VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobernador Arturo Núñez Jiménez advirtió que no permitirá corruptelas en su administración y que se deberá sancionar a quien haya incurrido en esa práctica, tras la denuncia que interpuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de 14 gobiernos estatales por supuesto desvío de recursos federales, incluido Tabasco. En su edición de hoy, el periódico El Economista publicó que la ASF denunció penalmente a 14 gobiernos estatales que simularon devolver dinero del presupuesto federal, luego de observaciones al manejo de los recursos que les fueron asignados y que al final no entregaron, de acuerdo con la cuenta pública 2014. Las denuncias penales ascienden a 8 mil 25.6 millones de pesos del ejercicio 2014, y el estado de Veracruz, que gobierna el priista Javier Duarte, encabeza la lista de mayores simulaciones, con 4 mil 770.2 millones, 59.4% del total. Le siguen Michoacán con mil 268.3 millones; Guerrero, 967.7 millones; Chiapas, 253.1 millones; Tabasco, 136.1 millones; Sinaloa, 135.6 millones, y otras entidades con menores montos. Sobre este asunto, el mandatario tabasqueño dijo que solicitó a la Contraloría del estado un informe sobre estas observaciones. “Tuve conocimiento de esa información, pero no tengo más información que la periodística. Si hay que aclarar algo, hacerlo y, si efectivamente alguien simuló la devolución de recursos, deberá aplicársele la sanción que corresponda. No vamos a permitir ninguna corruptela en el gobierno del estado”, manifestó. Añadió que lo que leyó es una relación de entidades federativas que simularon la devolución de recursos federales, “entonces ya pedí a la contralora (Lucina Tamayo) que me informe a la brevedad posible de qué se trata, porque no tengo en este momento más información que la periodística”, sostuvo. “Ustedes saben que hay un largo procedimiento para solventar observaciones, teóricamente se supone que son observaciones que según la nota se simuló que se devolvieron los recursos y no se hizo, y de haber sido, que se aplique la ley a los responsables, y de no ser así, pues que se aclare”, agregó. Lo anterior se suma al supuesto mal manejo de más de 222 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas. El expriista y exdiputado local Mario Llergo denunció que de acuerdo con observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) a la cuenta pública 2014, la Secretaría de Educación local invirtió ilegalmente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 222 millones 339 mil 397 pesos con 39 centavos del FAEB, según el contrato de inversión 2044672194. Acompañado de diputados locales del PRI, Llergo dijo que esta operación fue de suma gravedad y evidencia de corrupción porque se pusieron en riego los recursos del FAEB, de acuerdo con las observaciones del OSF. La contralora del estado, Lucina Tamayo, admitió la transferencia de esos recursos pero rechazó que se hayan invertido en la BMV, e informó que se hizo en una “cuenta productiva normal permitida por la ley”, la cual generó alrededor de seis millones de pesos de intereses que fueron utilizados en el mismo sector educativo. El coordinador general de Asuntos Jurídicos del gobierno, Juan José Peralta Fócil, abundó que la transferencia de aportaciones del FAEB a una cuenta productiva está permitida desde febrero 2009 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el acuerdo 482 publicado en el Diario Oficial de la Federación. Explicó que en la sección II de esa normatividad, denominada “Del destino de los recursos del FAEB”, la SEP instruye a las secretarías de Finanzas de las entidades federativas --como unidades receptoras de los recursos, así como a las secretarías de Educación estatales, como unidades ejecutoras del gasto--, abrir “cada año cuentas bancarias únicas y productivas para el manejo de este fondo, con el fin de permitir el control y supervisión de los recursos y facilitar su debida transparencia”. Llergo también mostró documentos en el que supuestos empleados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cobran percepciones adicionales desde 65 mil a 91 mil pesos mensuales, en una nómina “secreta” de la dependencia.