CLEVELAND (apro).- La crisis racial y el ambiente de violencia que privan en Estados Unidos debe ser el punto sin retorno que obligue al Congreso federal del país a modificar las leyes del sistema judicial criminal y sobre la venta de armas, como canal para encauzar una reconciliación racial y étnica. La nueva matanza de tres policías en Baton Rogue, Louisiana, expone las grietas raciales que con más frecuencia desatan crímenes de odio. Lo ocurrido este domingo 17 en Baton Rouge no es un caso aislado. La matanza de los tres policías no se puede desligar de la ejecución del afroamericano Alton Sterling a manos de los oficiales del Departamento de Policía de Baton Rouge, 12 días antes. La conducta racista de muchísimos policías estadunidenses, sobre todo hacia los americanos, requiere de acciones urgentes del gobierno federal. Ya no basta con discursos que lamenten los hechos. Philando Castile, otro afroamericano asesinado a sangre fría por un policía en Minnesota, también desató la masacre de cinco policías en Dallas, Texas, en días pasados. Ya es tiempo de que el Congreso en Washington actúe a favor de los intereses de su sociedad y no de las empresas de las armas. Las leyes actuales, que facilitan la venta indiscriminada de armamento y municiones, también facilitan el accionar criminal de quienes están cansados del racismo y la impunidad de los policías que matan injustificadamente a los afroamericanos. Las leyes sobre la venta de armas son ya en sí mismas una provocación. El Capitolio no puede cerrar más los ojos a la realidad. Si no hace algo ahora, en Estados Unidos se puede desatar una guerra racial con consecuencias altamente lamentables. Civiles matando policías, blancos matando negros, hispanos matando policías, y todos estos posibles escenarios a la inversa. La conducta de abuso de poder y racista de los policías debe cambiar. No es posible que el sistema judicial criminal castigue con más severidad a los miembros de las minorías étnicas, que a los blancos o anglosajones por cometer los mismos delitos. No es casualidad que la mayoría de los presos en las cárceles municipales, estatales y federales sean afroamericanos, y que los hispanos ocupen el segundo lugar, superando a los blancos. El sistema judicial criminal de Estados Unidos es racista. La reconciliación a la que convoca el presidente Barack Obama tiene que empezar con el cambio a las leyes. La Convención Nacional del Partido Republicano es otro ejemplo de que las leyes sobre la venta de armas son una bomba de tiempo. Y es que muchos de los delegados del Partido Republicano que están aquí en Cleveland para ungir a Donald Trump como su candidato presidencial, llegaron armados. Las leyes en Cleveland y en el estado de Ohio permiten la aportación de armas en los lugares públicos. Los delegados republicanos irán armados a confrontar a los manifestantes que están en Cleveland para expresar su rechazo a Trump. El aspirante presidencial republicano calentó más los ánimos de la división racial por sus ataques a los mexicanos y sus propuestas antimigratorias. Y los delegados republicanos estarían en la posibilidad y con la disposición de defender a balazos a su candidato, en caso de ser necesario. La Convención Republicana se celebra sobre un barril de pólvora. Una vez concluida la nominación de Trump como candidato presidencial, y dentro de unos días la de Hillary Rodham Clinton como la abanderada presidencial de los demócratas, el Congreso en Washington debe legislar para detener los crímenes de odio. Ya no es posible defender los intereses de la Asociación Nacional del Rifle y de la industria de las armas. No es factible que ante la realidad de una nación confrontada por el color de la piel de unos pocos y el de los muchos, se imponga el poder de las armas y un sistema judicial prejuicioso. Sin estos elementos será imposible pensar que casos como los de Dallas y Baton Rouge no se repitan con mayor frecuencia. No hay mejor ejemplo para ilustrar al racismo que permea en los Estados Unidos que un evento político como la Convención Republicana, en donde sus correligionarios van armados a ungir a su candidato presidencial, en medio de protestas de gente que se siente excluida y abusada por quienes hacen y ejercen las leyes.