PUEBLA, Pue. (apro).- El ayuntamiento de Tehuacán ganó una primera batalla al gobierno de Rafael Moreno Valle, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejara sin efecto la suspensión que dictó el estado para que la comuna perdiera su facultad para cobrar el catastro. La alcaldesa priista de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, informó que la SCJN les notificó que dentro del juicio de controversia constitucional que interpuso su administración contra el gobierno del estado, determinó dejar sin efecto un oficio donde la Dirección de Catastro estatal les notifica que ese municipio ya no cuenta con facultades para el cobro del impuesto catastral. La edil indicó que debido a esa disposición, a partir de este lunes, el ayuntamiento reanudó el cobro de ese impuesto, que es considerado uno de los principales ingresos con los que cuenta el municipio. Aseguró que no existe forma que el gobierno de Moreno Valle pueda volver a suspender esa facultad al municipio de Tehuacán, hasta que la Corte defina en definitiva la controversia que interpuso su administración desde el pasado mes de mayo. La Secretaría de Finanzas del estado argumentó que esta medida se derivaba de que el ayuntamiento de Tehuacán no contaba con un convenio de colaboración vigente en materia catastral, pero los integrantes del cabildo aseguran que el gobierno estatal nunca les notificó que faltara ese documento. Luego de esto, la alcaldesa, con el apoyo de la mayoría de los integrantes de su cabildo, publicó una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión en la que acusa al gobernador Moreno Valle de pretender usar los ingresos de esa localidad para financiar sus aspiraciones presidenciales, además de llamarlo “tirano, represor y dictador”. El escrito asegura que la suspensión al municipio de Tehuacán de sus facultades para cobrar catastro, y por lo mismo dejarlo sin esos ingresos, se deriva del enojo que provocó al gobernador Moreno Valle la decisión de  la administración priista de esa localidad de no participar en programas gubernamentales impulsados por el gobierno estatal. Entre esos programas mencionan el llamado “peso a peso” con el cual, aseguran, el gobierno de Moreno Valle eleva al doble o triple el costo de las obras que pretende hacer en conjunto con los municipios y además les impone a la empresa que las llevará a cabo.