CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La solicitud para revisar la prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró este miércoles el abogado de la exlideresa magisterial, Marco Antonio del Toro. "Estamos ahorita ya en la Suprema Corte. Previo a que salieran de vacaciones los juzgados federales se hizo la solicitud, ya fue admitida por la Suprema Corte por un lado, y por otro lado, en los juzgados se han estado desahogando diligencias que solicitaron los jueces para acreditar que no haya ningún tema de riesgo de fuga", precisó en entrevista con Radio Fórmula. De acuerdo con Del Toro, las causas penales en contra de la maestra se diluyen por sí mismas, puesto que son vagas desde su origen, sin embargo, añadió, una parte de las mismas la apoyan en lo declarado por Nora Guadalupe Ugarte como testigo colaborador, quien firmó un convenio de entendimiento con la Procuraduría General de la República (PGR). "Siempre ha tenido una posición bastante vaga, pero con esto ciertamente se robustece el hecho de que no hay ningún indicio ni prueba en contra de la maestra Gordillo que pudiera acreditar cualquier tipo de culpabilidad en acusaciones que realmente no tenían ni pies ni cabeza desde su origen", apuntó. Del Toro sostuvo que en principio Ugarte sería el testigo más importante, aunque su importancia es muy relativa. "Lo que nosotros sí hemos insistido es en que el hecho de que sea testigo protegido y que pretenda ya acelerar su situación para irse a una sentencia que está sustentada en un convenio que firmó con la Procuraduría General de la República, no puede ni debe incidir en la situación jurídica de la maestra Gordillo". El beneficio de la prisión domiciliaria que Gordillo ha solicitado desde 2015 es un derecho que contempla la ley para los reos mayores de 70 años, pero en los hechos pocos internos lo han recibido. La exlideresa magisterial cumplió esa edad el 6 de febrero de 2015, y los últimos tres ha permanecido en prisión en el reclusorio de Tepepan, acusada de desvío y mal uso de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en un proceso que sigue en curso.