CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aceptó las observaciones y propuestas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dirigió el pasado 11 de julio, tras las investigaciones sobre el sobre el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa cuya rostro fue desollado en Iguala en septiembre de 2014. En un comunicado, el organismo gubernamental dedicado a la atención de todas las personas que han sido víctimas de un delito del orden federal o de una violación a sus derechos humanos, confirmó su compromiso “de continuar proveyendo, de manera diligente e integral, las medidas de atención y asistencia” a los familiares de Mondragón Fontes. Asimismo, confirmó que los familiares del estudiante han sido incorporados al Registro Nacional de Víctimas y el caso cumple con los supuestos que determina la Ley General de Víctimas, por lo que “éste podría ya ser sujeto de análisis (si las y los interesados así lo solicitaran) para iniciar su proceso de reparación integral del daño, en el que podrían articularse de manera armónica las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición”. El comisionado presidente de la CEAV, Jaime Rochín, afirmó que las observaciones y propuestas que la CNDH ha formulado “son muy importantes, pues confirman y fortalecen el marco jurídico para que el Estado siga brindándole a la familia de Julio César Mondragón los medios para que se llegue a la verdad, obtengan justicia y se realice su reparación”. Tras concluir sus investigaciones sobre el caso Iguala, el pasado lunes 11 la CNDH formuló ocho observaciones y propuestas, cuatro de ellas a la Procuraduría General de la República (PGR), tres a la CEAV y una a la Fiscalía General del estado de Guerrero. A la PGR se le conminó a investigar a 11 integrantes de Guerreros Unidos “como partícipes en la tortura y homicidio de Julio César Mondragón Fontes”, ejercer acción penal, de ser el caso, y “consignar en razón de su complicidad por el delito de tortura a quienes están siendo procesados por el homicidio” del estudiante, es decir a los 28 agentes de la policía de Iguala y el expresidente municipal, e interrogar al respecto al detenido Benítez Palacios y consignarlo si tiene responsabilidad en el caso. También se sugirió a la dependencia ampliar las declaraciones de los funcionarios que recibieron las llamadas de alerta sobre el hallazgo del cuerpo de Mondragón Fontes; recuperar el material videográfico del celular de la víctima, quien habría grabado las agresiones a los normalistas, para integrarlo a la averiguación previa, así como atraer las tres causas penales que se desarrollan en tribunales estatales, e integrar el dictamen de la CNDH. A la Fiscalía de Guerrero se le recomendó recuperar las prendas que vestía Julio César cuando fue encontrado, ya que “no existe constancia de que hubiera sido asegurada y preservada”, y a la CEAV se le pidió garantizar que en el proceso de reparación del daño realice un estudio de impacto psicosocial a la familia de la víctima, y garantice la atención a todos sus familiares.