CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Unos horas después de haber aprobado una versión descafeinada de la llamada Ley 3de3, la bancada priista en San Lázaro admitió que alista una iniciativa para precisar los alcances y los sujetos que no son objeto de Ley General de Responsabilidades Administrativas. El legislador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada priista, aclaró que los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, los becarios del Conacyt y los trabajadores que laboran en restaurantes no son objeto de la Ley 3de3, sin embargo, acusó, “hay algunos diputados y empresarios que buscan generar confusión y obtener beneficios políticos-electorales”. Ramírez Marín y el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Dávila Flores, aseguraron en rueda de prensa que es una ley de “buena fe y que busca combatir realmente la corrupción”. Además, indicaron que de ser necesario revisarían con magistrados la interpretación de esa ley. “Si el gobierno federal considera que hay confusión, podríamos presentar una iniciativa para aclarar esta situación”. También mencionaron que algunas expresiones han tratado de interpretar la ley, algunas de buena fe y otras de manera equivocada, pues señalan como sujetos obligados de la misma a quienes evidentemente no está dirigida esa ley. Es más, acotaron el artículo 32 de la ley, en su inciso C, no puede desvincularse del anterior, por lo que se dirige exclusivamente a quienes tienen participación directa en los procedimientos de licitación o asignación de recursos a nombre de las personas morales señaladas en el inciso B. En tanto, el diputado Marco Antonio García, también del PRI, rechazó que la inclusión de entes privados en la Ley 3de3 sea una “revancha” contra empresarios por haber cuestionado al Legislativo por la demora en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus siete leyes secundarias. García Ayala explicó que el sector privado es como los sindicatos de servidores públicos, que reciben recursos del erario y que tienen que acatar la ley y rendir cuentas. “Somos personas morales, lo mismo que los empresarios y, si reciben de algún modo dinero público, tienen que ser sujetos obligados también. Hay un error de percepción, la ley debe ser pareja para todos, fue el consenso de senadores y diputados”, justificó.