MONTERREY, NL (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) emitió una serie de medidas cautelares urgentes para que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón proteja a los maestros en las manifestaciones que efectúan en la localidad. La recomendación surge luego de que el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, anunció el pasado jueves 14 que denunciaría penalmente por obstrucción de la vía pública a siete personas que participaron en la manifestación de profesores efectuada un día antes y en la que, dijo, hubo infiltrados ajenos al magisterio. En medios locales fueron mencionados los nombres de algunas personas que presuntamente eran investigadas por alterar el orden y por no ser parte del legítimo movimiento que demanda la abrogación de la reforma educativa en la entidad. Ayer, la dependencia estatal emitió la recomendación para que sean protegidos los derechos de los mentores y no se les acote su libertad de expresión. “La CEDH Nuevo León a través de la Primera Visitaduría, acordó el establecimiento de las medidas cautelares con carácter urgente, en protección de los derechos humanos de las personas referidas y en general de quienes participan en las marchas”. Agregó que las medidas cautelares establecen entre otros puntos lo siguiente: Adoptar las medidas necesarias y oportunas a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Que las personas manifestantes no sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, ni de ataques ilegales a su honra y reputación, evitando referencias calificativas cuya alusión comprometa el pleno ejercicio de sus derechos”. La CEDH también pide que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón haga prevalecer el principio de presunción de inocencia y el derecho a la protección de los datos personales. El pasado lunes, un grupo de ciudadanos encabezados por la activista Liliana Flores presentó una denuncia dirigida a la presidenta de la CEDH, Sofía Velasco Becerra, por violación de los derechos humanos cometida por González Flores en contra de los profesores nuevoleoneses. En su exposición acusaron al secretario general de Gobierno de violentar los derechos humanos de los manifestantes, al criminalizar las protestas y pidieron a la Comisión que lo exhortaran a abstenerse de acallar las voces disidentes, pues coartaba el derecho constitucional a la libre expresión y, con ello, afectaba la democracia.