Enriquece a tus amigos con holgura, Hierón, porque así te enriquecerás tú mismo. Jenofonte, Sobre la tiranía. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Principio elemental de los políticos que convierten el servicio público en fuente inagotable de lucro personal es saber robar sin que se note. Ello supone una serie de artilugios para ocultar la conducta delictiva, tratando de mantenerla en absoluto secreto a fin de facilitar la impunidad. Sólo los cómplices y beneficiarios del chanchullo están autorizados para conocer la forma de evadir la ley y así obtener ganancias multimillonarias a través de contratos con proveedores selectos, haciendo aparecer como licitación una asignación directa, previo acuerdo sobre cómo, cuándo y dónde se repartirán las utilidades producto del enjuague. Si bien es posible mantener la confidencialidad de los procesos contables y jurídicos de dichas transacciones, lo difícil es ocultar los fondos y bienes derivados de ellas, ante el fisco como la opinión pública, a menos que se transfieran a paraísos fiscales que hasta antes de los Panama Papers era la forma idónea de encubrir los delitos de evasión de impuestos, concusión (enriquecimiento ilícito), tráfico de influencias, abuso de autoridad, soborno, peculado o lavado de dinero. En México la corrupción se encubre, pero la riqueza producto de ella se ostenta. Nuestros acaudalados políticos gustan de pavonearse, inspirados en el imperativo categórico hankiano (que no kantiano): “Un político pobre es un pobre político”. De ese primer mandamiento del código de ética de Atlacomulco se deduce que la honradez y la honestidad son propias de tontos o pusilánimes. La virtud se encuentra en el arrojo y cinismo del corrupto. Por tanto, no hay que ser ni parecer un “pobre político”. De ahí la proclividad de nuestros gobernantes, legisladores, líderes partidarios y sindicales a presumir los lujos que les ha dispensado su infatigable entrega para asegurar su propio bienestar y el de sus allegados, no el de los gobernados. En ese contexto, la “Casa Blanca” tiene un profundo significado simbólico, a pesar de que el monto financiero de la operación (7 millones de dólares) es insignificante frente a las presuntas ganancias derivadas de los jugosos contratos realizados con el Grupo Higa durante los gobiernos estatal y federal del presidente en turno, que ascienden a 2.8 mil millones de dólares a través de más de 80 contratos gubernamentales con el consorcio de Juan Armando Hinojosa Cantú (The New York Times, 30/VII/15). Sin contar, claro, la licitación del tren México-Querétaro que tuvo que ser abruptamente revocada debido a irregularidades en el proceso, lo cual causó un serio conflicto con China. Hasta el momento el asunto no ha sido cabalmente investigado ni aclarado. En medio de ese hediondo ambiente de corrupción rampante, la popularidad presidencial se desplomó y el PRI perdió siete gubernaturas en las elecciones del 5 de junio. En Los Pinos se prendieron las señales de alarma y se diseñó una estrategia de comunicación con miras a 2018. Como parte de ese plan, se ha enardecido la obsesiva represalia contra quienes revelaron con impecable rigor periodístico la deshonrosa compra de la Casa Blanca. A cuatro décadas del golpe perpetrado por Luis Echeverría contra el Excélsior de Julio Scherer, nuevamente se oculta la vengativa y autoritaria mano presidencial de Enrique Peña Nieto tras el acoso inquisitorial contra Carmen Aristegui y la libertad de expresión. Después de haber cancelado la indispensable presencia de la periodista, no sólo de MVS –de donde fue arbitrariamente cesada el 15 de marzo del año pasado–, sino de toda la radio nacional por lo que resta del sexenio, se opta ahora por censurar ¡un libro! MVS interpuso una demanda millonaria contra Carmen exigiendo que se suprima el prólogo de su autoría del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno (Proceso 2073). Un reclamo inédito y aberrante. La censura de libros es propia de la Inquisición y de los regímenes totalitarios. En México hace medio siglo fue censurado el ensayo etnográfico de Oscar Lewis titulado Los hijos de Sánchez, publicado en 1964 por el Fondo de Cultura Económica, cuyo director, Arnaldo Orfila, fue despedido y un año después fundó Siglo XXI Editores. El gobierno diazordacista ejerció su poder censor a través de una demanda presentada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística contra el autor y el editor del libro, por considerarlo “obsceno, difamatorio, subversivo y antirrevolucionario”. De la mano de MVS, el gobierno actual evoca la intolerancia autoritaria de épocas que creíamos superadas. Por ello, el desplante presidencial de pedir perdón por segunda vez, pública y “humildemente”, por el evidente conflicto de interés que provocó la indignación de los mexicanos, carece de verosimilitud y congruencia. Además, la fallida estrategia dirigida por Eduardo Sánchez Hernández, coordinador de Comunicación de la Presidencia y exabogado del Grupo MVS, revela de nueva cuenta la colusión Vargas-Peña Nieto, quienes se consideran personalmente agraviados por Aristegui y han decidido cobrar venganza de forma artera y desproporcionada contra una periodista cuyo profesionalismo, rectitud y valentía son ampliamente reconocidos dentro y fuera del país. La avalancha de simulaciones y despropósitos para exonerar al mandatario de toda responsabilidad jurídica en el oscuro convenio de compra venta de la Casa Blanca se ha convertido en símbolo indeleble del mandato peñanietista. Además de ofensiva, la actual embestida contra Carmen Aristegui y la libertad de expresión representa un grave error ético y táctico que resultará contraproducente para sus promotores. El abusivo atentado acelerará el desplome de la credibilidad gubernamental arrastrando consigo a MVS, artífice del acoso judicial contra la comunicadora. La soberbia y la sed de venganza ciegan. Intentar ocultar la corrupción e impunidad reinantes mediante la censura e intimidación de periodistas representa una regresión inadmisible. Los atropellos de la cleptocracia censora y sus secuaces contra derechos y libertades democráticos merecen el repudio ciudadano.