CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un promedio de 525 policías estatales, en lugar de cumplir sus funciones de investigar y prevenir los delitos, están asignados como escoltas de familiares de presuntos delincuentes, así como empresarios, funcionarios y exgobernadores en la entidad. El tema ha exhibido no sólo el desvío de funciones de los policías, sino el uso discrecional de los recursos y bienes públicos de los gobernantes para beneficiar a familiares, amigos y personajes vinculados con el crimen organizado. Ello a pesar de que existe un déficit de personal para esclarecer los homicidios y garantizar la seguridad de la sociedad en Guerrero, donde la Policía Federal (PF) ha tenido que asumir las funciones de seguridad pública ante el vacío de autoridad que prevalece en las regiones y la infiltración del narco en las corporaciones policiacas. En julio de 2010, el empresario acapulqueño señalado como presunto lavador de activos del cártel de los Beltrán Leyva, Alonso Piedra, fue secuestrado y, durante la acción, los agresores asesinaron a tiros a su escolta, quien fue identificado como el agente de la Policía Ministerial (PM) Jesús Gil Navarrete, indican reportes oficiales. En diciembre de 2011, Apro dio a conocer que un policía de la misma corporación identificado como Jesús Eduardo Roldán Monroy La Sombra, y seis agentes ministeriales más, todos adscritos a la comandancia del sector Costa Azul en Acapulco, se desempeñaban como escoltas del empresario Tony Rullán, propietario de la discoteca Palladium. En ese entonces, Roldán Monroy fue detenido por policías federales y acusado por presuntos nexos con el narco; posteriormente fue liberado y días después fue encontrado ejecutado en el mismo destino turístico controlado por la delincuencia. Consultado al respecto, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes dio a conocer que 335 agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE) están comisionados. De ellos, 180 uniformados resguardan a 58 particulares que tienen medidas cautelares emitidas por autoridades y por recomendación de organismos defensores de derechos humanos. Mientras que otros 155 elementos de la misma corporación están habilitados como escoltas de funcionarios de la administración estatal y exgobernadores como Rogelio Ortega, Ángel Aguirre Rivero, Zeferino Torreblanca y el actual senador priista René Juárez Cisneros, entre otros. Almazán Cervantes justificó el desvío de funciones de los policías estatales argumentando que las condiciones de violencia que persisten en la entidad provocan que “cada vez se requieran más escoltas” para proteger la integridad de funcionarios, exmandatarios, empresarios y particulares. No obstante, dijo que están implementando un esquema para tratar de reducir el otorgamiento de seguridad personal y recuperar al personal que actualmente realiza esas funciones. Fuentes oficiales informaron que entre los personajes resguardados por la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores se encuentra Luis Castillo, padre de Onésimo Castillo El Bombón, un presunto delincuente actualmente preso y acusado por el fiscal Xavier Olea como el responsable de la ola de violencia en la capital de la entidad. Por su parte, Olea dio a conocer que de los 890 agentes que conforman la Policía Ministerial (PM), sólo 400 uniformados realizan labores de investigación de los delitos, pues 300 están discapacitados y el resto, es decir 190, están comisionados como escoltas. Apenas ayer el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reprochó el hecho de que el gobierno federal tiene que destinar policías federales para realizar funciones de seguridad ante las deficiencias de autoridades locales de esta entidad, donde el proceso de certificación policial simplemente no avanza. Sobre este tema, el secretario de Seguridad Pública en la entidad dijo que no tiene una cuantificación sobre el proceso de certificación policial en los 81 municipios, pero dijo que uno de los factores que provoca el retraso de las metas es la falta de recursos para liquidar a los uniformados que reprueban los exámenes de control y confianza.