XALAPA, Ver. (apro).- Jubilados y pensionados, otrora extrabajadores del aparato estatal, tomaron las principales calles de Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Córdoba, entre otros municipios de la entidad, para reclamar por segundo día consecutivo al gobierno de Javier Duarte el depósito de su dinero. Pese a que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y directivos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) les prometieron que este viernes quedaría depositado el recurso a temprana hora, esto no sucedió. Los jubilados, muchos de ellos con bastón o con gafas de aumento gradual considerable, se retiraron decepcionados de la protesta alrededor de las cuatro de la tarde. En Veracruz se ha vuelto una constante que jubilados y pensionados bloqueen calles del centro de Xalapa y de otros municipios para exigir el correspondiente depósito. En está ocasión, los manifestantes se dividieron para cerrar el tránsito vehicular en las calles de Juan de la Luz Enríquez, Xalapeños Ilustres, Gutiérrez Zamora y Zaragoza. Un desesperado Remigio Ortiz –otrora poderoso exsubsecretario de seguridad pública y hoy funcionario menor de la Secretaría de Gobierno- reportaba por teléfono a Palacio de Gobierno cómo los inconformes tomaban las principales vialidades del Centro Histórico, desquiciaban el tráfico vehicular y dañaban las ventas de la zona centro de Xalapa. Hasta la tarde-noche de este viernes, el gobierno de Javier Duarte no emitió ningún comunicado para dejar una constancia de pronto pago a los pensionados, cuyas edades fluctúan entre las seis y las ocho décadas. Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz A.C recriminaron que por está inconstancia de pagos, varios pensionados deben cortar de forma abrupta sus tratamientos médicos o el pago de la renta en las modestas viviendas que habitan. A cinco meses de que concluya su administración, Duarte de Ochoa está ha entrado en severos problemas económicos, de gobernabilidad y de seguridad. La Universidad Veracruzana (UV), por ejemplo, continúa su reclamo por el pago de cerca de mil millones de pesos, relacionado con varias ministraciones para infraestructura y programas académicos que el gobierno estatal arrastra desde hace años.