MONTREAL (apro).- El pasado 22 de junio, Christian Lépine, arzobispo de Montreal, anunció un plan piloto que impedirá a sacerdotes, empleados y voluntarios en los templos estar a solas con menores de edad. “Es nuestro deber asegurar el bienestar y la seguridad de todas las personas a quienes ofrecemos nuestra misión pastoral. También es nuestra obligación velar por un ambiente sano, seguro y exento de dudas para nuestros trabajadores eclesiásticos, ya sean sacerdotes o laicos, remunerados o voluntarios”, afirmó Lépine en un comunicado. Canadá forma parte de una nutrida lista de países donde la Iglesia ha tenido que hacer frente a acusaciones de abuso sexual, principalmente contra menores. El arzobispo de Montreal señaló que este plan se suma a la voluntad reiterada por el Papa Francisco de enfrentar el problema. “Cordón de seguridad" Lépine subrayó que es necesario pensar en distintas estrategias para proteger a los menores. Por su parte, François Sarrazin, canciller de la diócesis de Montreal, afirmó a la agencia The Canadian Press que el objetivo es poner en marcha un cordón de seguridad para toda persona asociada a la Iglesia católica en esta ciudad. “Imagine que usted está solo en una sala y que un niño lo acusa de haberlo golpeado. ¿Cómo reaccionaría usted? Que sea cierto o no, deben existir testigos”, manifestó. La iniciativa forma parte de un programa conocido como “Pastoral responsable”, que incluirá medidas administrativas, sesiones de formación y la apertura de una oficina especial que llevará el nombre de “servicio para un ministerio pastoral responsable”. El plan piloto para evitar la interacción a solas entre menores y personal eclesiástico será puesto en marcha en septiembre próximo en diez templos de la ciudad. En un primer momento, los responsables de los recintos religiosos presentarán sus candidaturas de manera voluntaria. En caso de no alcanzar el número fijado, un comité seleccionará al resto de los templos participantes. Cabe destacar que existen pocos precedentes de medidas de este tipo en la esfera religiosa. Desde 2004, la Iglesia Anglicana de Australia ha puesto en marcha un proyecto parecido. A su vez, en 2015 la diócesis canadiense de Bathurst (New Brunswick) sugirió en un documento a sus trabajadores eclesiásticos evitar estar a solas con menores en espacios cerrados, a menos de estar acompañados de otros adultos. Luz María Orozco tiene ocho años viviendo en Montreal. Colombiana de nacimiento, va a misa cada domingo en el templo de Saint-Grégoire-Le-Grand en compañía de sus hijos adolescentes. Consultada sobre el plan piloto, señala a Apro: “El personal religioso de esta iglesia es de toda mi confianza, pero si la medida es impulsada por el arzobispo, estoy segura que es para que todos nos sintamos más seguros”. El plan piloto anunciado por el arzobispo de Montreal ha merecido, sin embargo, otras reacciones. “Está bien si la gente se siente más segura. Aunque esto impondrá una barrera a personas que tenemos muchos años realizando actividades con jóvenes en un marco de mucho respeto”, afirma a Apro un sacerdote que oficia en el norte de la ciudad y que prefiere no ser identificado. En opinión de Deborah Trent, directora del Centro para Víctimas de Agresión Sexual de Montreal, el plan piloto es “mejor que nada”. También expresa su preocupación porque otorga un gran peso a blindar al personal religioso de falsas acusaciones, en vez de subrayar como asunto prioritario la protección de los menores. Por su parte, Carlo Tarini, portavoz del Comité de Víctimas de Sacerdotes, un organismo quebequense que brinda apoyo psicológico y consejo legal gratuito desde 2010, menciona en entrevista que el plan piloto es muy tenue y llega demasiado tarde. “Debió haberse puesto en marcha por lo menos hace 25 años. Resulta insuficiente. Es como dar una aspirina a un enfermo de cáncer”, señala. “La Iglesia debería estar más al servicio de las víctimas y no de los victimarios. Tiene que terminar con la cultura del encubrimiento y ser transparente en estos asuntos tan dolorosos. Nunca ha actuado de acuerdo a la gravedad del problema”, añade. Largo historial La Iglesia católica en Canadá ha estado vinculada desde hace décadas con numerosos casos de abuso sexual, principalmente contra menores. Entre 1876 y 1996 funcionaron a lo largo de todo el territorio canadiense 139 internados para que los niños de las comunidades indígenas pasaran a tutela del Estado. Cerca del 75% de estos centros fue administrado por congregaciones católicas. Un informe elaborado por una comisión especial sobre estas instituciones, y hecho público en junio de 2015, concluyó que miles de infantes sufrieron violencia psicológica, castigos físicos y abusos sexuales. Abundan entre los testimonios señalamientos a sacerdotes. Pese a décadas de silencio, cerca de 13 mil antiguos estudiantes de los internados presentaron demandas judiciales a partir de los años noventa. El gobierno federal decidió, por ende, entregar en 2006 indemnizaciones por mil 900 millones de dólares. En 2008 las autoridades católicas desembolsaron 79 millones de dólares. A cambio, los indemnizados debieron firmar un documento que anulaba