CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno del Estado de México sancionó a 30 funcionarios involucrados en la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, perpetrada por militares el 30 de junio de 2014. “En los 30 casos hay algún tipo de sanción, siete u ocho destituciones y 22 personas que van a ser suspendidas por algún tiempo, algunos por un mes, algunos por más tiempo, es por el asunto de Tlatlaya, (son) funcionarios de la Procuraduría (General de Justicia) que fueron en algún momento acusados de algo y ya el Igispem (Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México) manifestó las primeras 30 sanciones”, precisó el secretario general del gobierno estatal, José Manzur. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, diez funcionarios –entre ministerios públicos, peritos y agentes ministeriales– fueron destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos durante cinco años, en dos casos; un año, en seis casos, y tres años, en dos casos, por violaciones al artículo 42 de la ley de responsabilidades de servidores públicos. Otros 19 elementos fueron suspendidos un mes, y uno más solo 15 días. Aún falta resolver el procedimiento administrativo contra otros 22 servidores, aunque ya fueron suspendidos en tanto se resuelve de fondo un juicio de amparo. El pasado 29 de junio, a dos años de la masacre en Tlatlaya, 16 organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que reencauzara las investigaciones después de que el tribunal federal devolvió la indagatoria a esa dependencia. Atendiendo a la declaración que hizo la procuradora Arely Gómez, quien dijo que el caso no estaba cerrado –luego de que el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de tres elementos del Ejército porque no encontró elementos para juzgarlos–, organizaciones de derechos humanos urgieron a la PGR a actuar con eficacia. En un comunicado pidieron que “esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo con los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos respondan ante la justicia”. Las organizaciones firmantes denunciaron que “la falta de efectividad de la PGR y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas llevó a la consolidación de la impunidad”. Asimismo, lamentaron que hasta ahora “ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado, y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles”. Recordaron que pese a los elementos establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación de 51/2014, que determinó que en los hechos fueron ejecutados de manera arbitraria de 12 a 15 personas, la sentencia del juez Adalid Ambriz de decretar la libertad de los tres elementos militares “es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal”. Prueba de la ineficiencia de la PGR es que “a un año de revelarse la existencia de la Orden General Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’, ésta sigue sin ser investigada”, apuntaron. Las organizaciones también reprobaron los intentos de criminalización contra “Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la víctima menor de edad, Erika”, sin cuyo testimonio de los hechos “la verdad nunca habría salido a la luz”. En aquella ocasión firmaron el comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Artículo 19; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Freedom House; Fundar, Centro de Análisis y Comunicación; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y Servicios y Asesoría para la Paz. También el Centro de Derechos Humanos de la Mujeres, Centro Nacional de Comunicación Social, Instituto para la Seguridad y Democracia, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.