COLIMA, Col. (apro).- Frente a las críticas de diversos sectores de la población por el incremento de más de 100% al monto de la partida secreta “previsión social múltiple” que reciben los diputados locales para otorgar “apoyos sociales” a la ciudadanía, la mayoría de los legisladores se pronunciaron por dar marcha atrás y eliminarla del conjunto de sus percepciones económicas. La semana pasada se generó un escándalo después de que trascendió que los representantes populares habían decidido aumentar de 33 mil a 68 mil pesos mensuales esa partida que manejan de manera discrecional y de la que no están obligados a comprobar su destino. Con ese monto, los recursos económicos que perciben los diputados mensualmente ascienden a poco más de 200 mil pesos, incluidos la dieta, fondo de ahorro, ganancias extra por presidir una comisión y por pertenecer a un grupo parlamentario, así como apoyos para combustible y pago del servicio telefónico, con una deducción de casi 20 mil pesos. Conforme a la información reportada anteriormente en la página web del Congreso local, los integrantes de la pasada legislatura tenían ingresos por 113 mil pesos al mes, lo que representaría un aumento de 77% para los actuales diputados, pero la Comisión de Gobierno Interno sólo reconoció el incremento a la partida secreta y aseguró que los actuales sueldos y prestaciones son las mismas, con la diferencia de que ahora “se transparentaron” todos los conceptos. El pasado sábado 16, la fracción independiente encabezada por el diputado Nicolás Contreras Cortés presentó una iniciativa en la que plantea prohibir la existencia de partidas discrecionales, con el argumento de que “no existe fundamento ni en la Constitución federal, ni en la local o en la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establezca como parte de las funciones de los diputados el manejo de recursos destinados a la previsión o desarrollo social de los colimenses, ya que dicha labor corresponde a otras instancias gubernamentales”. Abundó: “Colima es un estado pequeño, donde todos nos conocemos muy bien, y en el caso de los diputados, los colimenses saben quiénes son los que en verdad ejercen este recurso para ayudar a los ciudadanos, pero también se dan cuenta de quienes, escudados en la no comprobación ni fiscalización de estos recursos, los destinan a engrosar su bolsillo”. En un pronunciamiento dado a conocer este lunes, el grupo parlamentario del PAN fue más allá al plantear que ante “la inquietud social generada”, en los próximos días presentará iniciativas para prohibir expresamente que el jefe del Ejecutivo, munícipes y diputados ejerzan partidas especiales usadas de manera discrecional en apoyo a peticiones sociales que reciben, toda vez que “esto se debe de atender con los programas que para ello se implementen y por las instancias correspondientes que sean auditadas y transparenten la entrega de dichos recursos”. También mostró su disposición para que el tema de prestaciones y salarios sea revisado por la Comisión de Gobierno Interno y en el pleno del Poder Legislativo, con el fin de que a la brevedad se haga una revisión profunda al tabulador de sueldos y prestaciones de los diputados que conforman la 58 Legislatura. Los panistas recordaron que la existencia de la partida “previsión social múltiple” no es nueva, pues tiene más de 15 años y “obedece a que gran cantidad de colimenses no encuentran eco en las instancias que deberían de prestar asistencia social y por ello históricamente han recurrido al legislador como su última opción de ayuda, luego que han recorrido varias dependencias sin éxito. Es por ello que aprovechamos también para hacer un llamado a todos los órdenes de gobierno para que hagan eficientes sus programas sociales y de apoyo a la ciudadanía”. La tarde del domingo, la fracción parlamentaria del PRI había propuesto suspender de manera inmediata la entrega de los recursos económicos que cada diputado recibe por concepto de “previsión social múltiple”, pero esto “hasta que no se determine un mecanismo de fiscalización que transparente y garantice a la ciudadanía el destino de los recursos que en ella se manejan”, apuntó. Los priistas reconocieron que este concepto económico “ha causado controversia e inconformidad en la población, porque se tiene la percepción de que forma parte del sueldo de los diputados, cuando en realidad esta partida es utilizada para dar respuesta a las diversas solicitudes de gestoría, como complemento de apoyos gubernamentales y apoyo social de ciudadanos, instituciones y agrupaciones de la sociedad civil”. Plantearon, asimismo, que se realice un análisis al interior del Congreso para definir si se suprime la partida o si se regresa al monto que anteriormente tenía, de 33 mil pesos. “Nuestro papel fundamental es legislar y fiscalizar, pero tampoco debemos pasar por alto la conceptualización de la figura del diputado que la sociedad tiene; el ciudadano en la mayoría de los casos, sin distinguir a que poder pertenecemos, nos ve simple y sencillamente como el servidor público más próximo a él”, puntualizaron.