los procesos contra los victimarios. La comisión encargada del informe también señaló que las autoridades religiosas no prestaron el apoyo deseado para el trabajo de los expertos. En 2006, el sacerdote Bernard Prince fue condenado a una pena de cuatro años de prisión por haber agredido sexualmente a 13 niños. Sin embargo, en abril de 2010 el diario Globe and Mail de Toronto publicó una carta donde se mostraba que tanto el Vaticano como las autoridades católicas de Canadá conocían los abusos por parte de Prince desde 1993 y optaron por el disimulo. En mayo pasado, el diario Ottawa Citizen difundió que en la arquidiócesis de la capital canadiense han existido desde 1950 al menos 41 procesos judiciales o arreglos económicos en casos de abuso sexual a menores. El número de estos incidentes había sido guardado sigilosamente por las autoridades religiosas. Además, la investigación del periódico mostró que algunos sacerdotes acusados de estos ilícitos fueron transferidos a otras ciudades canadienses. La provincia francófona de Quebec, de fuerte tradición católica y con la mayor población de practicantes de este culto en todo el país, ha sido sede de un preocupante número de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes. Entre 1960 y 1987, el seminario Saint-Alphonse, ubicado en la población de Saint-Anne-de-Beaupré, fue el escenario de múltiples agresiones sexuales en contra de adolescentes por nueve curas de la Congregación del santísimo redentor. En agosto de 2014, dicha congregación fue obligada a pagar 20 millones de dólares en indemnizaciones a cerca de 100 víctimas. Los gastos de la defensa rondaron los 2 millones de dólares en los cinco años que duró el proceso. En febrero pasado una compensación económica puso fin al recurso presentado por antiguos alumnos de una escuela en Montreal para niños con deficiencias auditivas. 150 personas señalaron haber sido abusadas sexualmente entre 1940 y 1982 por miembros de los Clérigos de Saint-Viateur, la orden religiosa que dirigía este centro. El monto desembolsado fue de 30 millones de dólares. El sacerdote Paul-André Harvey fue condenado a seis años de prisión en 2015 por haber agredido sexualmente a 39 niñas entre 1963 y 1987. Paul-Henri Lachance, de la parroquia Sacré-Coeur de la ciudad de Quebec, fue enviado 18 meses a una penitenciaría en 2009 por haber abusado de una menor durante tres años. Gilles Noreau, sacerdote y profesor en el seminario de Quebec, pasó un año tras las rejas en 2004 tras un juicio en el que siete de sus antiguos alumnos lo acusaron de agresiones sexuales. La prensa canadiense ha informado de otros hechos donde constantemente destacan las cifras millonarias y la tenue colaboración de las autoridades religiosas con la policía. Dinero y encubrimiento Carlo Tarini, portavoz del Comité de víctimas de sacerdotes, comenta que tanto la información difundida en medios de comunicación como los casos que él ha visto directamente en su organismo muestran que ocultar ha sido un verbo muy conjugado por parte de la Iglesia en Canadá. “Es desastroso lo que han hecho los sacerdotes abusadores, pero también lo es el silencio de muchas autoridades religiosas”, señala. Para Tarini es inaceptable que los victimarios no sean denunciados por la propia Iglesia y que muchos de ellos continúen formando parte de la institución, incluso luego de haber reconocido graves delitos con menores. A este respecto, Christian Lépine, arzobispo de Montreal, declaró al Journal de Montréal que como un elemento más para enfrentar el problema está evaluando publicar a finales de este año una lista elaborada por expertos independientes con los nombres de sacerdotes que hayan estado implicados en casos de pederastia. Se trata de una medida que ya se lleva a cabo en distintas ciudades de Estados Unidos. Tarini también comenta que la Iglesia se ha enfocado mucho en indemnizar a las víctimas y en prestar apoyo a sacerdotes que han reconocido ante sus superiores haber cometido abusos. “Las congregaciones han contratado a grandes firmas de abogados con el dinero de los fieles”, expresa. Una investigación de Radio-Canadá difundida en noviembre de 2015 mostró que muchas de las indemnizaciones han sido cubiertas con los recursos de cada congregación. Sin embargo, otras más provienen de compañías aseguradoras, ya que si bien las pólizas no contemplan gastos por acciones criminales, sí pueden ser efectivas para pagar por negligencias cometidas por superiores, por ejemplo en caso de que un sacerdote ya condenado reincida al reasignarlo en las mismas funciones. La investigación cita incluso un caso en donde se indemnizó a una víctima con un monto proveniente en parte de recursos públicos, al utilizarse subvenciones gubernamentales recibidas por un colegio religioso. El arzobispo de Montreal expresó que si el plan piloto da buenos resultados, podría extenderse al resto de los templos de la provincia de Quebec. “La Iglesia debe asumir su responsabilidad por todo lo que ha pasado y atacar el problema desde dentro. El plan debe ser tan sólo una parte de la solución”, agrega Deborah Trent, directora del Centro para víctimas de agresión sexual de Montreal.