CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Decenas de organizaciones y defensores de derechos humanos alertaron sobre el intento de “regresión” en iniciativas de reforma a la Ley General de Víctimas, y pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que convoque a un “proceso transparente, participativo e incluyente” para discutir las modificaciones a la legislación. En una carta dirigida al Ejecutivo, los firmantes manifiestan su “rotundo rechazo ante cualquier iniciativa de reforma o abrogación de la Ley General de Víctimas vigente que vaya en perjuicio de los principios y directrices básicos sobre los derechos de las víctimas”, incluidas aquellas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Ante tal pretensión, exhortan a Peña a que instruya a quien corresponda para que convoque “a un proceso transparente, participativo e incluyente para discutir la reforma a la Ley General de Víctimas”. Excluir del Sistema de Atención a Víctimas, a las víctimas de violaciones a derechos humanos, como pretenden algunas iniciativas recientes, “constituiría un acto regresivo contrario al principio de progresividad inscrito en el Artículo 1º Constitucional”, subrayan. Los firmantes advierten de la existencia de “un clima de desinformación en el que, de manera infundada y desde el desconocimiento de las normas aplicables, se ha afirmado que los derechos de la víctimas del delito se contraponen a los de las víctimas de violaciones a derechos humanos”. Ese falso debate pretende “hacer creer que las deficiencias en la atención y reparación a víctimas del delito se deben al reconocimiento de los mismos derechos a las víctimas de violaciones a derechos humanos”. Para las organizaciones y activistas, añaden, “esta narrativa no sólo polariza a la opinión pública y a la ciudadanía en general que padece violencia e inseguridad, sino que fomenta la comisión de abusos como la tortura o las violaciones a las garantías judiciales, generando nuevas víctimas, al mismo tiempo que socava el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas del delito”. Los defensores advierten a Peña Nieto que debilitar o desconocer los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos no es una vía para mejorar la atención y reparación de las víctimas del delito, y le recuerdan que corresponde al Estado “corregir las fallas actuales en la atención a víctimas y en las prácticas de investigación penal”, entre otras, para “cumplir sus obligaciones de justicia y reparación hacia todas las víctimas”. Tras señalar que entre las organizaciones y activistas hay quienes desde hace tiempo se habían pronunciado por modificar los mecanismos de operación de la Ley General de Víctimas, describen algunas de las fallas en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en específico la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que “ha mostrado serias limitaciones para operar con estricto apego al espíritu protector de la ley y con base en el principio constitucional pro persona”. La carta enviada al Ejecutivo precisa que la discrecionalidad, improvisación, burocratización de los procedimientos, entre otras limitaciones estructurales e institucionales, se generaron a partir del nombramiento de la CEAV y la emisión del reglamento, cuestión que no cumplió con los principios garantistas establecidos en la Ley General de Víctimas. “Esto ha impedido que la misma funcione como un verdadero instrumento que garantice, promueva, proteja y respete los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos a la verdad, justicia y reparación integral”, puntualiza. Luego de señalar que no es anteponiendo los derechos de unas víctimas sobre otros lo que hará funcionar el Sistema Nacional, las organizaciones y defensores dicen a Peña Nieto que “solamente respetando el debido proceso es posible garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito y el respeto a los derechos humanos”, ejes del Estado democrático que “no pueden, bajo motivo alguno, supeditarse a discursos beligerantes o populistas”. Para los activistas resulta alarmante que pese a los diversos señalamientos de mecanismos internacionales, y ante la clara omisión y falta de contundencia por parte del Estado para investigar diligentemente las violaciones a derechos humanos y proteger a las víctimas, éstas sigan siendo estigmatizadas. No es nuevo, recuerdan, que “el hecho mismo de denunciar violaciones a derechos humanos ha resultado suficiente para que las víctimas sean señaladas como delincuentes”, tanto así que “incluso parece que son las propias víctima las culpables de la ineficiencia del Sistema Nacional de Atención que tiene la obligación de atender a todas las víctimas del país”. Por ello, insisten  que el gobierno federal debe pública y enérgicamente rechazar cualquier acto o discurso que criminalice y discrimine a las víctimas de violaciones a derechos humanos y que por lo tanto suponga un menoscabo de su integridad, seguridad y dignidad. En la carta se hace un llamado a Peña Nieto a mantener en el centro de la discusión de la reforma a la Ley General de Víctimas “el derecho de todas las víctimas a acceder a la justicia a través de un procedimiento equitativo, efectivo y claro, actuando siempre bajo el principio de la no revictimización y la debida diligencia”. Mantener esa premisa como pilar de la discusión será fundamental, tomando en cuenta que ante autoridades federales y estatales, los defensores han dejado en claro que “falta mucho para consolidar una política efectiva que prevenga, investigue, sancione y repare de manera integral los hechos victimizantes ocurridos en el país, bajo el estricto apego al principio de la no repetición”, sostiene la misiva. Se está ante la oportunidad de revisar y modificar en la Ley los esquemas burocráticos –incluidas las disposiciones reglamentarias de la Ley– que han impedido que se atiendan realmente las necesidades de las víctimas y que se garanticen tanto sus derechos a la justicia, verdad y reparación integral, como el establecimiento de medidas de no repetición, agrega. Firman la carta Eduardo Gallo, Javier Sicilia, Mariclaire Acosta, Miguel Concha Malo, Pablo Romo Cedano, Paulina Vega, Sergio Aguayo, entre otros activistas, defensores y académicos. El documento también es signado por Artículo 19, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México, Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Casa del Migrante de Saltillo, Cauce Ciudadano, y otras 80 organizaciones afiliadas a la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. Destacan también organizaciones binacionales y de atención a migrantes, como Agencia Familiar Binacional,  Association of Mexicans in North Carolina, Be Foundantion, Derecho a la Identidad, Catholic Relief Services, Centro de Atención a Migrantes, Centro de Asistencia para Refugiados, Centro de Derechos del Migrante y Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos.