El largo y complejo proceso de negociaciones de paz que ha estado a punto de abortar en distintos momentos en Colombia se enfrenta ahora a otro riesgo inminente: la posibilidad de que los habitantes de ese país voten por el “No” a los acuerdos de La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Así lo indican desde ahora distintas encuestas. El plebiscito correspondiente se efectuará a finales de septiembre o principios de octubre, y el “No” es promovido por el derechista partido Centro Democrático y por su líder, el expresidente y senador Álvaro Uribe. BOGOTÁ (Proceso).- Cuando parecía que la paz con la guerrilla de las FARC se concretaría en cuestión de semanas y que el plebiscito para refrendar los acuerdos con esa guerrilla era un mero trámite, cuatro encuestas encendieron los focos rojos en el gobierno colombiano. Todas prevén que la mayoría de colombianos dirá “No” en las urnas a los acuerdos de paz con las FARC. Y aunque otros sondeos anticipan el triunfo del “Sí”, nadie en este país duda que existe un alto riesgo de que los electores colombianos den la espalda a los pactos para poner fin a un conflicto armado interno de medio siglo y que, con la fuerza de su voto, echen por la borda tres años y nueve meses de complejas negociaciones entre el gobierno y la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina. “El ‘No’ sería poner fin al proceso con las FARC y volver a la guerra”, dice a Proceso la diputada y presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Ángela María Robledo. Y eso es algo que Robledo y los partidarios de la paz consideran “una regresión absurda y sin sentido”; sobre todo porque el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, firmaron en junio un acuerdo de cese bilateral y definitivo del fuego y de deposición de las armas por parte de esa guerrilla. Incluso ya está en Colombia una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se encargará de verificar el cese del fuego y la ubicación de las tropas de las FARC en 31 puntos del país en los que los guerrilleros entregarán las armas e iniciarán su incorporación a la vida civil y productiva. En la última semana, la misión de la ONU y delegados del gobierno colombiano y de las FARC comenzaron a visitar los puntos donde se concentrará la guerrilla para delimitarlos, adaptar los terrenos e iniciar la construcción de infraestructura básica, como vías de acceso y suministro de agua y energía eléctrica. Pero todos estos pasos para terminar la guerra con las FARC y el acuerdo final que están por alcanzar ese grupo rebelde y el gobierno colombiano habrán sido inútiles si los electores colombianos votan mayoritariamente por el “No” en el plebiscito para refrendar los pactos de La Habana, sede de los diálogos de paz. Una encuesta de la firma Ipsos-Napoleón Franco señaló el fin de semana anterior que 50% de los colombianos votarían por el “No” a los acuerdos de paz y que sólo 39% lo haría por el “Sí”. El restante 11% está indeciso. El “No” también gana en tres sondeos de la empresa Datexco realizados a principios de este mes, aunque por márgenes más ajustados, de entre uno y 8 puntos. Y en otra encuesta de esta firma, efectuada el martes 9, ya se impuso el “Sí” con una diferencia de 2.3 puntos sobre el “No”. También en un muestreo de Connecta, encargado por la presidencia de Colombia y realizado a finales de julio, el “Sí” obtiene la mayoría con 65%, mientras que el “No” pierde con 26%. Haciendo política con la paz Para el exprovincial jesuita en Colombia y Premio Nacional de Paz, Francisco de Roux, el “inmenso avance” que han hecho el gobierno y las FARC para superar la guerra puede correr “una suerte análoga a la del Brexit” (el referendo de junio pasado mediante el cual los votantes británicos decidieron salir de la Unión Europea). De acuerdo con De Roux, el plebiscito se está convirtiendo en una lucha política exacerbada y hay que preguntarse si es válido subordinar la importancia de la democracia representativa a la causa soberana de la paz. Aunque oficialmente no han arrancado las campañas del plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana, la autoridad electoral ya comenzó a organizar la consulta y autorizó a los partidos políticos, movimientos sociales y funcionarios públicos a hacer proselitismo por el “Sí” y por el “No”. La campaña por el “Sí” congrega a los partidos de la coalición de gobierno del presidente Santos, a los izquierdistas Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde y a decenas de grupos de la sociedad civil partidarios de la paz. El “No” es promovido por el derechista partido Centro Democrático y por su líder, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, principal opositor de los acuerdos con las FARC junto con el ultraconservador procurador general, Alejandro Ordóñez. También hacen campaña por el “No” dirigentes y agremiados de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), que congrega a poderosos terratenientes que rechazan el acuerdo de desarrollo agrario y reparto de tierras a campesinos alcanzado con las FARC. Los partidarios de la paz sostienen que en el Centro Democrático, el cual tiene una presencia minoritaria en el Congreso, se agazapan los intereses de quienes se benefician de la guerra. Pero según Uribe Vélez su rechazo a