En Chiapas la polarización no es sólo política, sino social. Los empresarios urgen al gobierno de Manuel Velasco Coello para que “aplique el estado de derecho” –es decir, que utilice la fuerza para desalojar a los profesores disidentes y simpatizantes que mantienen bloqueos y plantones en ciudades y carreteras–, en tanto que la Iglesia le pide al gobernador –quien lanza frases ominosas– que dialogue con ellos. Sin embargo, los maestros ya no se sienten solos: otras organizaciones sociales y campesinas, incluido un sector católico, los apoyan plenamente.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).- “Hemos sido tolerantes a excesos criticables”, dijo el gobernador Manuel Velasco Coello el pasado 29 de junio, en una conferencia de prensa en la cual le pidió al magisterio retirar de inmediato los bloqueos de carreteras, puesto que afectan “la vida productiva” de los chiapanecos –que “no les han hecho nada”– en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo y Palenque.

De inmediato las palabras, el fraseo de Velasco, hicieron recordar que el 1 de septiembre de 1968, en su cuarto Informe de Gobierno y un mes antes de la matanza de Tlatelolco, Díaz Ordaz había advertido: “Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados”.

El gobernador indicó que hasta el momento 50 mil litros de leche no han sido distribuidos, lo que generó pérdidas superiores a 400 millones de pesos. Es también el caso, dijo, de más de 400 mil aves y 12 mil cabezas de ganado.

Explicó que en esta época del año se distribuyen fertilizantes y apoyos para el cultivo de maíz, lo cual no se ha podido realizar a causa de los bloqueos magisteriales y pone en riesgo más de 700 mil hectáreas.

Agobiado por la crisis que sigue despertando protestas, Velasco calculó que los daños podrían alcanzar hasta 2 mil millones de pesos en sectores donde trabajan alrededor de 50 mil personas.

El conflicto entre el gobierno estatal y los maestros está a punto de cumplir un mes y medio, y algunos líderes de los sectores comercial y turístico exigen la “aplicación del estado de derecho”.

El paro de labores que comenzó en Chiapas el 15 de mayo cumple 50 días este domingo 3. Se inició como un movimiento magisterial pero “se convertió en un movimiento magisterial y popular”, señala Pedro Gómez Bámaca, miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la CNTE.

Gómez Bámaca, Alberto Mirón Vázquez y Manuel Mendoza Vázquez se han perfilado como los voceros y líderes del movimiento que hizo colapsar el estado en la última semana. Ellos reconocen que en torno de la lucha de los profesores disidentes contra la reforma educativa aprobada en 2013 también convergen las protestas de otras organizaciones sociales y sindicales del estado que han sufrido embates del gobierno de Velasco Coello.

De hecho, el pasado sábado 2, durante el Encuentro de Pueblos en Defensa de la Educación Pública, la Salud, el Territorio, los Recursos Naturales y los Derechos Humanos, se habría formalizado la alianza de organizaciones sociales, campesinas e indígenas con los sectores sindicales educativo y de la salud.

Carlos Alvarado Pereyra, del Frente de Organizaciones Sociales e Independientes de Chiapas, señala que no sólo la reforma educativa afecta al sector magisterial y la educación pública, sino que otras reformas estructurales, como la energética y la fiscal, están ahogando al país y en particular a los estados donde se concentra la mayor pobreza y marginación: Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Algunas consecuencias de esas modificaciones, dice, son el despojo de tierras a los campesinos para construir hidroeléctricas, consorcios hoteleros y proyectos de minería extractiva; el alza imparable del combustible; la mayor apertura del sector petrolero a la inversión privada; la carestía de la canasta básica; los créditos bancarios inaccesibles, la crisis en las instituciones de salud con el desbasto de medicamentos y la falta de médicos.

Alvarado culpa de ello al PRI, al PAN y al PRD, que impulsaron el Pacto por México para imponer esas reformas azuzadas por organismos internacionales, como la OCDE, y empresariales, como Mexicanos Primero.

