El descontento social en Venezuela llega ya a niveles alarmantes y amenaza con derivar en estallidos de violencia cada vez peores. La escasez de comida y medicamentos es tal que la gente asalta y saquea las pocas tiendas y farmacias donde aún hay productos. En un hecho inédito, un grupo de mujeres desesperadas cruzó a la fuerza la frontera con Colombia para abastecerse de lo indispensable en el país vecino. Si a ello se suman la violencia criminal que azota las calles, la hiperinflación y el racionamiento de electricidad y agua, se tiene la receta perfecta para la revuelta total. BOGOTÁ (Proceso).- La severa escasez de comida y medicamentos ya es en Venezuela el motor principal de la protesta social y el combustible del rechazo político al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La gente protesta todos los días, espontáneamente, cuando se harta de hacer filas durante horas en los supermercados en busca de arroz, leche o de la harina de maíz, indispensable para hacer las arepas, que no pueden faltar en la mesa de los venezolanos. Y cada vez es más frecuente que la desesperación lleve a los ciudadanos, a las amas de casa, a los jóvenes de los barrios, a saquear tiendas o farmacias. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre enero y mayo de este año hubo 254 saqueos o intentos de saqueo –51 al mes; 1.7 al día, en promedio–, pero en junio esta cifra se cuadruplicó: sólo ese mes ocurrieron 162, uno cada cuatro horas y media en promedio. Y las protestas por la falta de alimentos también crecieron exponencialmente. Entre enero y mayo hubo 4.5 diarias en promedio, y en junio la cifra saltó a nueve. El sociólogo y coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, sostiene que durante julio la protesta social por la crisis alimentaria se mantuvo en esos niveles. “La gente tiene hambre, desasosiego e incertidumbre, porque percibe que los problemas se agravarán”, asegura. La falta de alimentos provocó que el pasado 5 de julio unas 500 venezolanas cruzaran en estampida el principal paso fronterizo hacia Colombia –cerrado desde hace un año por orden de Maduro– tras romper a empujones el cerco de la militarizada Guardia Nacional de Venezuela. El único propósito de las mujeres era llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, para abastecerse de alimentos y medicinas. Horas después regresaron a su país cargadas de bolsas con productos básicos y remedios para sus enfermos, felices con su pequeña victoria. Ante el amago de que esa escena de rebeldía social se repitiera, el gobierno se vio obligado a abrir la frontera tres días, durante los cuales pasaron a Cúcuta unos 160 mil venezolanos, que agotaron los inventarios de azúcar, harina de maíz y aceite en esa ciudad colombiana. Incluso Maduro, quien había decidido el año pasado cerrar la frontera con Colombia “para combatir el contrabando y el crimen”, ordenó a su canciller, Delcy Rodríguez, coordinar con las autoridades colombianas la pronta reapertura permanente de los pasos fronterizos. El pasado jueves 4 Rodríguez se reunió en Caracas con la canciller colombiana Ángela María Holguín para acelerar la apertura de la zona limítrofe, aunque no dieron una fecha para esa medida. Maduro cede a la presión de los habitantes de la frontera, pero en el resto del país su gobierno responde con mano dura a las generalizadas protestas por la escasez de alimentos. Sólo en los dos últimos meses se cuentan seis muertos por balas y perdigones disparados por la policía, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) –parte de la Fuerza Armada– o los “colectivos” chavistas (civiles armados al servicio del régimen) contra multitudes de gente pobre desesperada por la falta de comida. Pero ni siquiera los seis muertos, los 100 heridos y los más de 800 detenidos que contabilizan los organismos de derechos humanos desde junio lograron detener el crecimiento de la rebelión de ciudadanos que demandan a gritos alimentos y saquean supermercados. “Tenemos meses hablando de que va a haber un estallido social en Venezuela. Pero si entendemos por esto la existencia de protestas importantes en todos los lugares del país, todos los días, en demanda de comida y medicamentos, aquí ya hay un estallido social”, dice a Proceso el sociólogo Ignacio Ávalos. Este profesor, de la Universidad Central de Venezuela, considera que “esto, si no tiene una respuesta diferente a la represión y que satisfaga las necesidades inmediatas de la gente, puede evolucionar muy rápidamente hacia un desbordamiento nacional con mucha violencia”. Reacción en cadena Y no sólo se multiplican las protestas, sino que también crece su dimensión. Poblaciones enteras toman las calles y asaltan comercios. En la nororiental Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, miles de personas salieron a las calles a saquear comercios y protestar. La respuesta del gobierno fue reprimir a los manifestantes con tanquetas, gases lacrimógenos y disparos de perdigones. La nororiental Cumaná, capital del estado Sucre, vivió tres días de protestas en demanda de alimentos; los disturbios por toda la ciudad desembocaron en saqueos a unos 100 supermercados y comercios. Dos personas murieron. Tanto en Cumaná como en Tucupita las autoridades decretaron el toque de queda y pidieron apoyo del Ejército. Ávalos afirma que la gente está enojada pues sabe que en Venezuela –el país con las mayores reservas petroleras del mundo– “no debería haber escasez de nada”. Esto, explica, porque el gobierno recibió mil millones de dólares en exportaciones petroleras entre 2004 y 2014. Pero una buena parte de ese dinero (30%, calculan exfuncionarios chavistas) “se quedó en manos de la cúpula corrupta en el poder y de sus socios del sector privado”. De acuerdo con el catedrático, lo que