictivo Guerreros Unidos sitió ahora a la comunidad para obligarla a pagar cuotas por la venta de productos pesqueros.

CHILPANCINGO, Gro.(Proceso).- Desde la semana pasada la comunidad Nuevo Balsas, del municipio de Cocula, se halla prácticamente en un estado de sitio impuesto por el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Aunque integrantes de la organización criminal levantaron la medida que impusieron desde el 24 de mayo, la población de ese lugar en la ribera del río Balsas, en el norte del estado, sigue sin salir. Tampoco está recibiendo servicios básicos de salud y educación.

La gente tiene miedo de ser atacada por negarse a pagar al menos 40 mil pesos al mes por la explotación pesquera de la zona a Guerreros Unidos, banda afincada en Iguala, donde se perpetró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El año pasado esa comunidad se vio obligada a crear un grupo de autodefensa para enfrentar a otro grupo delictivo, La Familia, tras el secuestro masivo de algunos vecinos a quienes pretendían extorsionar porque –señalaron los delincuentes– se beneficiaban de la explotación de la mina de oro Media Luna, propiedad de la empresa canadiense Torex Gold.

Los sujetos armados que los pobladores identifican como integrantes de Guerreros Unidos se contactaron el miércoles 1 con líderes comunitarios para decirles que ya pueden vender su producción de mojarra en el centro del país porque, indicaron, “ya estaba todo arreglado”, presuntamente con el gobierno.

No obstante, los pobladores denuncian que el sistema de transporte público sigue suspendido y ellos no pueden salir por temor a ser atacados por los criminales. Tal situación provoca escasez de alimentos. Además, ni los maestros ni los médicos van a la comunidad, porque nadie puede garantizar su seguridad.

En contraste, reprochan algunos vecinos entrevistados, los tres niveles de gobierno y el Ejército mantienen una vigilancia extrema en las instalaciones de Torex Gold y escoltan a los directivos de la empresa, así como los cargamentos de oro, para evitar que caigan en manos de los delincuentes.

Algunas personas consultadas, que pidieron el anonimato, denunciaron que el gobernador priista Héctor Astudillo no hace caso del problema y que sospechosamente las autoridades se niegan a restablecer el orden en la franja de la entidad donde Guerreros Unidos opera impunemente, aunque después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa se incrementó la presencia de las policías de los tres niveles y el Ejército.

El 21 de mayo, policías comunitarios de Nuevo Balsas detuvieron a cinco personas, tres mujeres y dos hombres, cuando libreta en mano les cobraban una cuota a pescadores y comerciantes.

Los pobladores golpearon a los presuntos delincuentes que iban de Iguala, los rociaron con gasolina y trataron de lincharlos, pero después de ocho horas los entregaron a la Policía Federal y al Ejército, que intercedieron por los inculpados...

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2066 de la revista Proceso, actualmente en circulación.