CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aplaudió la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en México, y señaló que un aspecto central para su efectividad “radica en la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura”. Luego de hacer un llamado a las autoridades para que se garantice su rápida consolidación y correcta implementación en todo el país, destacó que la reforma “supone un gran avance en el respeto a los principios del debido proceso y una oportunidad histórica para erradicar la tortura y proteger los derechos de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos”. En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, reconoció el esfuerzo realizado por las distintas instancias involucradas en la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal que, apuntó, debe conducir a la protección efectiva del derecho a la integridad de todas las personas y al combate decidido de la tortura. “La exclusión de este tipo de pruebas es un acto de justicia para las víctimas de tortura, una forma de evitar que quienes cometieron el delito que se persigue no evadan el castigo y, sobre todo, que las personas que han sido lesionadas por el delito que se investiga reciban una justicia verdadera y no simulada”, subrayó en un comunicado Jan Jarab, representante en México de ONU-DH. El organismo enfatizó la importancia de la implementación de esa regla por parte de las autoridades, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, así como de una investigación rigurosa de todos los actos de tortura y la sanción a los responsables. Para la ONU-DH, el éxito del nuevo sistema de justicia penal dependerá, entre otros factores, de que se superen las limitaciones de los servicios periciales y forenses en el país. La documentación de la tortura y otros malos tratos, y la consiguiente salvaguarda de los derechos de las víctimas, requiere de la intervención de peritos profesionales, independientes e imparciales, apuntó. En ese sentido, alentó nuevamente a las autoridades a crear una institución nacional autónoma de servicios periciales y forenses, y recordó que los esfuerzos legislativos contra la tortura deben complementarse con la aprobación de Ley General en la materia cuya adopción y sobre todo efectiva implementación “ha sido reclamada por las víctimas, actores de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos. De manera especial, la ONU-DH reiteró “su plena solidaridad con las personas sobrevivientes de tortura” y manifestó su reconocimiento a todos aquellos que defienden sus derechos, particularmente desde el ámbito civil y judicial “y que en los últimos meses han sido objeto de actos reprobables de denostación”. Por último, llamó a la sociedad mexicana a sensibilizarse ante el sufrimiento humano que implica la tortura y apoyar a quienes trabajan para su eliminación.