CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscalía guatemalteca imputó al expresidente Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser los jefes de una megaestructura que cooptó el Estado con el fin de lavar dinero para financiamiento ilícito y beneficio propio. El caso denominado "la cooptación del Estado" acusa a 70 personas, entre exfuncionarios, empresarios y particulares, de haberse coludido para saquear las arcas del Estado, reseñó la agencia AP. La estructura "estaba dedicada a cometer varios ilícitos, entre ellos el financiamiento ilícito, cohecho y lavado de dinero", dijo el fiscal Julio Barrios Prado a Pérez Molina frente al juez. La fiscalía reveló que para cometer estos hechos Pérez Molina se unió al Partido Patriota, que lo llevó a la presidencia en 2012, y que para ello recibió millones de quetzales en efectivo y a través de sociedades anónimas como financiamiento ilícito, dinero al cual daban apariencia de legalidad. "Ese dinero sirvió para comprar bienes y servicios para usted y Baldetti, entre propiedades inmuebles y vehículos de lujo, así como regalos por 33 millones de quetzales (unos 4.3 millones de dólares)", puntualizó el fiscal. El fiscal le imputó varios montos que pasan los 40 millones de quetzales (5.2 millones de dólares), los cuales eran parte de comisiones ilícitas que habría recibido Pérez Molina y que repartió con Baldetti y el exsecretario privado de ésta, Juan Carlos Monzón. Hoy Monzón está preso, y como colaborador de la fiscalía delató cómo estaba conformada la estructura y cómo se repartieron el dinero. Hasta la fecha, la fiscalía ha acusado a Pérez Molina de participar en dos casos, uno denominado la línea, en el cual una estructura defraudó al Estado a través de recibir sobornos de empresarios con el fin de que éstos les ayudaran a evadir impuestos, y el segundo denominado "la cooptación del Estado", de donde se han desprendido hasta hoy al menos tres acusaciones de diferentes hechos de corrupción, confirmó a AP Juan Francisco Sandoval. Por las acusaciones de La línea, iniciadas en abril de 2014, Pérez Molina tuvo que renunciar al cargo de presidente, así como su exvicepresidenta Roxana Baldetti. En el cuarto día de audiencias, la fiscalía terminó la imputación de 57 de los 70 acusados que habrían participado de la estructura. Durante los cuatro días de audiencia seis personas que eran prófugos de la justicia se entregaron a las autoridades, quienes fueron imputadas y enviadas a prisión, entre ellos los banqueros Flavio Montenegro, exdirectivo del Banco G&T Continental, y Fernando Peña, también expresidente del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), así como la asistente de Baldetti, Daniela Beltranena. La fiscalía también acusó este jueves a Baldetti de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, cohecho pasivo y activo. Además sostuvo que Baldetti se dedicaba a cometer varios ilícitos desde 2009 hasta abril de 2015, entre ellos que recibió al menos 290 millones de quetzales (unos 37.9 millones de dólares) por concepto de comisiones ilícitas de por lo menos 70 contratos de obra pública. La fiscalía detalló que el dinero habría ido a parar a la compra de joyas, ropa, pago de empleados, pago de tarjetas de crédito, viajes y regalos. El ente investigador puntualizó que en allanamientos encontró evidencia de que Baldetti en un viaje a Florida pagó más de 27 mil dólares en zapatos y ropa de marcas como Jimmy Choo, Hermés y Alexander McQueen.