CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de personas desaparecidas de la región norte de Coahuila informaron que presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno de la entidad por delitos de lesa humanidad. Arianna García Bosques, representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, destacó la posible omisión de las autoridades estatales en la masacre de Allende y en el Cereso de Piedras Negras, donde más de 300 personas fueron ejecutadas en 2011. “Hemos trabajado (la denuncia) desde hace un año con organismos internacionales de derechos humanos que nos asesoran en materia legal internacional, y yo creo que en un par de meses estaríamos presentándola en la Corte Penal internacional”, dijo. García Bosques señaló que el juicio que se sigue en Texas, Estados Unidos, en contra de Marciano Millán Vázquez, exintegrante de la delincuencia organizada, ha dejado al descubierto diversas omisiones e irregularidades que permitieron las masacres, por lo que esperarán a que se dicte sentencia contra el imputado para obtener información que engrose la denuncia. El pasado miércoles 13, el empresario Armando Guadiana Tijerina también demandó al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad. En el documento entregado ante el fiscal de la Corte, Guadiana expone “la falta de acciones por parte del gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila”. Asimismo, señala “las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos a plena luz del día; esto aunado a que parte de las víctimas, según lo han reconocido las autoridades, fueron ingresadas ilegalmente al penal de Piedras Negras, donde fueron torturados y asesinados”. Explica también que “en la masacre de Allende perdieron la vida mujeres, ancianos y jóvenes, y no se ha dicho cuántos niños murieron en este hecho tan lamentable, que marcó la vida de los coahuilenses. No se puede dejar pasar por alto que las autoridades se quieran lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado quien actuó solo en perjuicio de las víctimas”. Añade: “Es relevante destacar que en el penal de Piedras Negras, donde coahuilenses fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados y asesinados, es de control y operación estatal; es imposible pensar que un civil sin autorización judicial fuera ingresado a dicho centro penitenciario”.