CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En plena renovación del sistema penal de justicia, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha hecho oídos sordos a una denuncia por acoso sexual y laboral y prácticas agiotistas en contra de un magistrado que ejerce desde hace 20 años en el estado de Morelos. La denuncia fue presentada en mayo pasado por María Guadalupe Pineda Fernández en contra del magistrado Mario Roberto Cantú Barajas, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito Judicial con residencia en Cuernavaca, Morelos. Forzada a la jubilación por el acoso denunciado, Pineda Fernández, quien ocupaba una plaza de secretaria particular de magistrado de circuito en ese tribunal, ha pretendido desde 2013 que el CJF –el órgano encargado de la vigilancia, administración y disciplina de los jueces y magistrados federales– investigue su denuncia. El pasado 25 de mayo fue recibido el más reciente escrito en el CJF, que junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son las máximas instancias del Poder Judicial de la Federación. A pesar de las reiteradas quejas, el órgano de vigilancia le ha dicho a Pineda Fernández que el caso está en “etapa de estudio de procedencia”, según dice a Proceso Enrique Barilar, abogado de la denunciante. Apenas el pasado martes 14, el ministro Luis María Aguilar, presidente de la SCJN y del CJF, aseguró que en el Poder Judicial de la Federación “no toleramos ni protegemos a los malos jueces. No hay cabida alguna para la corrupción o la ineptitud. Siempre que hemos conocido de ello, con pruebas de sus actos y no simples diferencias de opinión, hemos actuado con firmeza, sin miramientos, sometiendo a los sospechosos a un procedimiento de responsabilidad, y cuando han quedado demostradas sus malas conductas, el CJF los sanciona con dureza”. En un discurso que pronunció ante los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo con motivo de la entraba en vigor del nuevo sistema de justicia penal en todo el país, a partir del sábado 18, el ministro presidente aseguró que desde que asumió la máxima representación del Poder Judicial de la Federación, en enero de 2015, un total de 78 funcionarios públicos han sido sancionados, incluidos jueces. “Hemos destituido a cinco jueces de distrito, hemos inhabilitado hasta por 10 años a un magistrado de circuito y hemos impuesto sanciones de suspensión del cargo a otros cinco titulares, jueces y magistrados”, precisó. Barilar considera que en este caso el CJF ha sido omiso. Refiere que incluso en noviembre de 2014 en una visita de rutina del visitador judicial, magistrado Alfredo Murguía Cámara, Pineda Fernández le presentó su caso sin que se le diera seguimiento. Según la denuncia, el magistrado Cantú Barajas hostigó durante años a Pineda Fernández con propósitos sexuales. Ante el rechazo, dice que el magistrado pasó al hostigamiento laboral en su contra, incluso poniéndole sobrenombres, mientras que daba beneficios laborales a otros empleados del tribunal. Refiere que en febrero de 1999 Cantú Barajas la llamó a su oficina y le dijo: “Mire, Lupita, yo sé que usted está casada con un abogado que ni siquiera es de aquí, que ni vive constantemente con usted. Eso no le conviene. Usted debe ser una esposa de tiempo completo o bien una amante de alguien como yo que le pueda dar una posición en la vida. Yo le propongo que sea mi amante y listo, no le faltará nada”. La denunciante dice que ante el rechazo, el caso se agravó en 2007 cuando ella accedió a un préstamo de 100 mil pesos por parte del magistrado, con una tasa de interés del 11.1% mensual y con pagarés de por medio. En otra ocasión que la mandó llamar, en enero de 2008, le dijo: “Qué pasó, Lupita, con esos intereses. No me pagas puntual ni capital ni intereses. Tú te puedes evitar esos intereses. ¿Por qué no te vas conmigo? La pasamos bien y así me pagas esos intereses. Sólo es una acostadita. ¿Qué te cuesta? Y Así me vas pagando. Es más, hasta te lo puedo perdonar todo. Yo tengo tu pagaré”. En su denuncia, Pineda Fernández presentó copia de los pagarés y de los cheques con que le pagó a Cantú Barajas. Para el cobro, el magistrado designó en marzo de 2008 al abogado Miguel Ángel Piza Bernal, quien cobró una comisión por sus gestiones, según la denuncia. En marzo de 2013, el abogado Piza Bernal fue asesinado en su despacho por un grupo armado. Pineda Fernández, quien perdió una denuncia por daño moral contra Cantú, “por haber sido mal llevada”, dice su actual abogado, se jubiló en junio del año pasado; pero teme por la suerte de sus dos hijos, que también trabajan en el Décimo Octavo Circuito Judicial, en Cuernavaca. En la denuncia, Pineda pretende que el CJF haga valer las tesis que la Primera Sala de la SCJN ha emitido en contra del acoso laboral. Proceso buscó al magistrado Mario Roberto Cantú Barajas para conocer su posición respecto a este problema. Hasta el cierre de edición no se había obtenido una respuesta de su parte.