XALAPA, Ver. (apro).- Seis meses después de que Francisco Navarrete Serna fue señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable de los secuestros, ejecuciones y extorsiones en la región, su familia aseguró que el gobierno de Javier Duarte lo está utilizando como un “chivo expiatorio”. En una carta enviada a la redacción de la revista Proceso, Esther Navarrete expone que su hermano Francisco, detenido por elementos de la Gendarmería Nacional, Policía Federal y Fiscalía General del estado, fue parte de un burdo montaje para culparlo de un asesinato múltiple que no cometió: el de cinco jóvenes de Playa Vicente que fueron “levantados” en Tierra Blanca y posteriormente asesinados por el CJNG. “Queremos detener esta difamación (sic) y agravio por la que mi hermano y toda la familia Navarrete Serna estamos atravesando desde el primer momento en el que fue presentado como un criminal y jefe de plaza de Tierra Blanca, Veracruz. Hemos vivido los seis meses más difíciles de nuestras vidas, hemos perdido amistades y la confianza en nuestros allegados porque a los medios se les hace fácil creer las mentiras fabricadas por el mismo gobierno con la única finalidad de no cargar con una responsabilidad social y lograr presentar culpables, chivos expiatorios, gente inocente que termine pagando algo que no cometió?”, apunta. Hace seis meses, tras la detención de Navarrete, los gobiernos federal y estatal difundieron un comunicado para dar a conocer el hecho. Destacaron que las fuerzas policiacas “identificaron dos camionetas estacionadas con tres civiles armados, los cuales intentaron huir amagando con las armas a los uniformados, quienes de inmediato fueron sometidos. Entre los detenidos se identificó a Francisco Navarrete Serna, de 54 años, junto con su hijo y otro sujeto, quien manifestó ser uno de los sicarios al servicio del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. “Los tres iban armados y se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15, además de diversos equipos de telefonía, los cuales están proporcionando valiosa información sobre la red de complicidades en Tierra Blanca”. En respuesta, la hermana del acusado califica a Duarte de “cínico, inhumano, enfermo de poder y repudiado por los veracruzanos” (sic)”. En la carta enviada a Proceso sostiene: “Mi hermano no es integrante de ningún cartel, tal como se afirma en su nota del día de hoy (sobre el asesinato del reportero de La Voz de Tierra Blanca y colaborador de El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político, Pedro Tamayo), mi hermano no está? relacionado con hechos delictivos asociados a la desaparición y asesinato de los cinco jo?venes en Tierra Blanca”. Francisco Navarrete, concluye, fue criminalizado sin fundamentos como “jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación”. El pasado 11 de enero causó conmoción el ‘levantón’ de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, a manos de policías estatales en el municipio de Tierra Blanca. Seis meses después solo se han encontrado indicios de que dos de las víctimas, Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz, fueron asesinados por una célula del CJNG. Los restos óseos de ambos jóvenes fueron hallados en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, por efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía Ministerial. Del paradero de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27, y Susana Tapia, de 16, no hay rastros. Este escándalo exhibió la forma en que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sirven al narcotráfico y no a los ciudadanos, manifestó en un comunicado la organización civil Causa en Común, que acusó a los cuerpos policiacos de ser los “responsables morales” de la desaparición de los jóvenes. La resistencia civil de la familia Benítez y los padres de los otros jóvenes de Tierra Blanca, quienes durante 60 días pernoctaron en la Fiscalía General del estado, dio pie a la detención del delegado de la SSP, Marcos Conde, así como la de siete de sus policías. También fue capturado Francisco Navarrete, a quien los gobiernos estatal y federal fincaron el adjetivo de “jefe de plaza” del CJNG, pero la familia asegura que eso es falso.