CHIHUAHUA, Chih. (apro).- De las más de 100 personas detenidas en los disturbios de la manifestación del 22 de junio pasado en el Palacio de Gobierno, sólo 28 fueron consignados a juzgados de Garantía y de estos últimos 19 fueron vinculados a proceso y el resto quedaron absueltos. El diputado local panista Rogelio Loya Luna, uno de los más críticos del gobierno duartista, estuvo presente en los disturbios y reveló que en la revuelta participaron provocadores enviados por el gobernador César Duarte Jáquez. Sus adversarios del PRI, sin embargo, le exigen que renuncie a su fuero para que responda por sus actos ante las autoridades judiciales. Loya Luna fue denunciado por daños ante la Fiscalía General del Estado, junto con su homóloga Ana Gómez Licón y los activistas Jaime García Chávez (quien demandó al gobernador por peculado, uso indebido de atribuciones y desvío de recursos públicos), Víctor Quintana Silveyra, Óscar Castrejón Rivas y Benjamín Nogueira García. Los denunciados promovieron amparos para evitar su detención y, en el caso de los legisladores del PAN, pidieron a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso porque no confían en la Fiscalía General del Estado. Aseguran que las personas que destruyeron puertas y ventanas del Palacio de Gobierno no están detenidos y ponen a disposición de las autoridades federales videos y fotografías que han circulado en redes sociales y medios de comunicación. Es más, Loya retó a Duarte para que renuncie y enfrente la denuncia interpuesta en su contra en la Procuraduría General de la República (PGR). “Gobernador, sé que usted está muy interesado en mi desafuero como diputado. Quiero manifestarle que yo soy el primer interesado en que se aclaren estos hechos, pero ¿qué le parce gobernador, si yo me someto a proceso de investigación y pido licencia como legislador local y usted hace lo propio, es decir, que pida licencia como gobernador y permita una investigación clara y objetiva por los hechos que los chihuahuenses sabemos pesan en su contra, tales como se menciona en la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19, por enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio público y otros delitos?”, dice. Asimismo refiere que el expediente del caso consta de más de 95 mil páginas y continúa en integración. “Usted tiene la palabra gobernador: si nos retiramos de nuestros cargos para la búsqueda de la justicia y la verdad histórica de los hechos, sin ser juez y parte, gobernador”. La manifestación del miércoles de la semana convocada en contra del gobierno de César Duarte Jáquez derivó en detenciones arbitrarias y en la deficiente integración de las carpetas de investigación. En muchos casos, el juez Carlos Arzola vinculó a proceso a los presuntos revoltosos basado sólo en el dicho de los agentes. Uno de los detenidos fue Marcelino Gómez Brenes, delegado nacional del partido Morena, aunque finalmente fue absuelto junto con otros cuatro jóvenes. Sin embargo, la Fiscalía anunció que de todas maneras formulará imputaciones en su contra. Otro detenido fue Ósmar Enríquez Rodríguez, “El Miklo”, un joven de 22 años que compuso una canción contra la corrupción, dedicada a César Duarte y que fue difundida en redes sociales con gran aceptación. Testimonios de dueños de establecimientos comerciales desdeñados por las autoridades refieren que las personas que causaron destrozos a la sede de Gobierno llegaron en camionetas e iban con el rostro cubierto y con una actitud muy agresiva. A pesar de esos dichos, ninguno de ellos se encuentra detenido. El fiscal general Jorge Enrique González Nicolás reportó la detención de 100 personas, de los cuales, precisó, 30 de ellos eran originarios del estado de Oaxaca. Sin embargo, el portavoz de la dependencia Eduardo Esparza González aclaró luego que ninguno de ellos tenía relación con los hechos. Las audiencias Las primeras audiencias iniciaron el pasado sábado a las 8 de la mañana. En las dos primeras, presentaron a cinco jóvenes. Sólo quedó recluido el hombre en situación de calle. Los integrantes de Morena aseguraron que lo apoyarán para que quede libre y tenga un trabajo. Entre los detenidos presentados en las primeras dos audiencias, se encontraba un estudiante de 18 años aprehendido a unas 12 cuadras del Palacio de Gobierno, de acuerdo con su tía. También detuvieron a Kevin Jonathan Martínez, a quien las autoridades le acreditaron la posesión de un arma de fuego Glob calibre .380, con un cartucho abastecido con 15 tiros y tres credenciales, una de ellas de la Secretaría de la Defensa Nacional ( número 141082 matrícula D3634176 )y otra de la agencia de seguridad en la que trabaja. Al salir, alrededor de las 5 de la tarde del sábado, dijo en breve entrevista al salir del Cereso estatal número 1: “Yo soy el que dijeron que agarraron armado, pero soy guardia de seguridad, iba de mi trabajo”. Lo acusaron por daños y alteración a la paz pública, porque presuntamente vandalizó unidades, pero el Ministerio Público no pudo probar elementos en su contra y quedó absuelto con otros dos compañeros hoy a mediodía. El mismo sábado fue liberado José Luis Bolaños Torres, quien tiene 20 años y trabaja en una tienda de talas ubicada a una cuadra del Palacio de Gobierno. Fue detenido cuando se dirigía a su trabajo, acusado de daños y ataques a la paz pública. Su esposa rompió en llanto cuando escuchó que sería liberado. En la sala 19, el juez de Garantía Octavio Rodríguez Gaytán, consideró que 15 jóvenes fueron detenidos legalmente, pero los dejó en libertad para que acudan este martes a la audiencia de vinculación a proceso, con el fin de determinar si hay elementos suficientes para investigar su participación en la manifestación. Además de “El Miklo”, en la causa penal 2041/2016 fueron imputados otros 14 jóvenes, por los presuntos delitos de lesiones a ocho policías, daños y ataque a la paz pública. Entre los acusados hay también empleados de tiendas departamentales, estudiantes, uno de ellos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y un músico oaxaqueño. Una de las familias tuvo que pagar 50 mil pesos a un abogado para evitar la reclusión de su familiar en el Cereso número 1.Además, todos ellos deben pagar 10 mil pesos como fianza en un mes y tienen prohibido salir de la ciudad y acercarse al Palacio de Gobierno en un perímetro de cuatro cuadras a la redonda hasta que concluya el proceso. Según el Ministerio Público, los daños causados al palacio de Gobierno ascienden a 4 millones de pesos. No obstante, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que los daños a puertas y ventanas del inmueble no representa un perjuicio al patrimonio cultural porque ninguna estructura es original. Los daños de la puerta y ventanas ascienden a 400 mil pesos aproximadamente y no a casi 7 millones como reportó el Ejecutivo estatal. Ministerio público improvisó delitos El juez Ricardo Márquez Torres conoció el caso de cinco jóvenes acusados de motín, sedición, ataques a la paz pública, sabotaje, lesiones y daños, según el expediente 2041/2016. Los otros jóvenes tienen entre 18 y 24 años, a quienes el agente del Ministerio Público, Luis Gilberto Balderas Ponce, les imputó los cargos y aseguró que causaron daños, lesiones e incitaron a la violencia, principalmente Marcelino Gómez, el delegado de Morena, quien pegó cartulinas y según el agente, provocó grabando a los agentes para que lo agredieran. Los defensores de los imputados evidenciaron que el parte informativo de los agentes no coincidía con las horas de detención y consignaciones de los jóvenes, y tampoco incluían en el caso de Marcelino Gómez, el contenido de las cartulinas ni las aseguró para demostrar que incitó a la violencia. Los policías indicaron al MP que vieron a jóvenes agredir y dañar el Palacio de Gobierno, quienes iban encapuchados, pero no coinciden con las características que describieron de cada uno de los detenidos, ninguno de estos llevaba el rostro cubierto. A Marcelino Gómez le quitaron dos celulares que llevaba y el defensor Guillermo Gómez Cortés, le indicó al juez que el teléfono no puede ser entregado como prueba, ya que hay jurisprudencia al respecto. Los defensores alegaron que el MP no individualizó los delitos y por lo tanto, no conocían quién cometió qué acto, qué o a quién dañó cada uno y ni pruebas contundentes llevaron a la audiencia, situación que los dejó en estado de indefensión. El MP indicó que posteriormente indicarían esos señalamientos, lo que fue criticado por Guillermo Gómez Cortés, porque la fiscalía primero detuvo al azar a los jóvenes y “ahí luego” averiguarían qué hizo cada uno. El defensor agregó que no se trataba de una falta administrativa sino de señalamiento delictivos, por lo que tenían que fundar y motivar su dicho. El juez determinó que no había flagrancia, les dio la razón a los defensores y el agente del MP, sólo observó sus expedientes, agachó la cabeza y cerró las carpetas. Guillermo Gómez -quien además es juez en Guadalupe y Calvo, a donde lo enviaron porque señaló que el gobernador da línea para que los jueces fallen a favor o en contra de determinados casos-, se congratuló con que el juez resolvió libre sin hacer caso a la línea del Ejecutivo. Y es que a Marcelino le informaron sus compañeros detenidos, que a varios los estaban torturando para inculparlo como incitador, para dejarlos libres. El diputado Rogelio Loya indicó que en personal de la fiscalía le advirtió que hay por lo menos cinco jóvenes torturados, que lo señalaron como responsable de la violencia que se suscitó, a pesar de que en los videos él aparece tratando de calmar a “los infiltrados”. El abogado Guillermo Gómez calificó la forma de gobernar de César Duarte, como autócrata y mesiánica. El Ministerio Público, dijo, fue grosero y ni siquiera determinó qué tipo de delito y aun así, se le ocurrió restringirlos de la libertad. "Lamentamos precisamente que el poder Ejecutivo haya traído estos casos, vivimos en un estado con una persona mesiánica, un autócrata, una persona que no representa a las instituciones de manera democrática, sino que se siente el dueño de las instituciones", añadió. El presidente del Consejo Estatal de Morena, Omar Holguín Franco, denunció que Duarte utilizó a la fiscalía, para reprimir y saciar su sed de venganza. Marcelino Gómez dio a conocer, cuando lo liberaron, que el 90 por ciento de los compañeros que consignaron, fue torturado, aunque a él lo respetaron, pero todos acordaron reunirse constantemente ahora, porque interpondrán quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Principalmente, quiere apoyar a su compañero oaxaqueño, “se ensañaron con él, lo torturaron por el simple hecho de ser de Oaxaca”. La mamá de Marco Gardea, dijo que ella acudió con su hijo a la manifestación porque “definitivamente somos antiduartistas, por el saqueo que ha hecho en el estado, por la deuda pública, por el Vivebús, las fotomultas, por todo lo que han hecho en contra de la ciudadanía. “Nos sometieron a una presión emocional, psicológica, económica, por la integridad física de mi hijo, de nuestros hijos”, dijo la mamá de Marco Gardea.