“Si ellos se organizan para jodernos, nos organizamos todos también para defendernos”, dice Alvarado Pereyra, quien desde hace años participa en movimientos sociales y campesinos en Chiapas y fue principal impulsor del encuentro del sábado 2 con el fin de formar un “frente común” para exigir que se deroguen las 11 reformas estructurales.

Apoyo moral y político

A la par del papel de mediador que pretenden asumir los obispos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, otro sector católico se movilizó en la capital del estado para expresar su apoyo a los maestros que mantienen un plantón en el centro.

El 15 de junio los obispos de Chiapas dirigieron una carta al presidente Enrique Peña Nieto expresando su profunda preocupación por la falta de soluciones a las inconformidades del magisterio local. “Consideramos justa su petición de una mesa de diálogo con sus dirigentes, tanto con los de Chiapas como con los de otros estados igualmente convulsionados”, puntualizan.

Y el 27 de junio Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez; José Luis Mendoza Corzo, obispo auxiliar de la propia capital chiapaneca; Leopoldo González González, obispo de Tapachula; Felipe Arizmendi Esquivel, de San Cristóbal de Las Casas, y Enrique Díaz Díaz, coadjutor de San Cristóbal, dirigieron una carta a los senadores y diputados federales.

Los jerarcas religiosos pidieron a los legisladores federales que “abran algún canal de diálogo” con los profesores disidentes que protestan contra la reforma que ellos aprobaron en el Congreso de la Unión.

“Nos llama la atención que el presidente de la República regresó al Congreso la Ley 3de3 porque se lo pidieron los empresarios; pero se tiene resistencia para reconsiderar algunos aspectos de la reforma educativa que piden los maestros”, dicen en la carta.

Después de pedir que se atiendan las peticiones de los maestros, señalan que no están de acuerdo con los bloqueos y desmanes ocurridos en algunas manifestaciones magisteriales, “sobre todo por parte de personas u organizaciones infiltradas”.

Y agregan: “Nos preocupa que se pierda el presente ciclo escolar, pues la inmensa mayoría de escuelas públicas en Chiapas no están laborando; algunas por presión; casi todas por convicción”.

Hay otro sector católico plenamente identificado con la lucha de los maestros en Chiapas. Trece párrocos, entre ellos Marcelo Pérez Pérez, de Simojovel; Blas Alvarado, de Pueblo Nuevo; Gustavo Andrade, de Venustiano Carranza; Jacob Arenas Vázquez, de Palenque; Bernabé Antonio Altamirano Díaz, de Tila, han movilizado a sus feligreses con base en la palabra del Papa Francisco. El pasado viernes 1 llevaron a cabo su marcha más reciente en apoyo a la CNTE.

Pérez Pérez dice que sólo siguen los ordenamientos de Francisco, de construir una Iglesia que marche a la par de su pueblo y sea la voz de los reclamos de justicia ante los que gobiernan. “Ya quedaron atrás esos tiempos en que la Iglesia miraba a otro lado cuando su pueblo era sometido”, afirma.

Señala que los maestros y maestras de Chiapas no están solos en su lucha, pues tienen una fuerte base social. Y relata que por tercera vez la gente ha llegado a decirles al plantón: “No claudiquen, no claudiquen, estamos con ustedes, sigan con su lucha”.

Semana crítica

La anterior fue la semana más crítica para Chiapas. El 27 de junio los profesores iniciaron una serie de bloqueos de carreteras, puentes y pasos fronterizos que comunican a México con Centroamérica.

La tarde de ese lunes, el gobernador convocó a todos los líderes de cámaras, colegios, organizaciones sociales, ganaderas y campesinas a una reunión, donde escuchó sus reclamos.

