El informe Chilcott podría incriminar a Blair por crímenes en Irak

LONDRES (apro).- El exprimer ministro británico Tony Blair enfrenta serias acusaciones en su contra que podrían llevarlo a prisión por delitos de lesa humanidad en la guerra de Irak (2003). En la misma situación se encuentran su entonces canciller Jack Straw y el exjefe de los servicios secretos MI6, Richard Dearlove.

El exfuncionario John Chilcott tiene previsto publicar el próximo 6 de julio en Londres su esperado informe sobre las fallas y errores que el gobierno de Gran Bretaña cometió en la guerra y posguerra de Irak, tras siete años de audiencias, testimonios, investigaciones, deliberaciones y sendas demoras.

El Informe Chilcot se ha convertido en una de las causas judiciales más extensas y complejas del país, y fue iniciado en 2009 tras un pedido expreso del entonces primer ministro Gordon Brown, sucesor de Blair en el gobierno.

La investigación costó más de 20 millones de dólares e incluye en total 2.6 millones de palabras. Puso en el centro de la mira las fallas cometidas por Blair, Straw y Dearlove, aunque eximió de responsabilidades al por entonces jefe de comunicaciones de Downing Street, el polémico publicista Alistair Campbell.

El Informe Chilcott tomó evidencia a unos 150 testigos de alto rango, incluidos exministros de gobierno, funcionarios, autoridades de los servicios de Inteligencia, diplomáticos, generales y embajadores.

Entre los testigos clave que acudieron a las audiencias estuvieron Christopher Meyer, exembajador británico en Estados Unidos; el almirante Michael Boyce, exjefe del Personal de Defensa; John Scarlett, jefe del poderoso Servicio Secreto de Inteligencia (SIS); el general Tim Cross, el militar británico de más alto rango en Irak durante la posguerra; y el comandante supremo de las fuerzas aéreas, Brian Burridge, a cargo de los operativos de combate británicos en la invasión.

Blair fue interpelado públicamente por el panel de investigadores el 19 de enero de 2010 y luego el 21 de enero de 2011. En ambas ocasiones, cientos de manifestantes protestaron fuera del centro de conferencia gritando “asesino” y “criminal”.

El último de los testigos en declarar fue Jack Straw, quien rindió testimonio el 2 de febrero de 2011.

En total, el panel de investigadores analizó 150 mil documentos del gobierno, entre ellos muchos memorandos clasificados como secretos.

Una fuente allegada a la pesquisa confirmó este mes al dominical Sunday Times que el Informe Chilcott “destruirá la reputación” del exprimer ministro británico, principalmente por haber ofrecido asistencia militar al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, antes de la invasión iraquí de 2003.

Sin embargo, las críticas más duras son para Straw por su mal planeamiento de la posguerra en Irak, como también al máximo general británico que estuvo a cargo de la ciudad de Basora tras ser capturada por las tropas inglesas, agregó el portavoz.

Straw recibió una carta de 5 mil palabras por parte de las autoridades de la investigación, la cual enlista las fallas y errores que cometió durante la guerra de Irak. Esa notificación servirá al excanciller británico para hacer su descargo y preparar su defensa.

Straw, quien en 2001 se convirtió en canciller del Reino Unido, posición que ocupó hasta 2006, fue criticado por la manera que condujo negociaciones previo al conflicto bélico iraquí, como también en el rol de su ministerio en la posterior ocupación de Basora.

“Los generales británicos cometieron serios errores en Basora y otras provincias del sur iraquí, y las fallas fueron tales que las tropas debieron ser rescatadas por soldados estadunidenses. Las fuerzas armadas británicas crearon un caos en la posguerra iraquí”, destacó el informe, en un adelanto dado a conocer por el Times.

En especial, el documento cubre los hechos ocurridos después de la invasión de 2003, aunque también incorpora aspectos y decisiones políticas tomadas antes de que Londres y Washington decidieran invadir suelo iraquí para hallar las supuestas “armas de destrucción masivas” en poder del entonces presidente iraquí, Sadam Husein.

Dearlove, quien trabajó como jefe del MI6 durante la invasión de Irak, fue duramente criticado en el Informe Chilcott. Señala que no evitó que el gobierno de Blair engañara a la población con información de inteligencia no precisa y engañosa sobre las supuestas armas en posesión de Husein.

Esa fue una de las justificaciones legales que utilizó Blair para sumarse a la invasión iraquí junto a su máximo aliado, Bush.

Esa justificación incorporada en el llamado dodgy dossier (expediente poco fiable) fue publicada en septiembre de 2002, y concluía que el dictador iraquí podía atacar blancos del Reino Unido en 45 minutos.

“Los servicios de Inteligencia debieron haber resistido ese argumento del memorando”, destacó el reporte Chilcott.

