CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Greenpeace México alertó este día que cerca de 12.7% del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, donde predomina el capital de origen canadiense con 68% de inversión. En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora este viernes 22, organizaciones, colectivos de abogados y Greenpeace presentaron el manual “Defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México”, una herramienta para hacer frente a los abusos de la puesta en marcha de esos proyectos en todo el país. Greenpeace advirtió que “a fines de 2014 se registraron un total de 25 mil 267 concesiones mineras que, según datos del Servicio Geológico Mexicano, amparaban una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas, representando alrededor de 12.7% del territorio nacional”. Esa situación, destacó Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes de Greenpeace, ha ocasionado más de 300 conflictos mineros en el país, según la Red de Afectados por la Minería (Rema). Además, resaltó la activista, en un año la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, “cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo”. La concesión del territorio nacional a proyectos mineros que se traslapan con territorios comunales y ejidales, prosiguió, atenta con las formas de organización y derechos sociales de las comunidades indígenas y campesinas. Lo anterior suscita una problemática compleja, la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera: contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas. Por ello, subrayó Greenpeace en un comunicado, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial depredadora. “Se ha publicitado y conocido muchas veces en el país la enorme cantidad de concesiones para la explotación minera otorgadas por muchos años, lo que contrasta con otros países de América Latina. También sabemos que todo está relacionado con este modelo de ‘desarrollo’ neoliberal y extractivo”, denunció Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó este año la existencia de 177 ANP en el país, que abarcan un total de 25 millones 628 mil 239 hectáreas, que representan 12.1% del territorio nacional. Es por ello que el manual Desca aborda las relaciones y tensiones que provoca la minería, y plantea que es a partir de la sobreexplotación, deterioro y afectación de los recursos naturales que el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos colectivos. Sin embargo, el manual propone la utilización de herramientas jurídicas y no jurídicas para las comunidades, a fin de fortalecer sus luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al auge minero depredador en México.