CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación “por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”, luego de conocer la denuncia contra el académico y periodista Sergio Aguayo, por publicar una columna sobre la detención en España del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira. “La opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte del ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Los asuntos de interés público deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales y, por lo tanto, funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos”, destacó AI en un comunicado. Señaló que la demanda de Moreira contra el académico de El Colegio de México exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, apuntó, el exgobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece por este tipo de demandas (mil 400 dólares, aproximadamente). De acuerdo con la organización, toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo que en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular –apuntó– Amnistía Internacional “está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”. Consideró, asimismo, que la suma exigida como reparación en la demanda “es excesiva” y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a asegurarse de que el sistema de justicia civil “no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos”. Remató: “Las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público”.