CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Libre tras nueve meses en prisión por un delito que no cometió, el activista Ildefonso Zamora manifestó su desconfianza hacia el gobierno del Estado de México, tras considerar que su lucha contra la deforestación puede ser motivo de la reformulación de acusaciones penales. En rueda de prensa, a tres días de ser liberado luego de que ganó un amparo promovido por su defensa ante el Juzgado Quinto de Distrito, Zamora Baldomero reconoció el miedo de él y su familia “de que existan otras carpetas fabricadas, otros delitos inventados”. El ambientalista, defensor de los bosques de San Juan Atzingo, Estado de México, ha combatido la tala clandestina y reforestado la zona conocida como el Gran Bosque de Agua, lo que le costó la vida a su hijo Aldo Zamora, asesinado por talamontes en 2007, año en que el entonces presidente Felipe Calderón reconoció a Ildefonso y a su comunidad con la mención honorífica del Premio al Mérito Ecológico. El 20 de noviembre del año pasado, Ildefonso Zamora fue detenido y acusado sin pruebas de robo agravado y luego recluido en el Centro de Readaptación Social de Tenancingo. Acompañado de sus familiares, amigos y de los dirigentes de las organizaciones que asumieron su defensa, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Greenpeace y Amnistía Internacional, Ildefonso insistió en que fue “encarcelado injustamente por un delito inventado y fabricado por parte del Ministerio Público”. Al señalar que durante su detención fue golpeado por policías ministeriales y “lanzado por unas escaleras”, Zamora Baldomero acusó que la indagatoria estuvo “plagada de inconsistencias y mentiras”. El temor de Ildefonso Zamora de seguir siendo víctima de criminalización no es gratuito, destacó la abogada del Centro Prodh, Daniela Aguirre, quien alertó que pese a que el Poder Judicial de la Federación determinó que se violaron diversas garantías procesales, la Procuraduría mexiquense aún puede presentar un recurso de apelación. Tras destacar a las organizaciones que defienden a Zamora y que promovieron la firma de 47 mil personas a favor de la liberación del ambientalista, la abogada del Centro Prodh reconoció el persistente temor de que “no cese la criminalización” contra el activista, por lo que exigió que al gobierno priista de Eruviel Ávila “reconozca la labor de don Ildefonso a favor del medio ambiente”. Los dirigentes de las organizaciones sociales que defendieron la causa de Ildefonso Zamora condenaron la criminalización de los defensores del medio ambiente y la impunidad en casos de agresiones. El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, recordó que las organizaciones que defienden a don Ildefonso condenaron el homicidio de su hijo, Aldo Zamora, por lo que una vez más exigieron el esclarecimiento del crimen, ocurrido en 2007, como se comprometió entonces el expresidente Felipe Calderón. Al señalar que, sin justicia, “se demostraría que está permitido atentar y hostigar a los defensores del bosque de San Juan Atzingo”, Santiago Aguirre alertó que la impunidad es “un incentivo” para agredir a los ambientalistas. También reprochó que se persiga a los defensores de los bosques, cuando “quienes deben estar encarcelados son quienes se benefician de la corrupción para seguir con la tala clandestina”. Miguel Soto, de Greenpeace, consideró que Zamora “ha sido víctima de un sistema corrupto que se usa para criminalizar a los defensores del medio ambiente”, por lo que exigió al gobierno de Ávila Villegas dejar de amenazar a ambientalistas. El director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, denunció que Ildefonso es “un botón de muestra” de que en este país los defensores del medio ambiente son criminalizados, tal como “se ha documentado”. Los directivos de las organizaciones no gubernamentales reconocieron la labor del juzgado federal, que dio un paso importante para garantizar el derecho a juicio justo del ambientalista, así como a su legítima labor de defensa del Gran Bosque de Agua, y que las autoridades locales “no lleven a cabo ningún de tipo de persecución en contra Ildefonso o de su familia, pues la defensa de los bosques continúa y el Estado debe garantizar que puedan llevar a cabo dicha actividad sin de represalias”. En tanto los hijos de don Ildefonso, Misael y Rosario, destacados ambientalistas en la región tlahuica, anunciaron que buscarán la reparación del daño para toda la familia, que pues padecieron perjuicios económicos y psicológicos a partir de la detención de su padre.