La diputada local y empresaria hotelera María Eugenia Pérez Fernández pidió la pronta ejecución de una estrategia que alivie la crisis de los establecimientos del centro de la ciudad, pues si los bloqueos continúan, las empresas morirán y la parálisis económica se prolongará. “Estamos secuestrados”, dijo, pues sus negocios y cientos más quedaron en medio del campamentos de los inconformes.

El presidente del consejo directivo de la Coparmex en Chiapas, Enoc Gutiérrez Cruz, solicitó renovar el pacto social, dotar a las empresas de certeza jurídica, respetar los derechos de la ciudadanía y reactivar la economía en la entidad.

Mercedes Cerdio, dueña de hoteles y restaurantes en varios municipios de Chiapas, pidió que se garantice el libre tránsito para que no se siga afectando al turismo, sector generador de empleos.

Empresarios como José Brunet, José Pariente, José Luis Mandiola, Sergio Zuarth, Jaime Mantecón, Sismondi Esparza y otros pidieron al gobernador “la aplicación del estado de derecho en Chiapas”.

Sólo algunas voces, como las del investigador y académico José Adriano Anaya, y de la activista Adela Gómez, pidieron al gobernador que no reprimiera las protestas.

Velasco aprovechó la ocasión para declarar que el conflicto magisterial no es de su competencia y solicitó a los asistentes que pidieran a los diputados federales y senadores que abrieran las puertas a los maestros y atendieran su petición.

“El tema magisterial es un asunto que ni ustedes ni nosotros provocamos, pero lo estamos padeciendo”, dijo el gobernador de Chiapas. Reclamó a los legisladores federales que, después de tres años de haber aprobado la reforma educativa, no hayan salido a defenderla sino que “se han escondido debajo de las piedras”.

En cuanto a la exigencia de “aplicar el estado de derecho”, Velasco Coello afirmó que de ninguna manera usaría la fuerza pública, siempre y cuando las protestas fueran pacíficas y no hubiera vandalismo ni rapiña, como en Comitán y Palenque, pues eso no lo ha tolerado y los responsables ya están en prisión.

“La violencia traerá consecuencias peores. Si no somos prudentes, el desenlace en Chiapas sería mucho peor que en Oaxaca. Hay quienes apoyan la presencia de policías federales pero hay quienes no. O somos pacientes, prudentes y toleramos las manifestaciones o buscamos otra alternativa”, dijo.

Incluso señaló que su tolerancia le ha costado señalamientos: “El costo de la madriza me la he llevado yo. Estoy consciente de las críticas que me han lanzado. Mucha gente quiere que usemos la fuerza pública. Usarla no soluciona el problema; cuando se ha hecho, se han agravado los conflictos”.

No obstante, los alcaldes de Berriozábal, Reynaldo David Mancilla López, y de Chiapa de Corzo, Héctor Gómez Grajales, fueron acusados por los profesores inconformes de promover grupos de choque para exigirles que levanten los bloqueos.

A su vez, José Luis Sánchez Huerta, un excompetidor de lucha libre y ahora activista social, dice que en varias colonias de Chiapa de Corzo se desarticuló un intento de crear uno de esos grupos contra los docentes en paro.

Eric Bautista Gómez, perseguido y encarcelado en el sexenio del priista Juan Sabines, es uno de los líderes del Movimiento Campesino Regional Independiente en Chiapas, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional. Señala que el gobierno estatal ya se está moviendo, a través de los presidentes municipales, para desalojar a los maestros y quienes los apoyan.

Por ejemplo, informa Bautista Gómez, en San Cristóbal de Las Casas el riesgo más grave para los profesores disidentes es la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas, encabezado por Narciso Ruiz Sántiz, que podría ser utilizado por el alcalde Marco Cancino como grupo de choque.

“Como organización señalamos: esto ya creció y no nos van a dividir ni vamos a ceder. Vamos a pagar los costos que sean necesarios para ver caer las reformas que nos lastiman como sociedad”, concluye.