Pero la fuente allegada al reporte y consultada por el Sunday Times indicó que el gabinete de Blair “no contaba con toda la información sobre lo que estaba pasando”, al sugerir además que un estilo informal de reuniones en el gobierno “llevó a errores y malas interpretaciones” previos a la invasión de 2003.

El documento revela también que Blair decidió dar todo su apoyo militar a Bush mucho antes de que existiera evidencia contra Husein y se lanzara la invasión, “ya que no quería mostrarse como que estaba defraudando a su máximo aliado”.

“Este reporte será absolutamente brutal para Jack Straw. Dañará la reputación de un número de personas que estuvieron en el poder, entre ellas Richard Dearlove y Tony Blair”, dijo la fuente del reporte.

“Gran Bretaña envió a gente experimentada, y ubicó a personal con capacidad en situaciones imposibles. Las autoridades no sabían qué estaban haciendo. Luego de la invasión, el gobierno se dio cuenta de que las cosas eran incluso más difíciles que antes”, agregó.

El Informe Chilcott reabrirá el debate acerca de si los errores militares de Gran Bretaña y Estados Unidos en Irak habrían provocado el posterior surgimiento del Estado Islámico (EI).

Además, el jefe del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, prometió que su agrupación oficialmente pedirá perdón por haber llevado al Reino Unido a la guerra en Irak “bajo fundamentos mentirosos y violando leyes internacionales”.

Es probable también que Corbyn pida llevar a Blair a la Corte Penal Internacional (CPI) por “crímenes de guerra”.

La posición de Corbyn abrió fuertes divisiones internas dentro del Laborismo, especialmente entre los llamados “Blairistas”, quienes cuestionan por qué Blair es tratado como un criminal de guerra cuando Corbyn se negó a votar en el Parlamento por una acción militar contra un criminal de guerra, el presidente sirio, Bashar al-Assad.

Blair argumentó en su autobiografía titulada A journey (2010) y en una ponencia pública en junio de 2014 en Londres que la “carnicería” y guerra civil desde 2004 fueron consecuencia de la decisión tanto de Irán como de Al-Qaeda de ingresar a Irak, y destruir la reconstrucción occidental de Irak.

En tanto, Chilcott, de 78 años, tenía previsto presentar sus conclusiones de forma pública en 2015, pero se vio obligado a pedir una extensión al excederse de ese límite.

Una de las razones por la demora en la publicación del documento fue por el llamado “proceso Maxwellisation”, que obliga legalmente a paneles independientes en el Reino Unido que planean hacer críticas concretas contra individuos en cargos públicos, enviarles antes un memorando para que puedan hacer defensa y presentar pruebas de descargo.

Otras demoras fueron confirmadas el mes pasado por el primer ministro, David Cameron, tras revelar que el gobierno utilizó los servicios de agentes de espionaje para revisar a fondo el documento y cerciorarse de que no se dieran a conocer “secretos de Estado”.

Además, Cameron pidió al panel investigador que dicho informe no se publicara antes del próximo jueves 23 para que no interfiera en el referéndum en el que los británicos decidirán si su país se mantiene o abandona a la Unión Europea (UE).

Las demoras enfurecieron a familiares y allegados de soldados británicos que murieron durante y después de la guerra de Irak.

Reg Keys –padre del soldado de 20 años Thomas Keys, quien falleció tras un ataque en Irak en 2003– sostuvo que las autoridades británicas deben cerciorarse de que las verdades del informe “no terminen encubiertas”.

“El informe debe ser visto antes de su publicación por algún experto independiente para que no haya encubrimientos ni ocultamientos, de otro modo será un informe mentiroso y parcial”, alertó Keys.

“Hay que recordar que 180 militares (británicos) fallecieron en Irak, más de 3 mil 500 resultaron heridos, 2 millones de iraquíes huyeron de Irak y más de 100 mil civiles inocentes fueron asesinados”, agregó.

Luego consideró que se trató de una guerra en la que el Reino Unido “participó en acuerdo con la falsa premisa de que el régimen de Husein tenía armas de destrucción masiva”.

Estados Unidos y su máximo aliado militar, Gran Bretaña, invadieron Irak en marzo de 2003 y oficialmente retiraron sus tropas en 2011.

Según estimaciones oficiales y de grupos no gubernamentales, el número de muertos fluctúa entre 150 mil y un millón de personas.

La guerra resultó en el derrocamiento y ejecución de Husein y hundió al país en el caos. Poco después de la invasión, la violencia contra las fuerzas de la coalición y entre los diversos grupos étnicos dio lugar a una violenta guerra asimétrica con la insurgencia iraquí, la guerra civil entre sunitas y chiítas iraquíes, y las operaciones de Al Qaeda en Irak.

El costo financiero del conflicto ha sido estimado en más de 4 mil 500 millones de libras (unos 9 mil millones de dólares) para el Reino Unido, y más de 845 mil millones de dólares para Estados Unidos, con el coste total para la economía de esta última nación estimada entre 3 mil y 5 mil millones de dólares.

Comentarios