ocurre en su país “ya no da para más, porque hasta los sectores populares, antes fieles al chavismo, participan en estas protestas que toman forma de rebelión”. “Cacerolazos” chavistas Los habitantes de populosos barrios caraqueños como Petare, La Urbina y Catia, considerados en el pasado bastiones chavistas, se han convertido en asiduos participantes de “cacerolazos” y protestas callejeras, que la policía y la GNB reprimen con violencia. “Queremos comida”, es la consigna más escuchada en las manifestaciones. Según el Observatorio Venezolano de Salud, la crisis alimentaria hizo bajar la ingesta de calorías en el país “a niveles de sobrevivencia”. Cada persona consume mil 780 diarias, 30% menos de lo que requiere un ser humano. Nueve de cada 10 hogares carecen de ingresos para comprar suficiente comida. Cada vez son más las familias que comen dos veces o menos al día. El Centro de Documentación y Análisis Social estima que en el último año el costo de la canasta básica familiar se incrementó 624%, más de 50 puntos porcentuales cada mes en promedio. En junio el precio de ésta llegó a 255 mil 436 bolívares, equivalentes a 17 salarios mínimos mensuales. Los venezolanos más pobres son golpeados por el hambre en dos vías: no les alcanza el salario para comer tres veces al día o no encuentran en los supermercados muchos de los productos de su dieta habitual. En algunas escuelas de las zonas populares el ausentismo llega a 30% porque las familias mandan a los niños a formarse en las filas a fin comprar alimentos: el dilema para muchas madres es dar de comer a sus hijos o mandarlos a estudiar. Todos los sondeos muestran que la gente está muy irritada con el gobierno y con Maduro, cuyos niveles de rechazo llegan a 90%. Y el enojo popular no sólo es por la falta de comida y medicamentos. Además la vida diaria del venezolano está llena de escollos ineludibles, como el racionamiento de energía eléctrica y agua potable, y la pérdida del poder adquisitivo a causa de la hiperinflación. Está también el temor a la delincuencia: en Caracas ocurre un homicidio cada dos horas, en promedio; y la frustración social frente a la impunidad ha llevado a un aumento de los linchamientos de delincuentes capturados en flagrancia. El Foro Penal Venezolano estima que este año ha ocurrido uno cada dos días en todo el país. Cogobierno militar El gobierno de Maduro atribuye todos los males del país a la “guerra económica del imperialismo yanqui”, a la oposición política –“la derecha golpista”, le dice– y a los empresarios, entre otros “enemigos del pueblo”. Pero ese mismo pueblo, según todas las encuestas, cree por abrumadora mayoría (hasta 80%) que el responsable del desastre es el propio mandatario. Muchas de las medidas que toma el presidente perdieron sentido para la población. En abril pasado Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para distribuir, casa por casa, bolsas con alimentos básicos. Pero entregó su manejo a los consejos comunales chavistas y éstos los convirtieron en un instrumento más de clientelismo político. “Los CLAP empeoraron la escasez de alimentos y aumentaron la discriminación, porque reparten los productos con criterios de lealtad política. Esto exacerba las protestas”, señala Rafael Uzcátegui. El mes pasado, habitantes de la occidental Lagunillas incendiaron una sede del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se almacenaban víveres y electrodomésticos. Además saquearon un centro de abasto gubernamental y apedrearon la alcaldía por la falta de leche durante varios días en la ciudad. En medio de los enfrentamientos con la Guardia Nacional, el adolescente Jean Paul Omaña murió de un disparo en el cuello y varios impactos de perdigones. Según un estudio de la firma Datanálisis, la escasez de productos básicos se ubica entre 75% y 95%, mientras que la de medicamentos en 80%. Pero el gobierno sostiene que las protestas por la falta de alimentos y los saqueos de establecimientos comerciales no son espontáneos ni motivados por el hambre, sino “orquestados” por la oposición, a la cual Maduro acusa de “pagar” agitadores. El hecho es que el desafío de la inconformidad social al presidente es tan alto, que éste optó por fortalecer la presencia militar en su gobierno. El pasado 11 de julio, en una insólita decisión, Maduro nombró al ministro de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares, general Vladimir Padrino López, director de la “Gran Misión Abastecimiento Soberano”, una iniciativa para paliar la aguda escasez de alimentos y medicinas. Maduro les pidió a todos los ministros subordinarse a las directrices del jefe militar, quien tendrá el control de la producción, importación y distribución de alimentos. Con esto, Padrino López se convirtió, en los hechos, en un cogobernante con amplios poderes sobre una buena parte de la estructura del Estado. Para el jefe de la bancada de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la Asamblea Nacional, Julio Borges, Venezuela “tiene ahora dos presidentes” como una forma de garantizar la lealtad de las Fuerzas Armadas en momentos en que se recrudece el malestar social. Ignacio Ávalos considera que la movilización social “se está convirtiendo rápidamente en una protesta política en rechazo a la mala gestión del gobierno”. Hasta ahora, dice el académico y director del Observatorio Electoral Venezolano, las protestas sociales y las manifestaciones políticas organizadas por la MUD han transitado por caminos paralelos, pero en cualquier momento se pueden juntar. El abogado y analista político José Amando Mejía afirma: “No sería remoto que las protestas por hambre o los militares inconformes con la represión o una explosión de violencia acaben por convencer al presidente de que es hora de dar un paso al costado”.