COLIMA, Col. (apro).- Trabajadores del Instituto Electoral del Estado (IEE) interpusieron una denuncia contra la presidenta del Consejo General de este organismo, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, a quien acusaron de haber generado durante los últimos seis meses un clima de hostigamiento y amenazas en contra del personal. Suscrita por Roberto Carlos Barragán Ramos, intendente; Víctor Manuel Gómez Corona, director de Comunicación Social; Juan Ramón Granero Vega, director de Sistemas, y Miguel Ángel Núñez Martínez, secretario ejecutivo del Consejo General, la queja, dirigida a Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), fue entregada en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva de ese organismo en la entidad. En su escrito, los trabajadores denunciaron con detalles que la titular del organismo ha incurrido en una serie de abusos y actos intimidatorios que redundan en la violación de sus derechos laborales, situación que “ha afectado nuestras condiciones, oportunidades, ambiente y rendimiento laboral”. Además, solicitaron que la autoridad nacional ejerza la facultad de atracción de esa denuncia, “por tratarse de violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos, civiles y sociales de trabajadores del Instituto Electoral del Estado (…) dada la importancia del presente asunto en el orden jurídico local y nacional, al revestir actos que pudieran afectar el cumplimiento de los principios rectores de la materia”. Entre las quejas de los trabajadores se encuentra la modificación de jornadas de trabajo “de manera unilateral y arbitraria”, obligándolos en ocasiones a quedarse dos o tres horas más de su hora de salida sin el pago extra; denegación de permisos o vacaciones, y excesivas cargas de trabajo. “En cuanto al incremento salarial que por ley se aplica anualmente –señalaron– no lo ha querido cumplir con el argumento de que no hay recursos, discurso contrario a los hechos, ya que ella dispone de ese dinero público de manera discrecional”. Asimismo, indicaron que ellos como denunciantes no son los únicos afectados con acciones como las mencionadas, pues “existen otras personas que por temor a represalias no alzan la voz como los firmantes, por lo que solicitamos se realice la debida investigación que incluya a todas las áreas del instituto (direcciones y consejos municipales) a efecto de que se corrobore lo antes señalado. No es la primera vez que la presidenta del IEE, Alejandra Valladares, enfrenta denuncias por su actuación al frente de ese organismo, pues en marzo de 2015 fue denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) por cinco periodistas que por órdenes de ella fueron desalojados por la fuerza pública de las instalaciones del IEE mientras cubrían una diligencia de carácter electoral. Como resultado de esa queja, la CDHEC resolvió que con esa acción la funcionaria violó los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información y le recomendó en mayo pasado emitir una disculpa pública a los periodistas agraviados. Hace unos días, Valladares se vio obligada a disculparse, no sin antes argumentar que el organismo humanitario se había extralimitado en sus funciones y que en ese asunto ella era “la víctima”. El caso más escandaloso en el que se ha visto envuelta la titular del IEE ocurrió cuando en junio de 2015, después de la elección de gobernador, declaró al noticiero radiofónico de Joaquín López Dóriga que tras el conteo de votos iba ganando el candidato del PAN, y posteriormente se desdijo justificando que quien llevaba la delantera era el candidato priista. Ello generó desconfianza en el proceso electoral, pues el PAN denunció que fue presionada para desdecirse, mientras que el PRI presentó una queja en contra de ella en el Consejo General del INE, por haber atentado contra los principios y valores fundamentales que deben regir a un organismo electoral. Hasta la fecha, el proceso por ese caso no ha sido resuelto en definitiva por el INE.