los acuerdos de paz se debe a que los jefes de las FARC responsables de delitos atroces gozarán de “impunidad total” porque no serán sancionados con prisión efectiva, sino con penas alternativas y, además, podrán participar en política. Estos argumentos resultan convincentes para un amplio sector de colombianos que piensa que los líderes de las FARC que hayan cometido delitos graves en el marco del conflicto deben ir a una cárcel convencional y no deben participar en política. Campaña de miedo Precisamente por las dificultades frente a la opinión pública que ha tenido el proceso de paz desde su inicio, en noviembre de 2012, muchos analistas y partidarios de una solución negociada a la guerra reprochan al presidente Santos que haya decidido someter a un plebiscito los acuerdos de La Habana aun cuando no tenía la obligación legal de hacerlo. El doctor en derecho y analista político de la Universidad Externado de Colombia Jorge Iván Cuervo considera que Santos “cometió un error al impulsar un plebiscito porque no lo necesitaba”. El presidente, dice el experto, tiene la facultad constitucional para negociar acuerdos de paz sin necesidad de refrendarlos en las urnas. Así lo han hecho diferentes mandatarios colombianos que negociaron la paz con guerrillas como M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Cuervo considera que Santos optó por un plebiscito debido a que busca legitimar políticamente los diálogos. Aún hoy, cuando la negociación es irreversible y está por finalizar de manera exitosa, sólo el 35% de los colombianos es optimista de que las partes llegarán a un acuerdo, según la encuesta Ipsos-Napoleón Franco. La diputada de la Alianza Verde Ángela María Robledo cree que esto se debe a que el proceso de paz ha estado sometido a una “permanente campaña de miedo” por parte del expresidente Uribe Vélez, el Centro Democrático y el procurador Ordoñez, quienes han atacado los acuerdos “con muchas mentiras y verdades a medias”. “El reto enorme de los partidarios de la paz es cómo contrarrestar ese discurso del miedo, que señala, por ejemplo, que en Colombia se va a implantar el castro-chavismo, y cómo explicar a la ciudadanía lo que ganará el país con los acuerdos. ¿Quién puede negar que es mejor una paz imperfecta que una guerra perpetua?”, plantea la presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Otro factor que juega en contra de la refrendación en las urnas de los acuerdos es la baja popularidad del presidente Santos, quien según la encuestadora Ipsos-Napoleón Franco sólo cuenta con la aprobación del 23% de los colombianos. Jorge Iván Cuervo comenta que Uribe y el Centro Democrático han logrado desarrollar una narrativa que equipara el “No” a un voto de castigo contra Santos. Un panorama complejo El expresidente Uribe figura en el sondeo de Ipsos-Napoleón Franco como el político más popular del país, con 54% de respaldo, aunque también tiene un alto nivel de rechazo: el 40%. Todo lo que opina el exmandatario tiene una gran resonancia mediática y sus partidarios propagan toda clase de falsedades: desde que las Fuerzas Militares serán reducidas para complacer a las FARC hasta que cada guerrillero que se desmovilice recibirá un “sueldo” mensual de unos 600 dólares. El senador del Centro Democrático Iván Duque, uno de los tres coordinadores de la campaña por el “No”, asegura que el uribismo apoya la paz de Colombia, pero no en los términos establecidos en los acuerdos de La Habana. El gobierno, afirma Duque, ha usado “un lenguaje maniqueo” al asegurar que votar “Sí” es respaldar la paz y votar “No” es respaldar la guerra. “Y nosotros decimos que el voto por el ‘No’ sólo es decirle a las FARC que hay que cambiar los acuerdos en algunos puntos. Los responsables de crímenes como secuestro, genocidio y reclutamiento de menores tienen que pagar cárcel efectiva y no pueden pretender llegar al Congreso”, señala el senador, quien forma parte del ala moderada del uribismo. De acuerdo con Duque, si las votaciones son limpias el Centro Democrático acatará los resultados, incluso si triunfa el “Sí”. Un triunfo del “No”, señala el legislador uribista, significaría que esos acuerdos deben ser sometidos a enmiendas en los puntos más polémicos. Pero el abogado Jorge Iván Cuervo considera que el triunfo del “No” en las urnas dejaría a Santos sin capital político para renegociar con las FARC y porque esa guerrilla difícilmente aceptaría los términos que busca imponer el uribismo. El rechazo del Centro Democrático a los acuerdos contrasta con el aval que les ha dado la comunidad internacional, desde Latinoamérica en pleno hasta Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU. En materia de justicia, la Corte Penal Internacional (CPI) ha señalado que la clave estará en que las penas que se impongan a los jefes de las FARC que hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad sean proporcionales a la gravedad de esas conductas. El acuerdo de justicia firmado por el gobierno y las FARC en septiembre último contempla investigación, juzgamiento y penas de entre cinco y ocho años de “restricción efectiva de libertad” y trabajo comunitario –lo que se denomina justicia restaurativa– para los guerrilleros responsables de delitos graves. El tipo de restricción de libertad, que puede ser desde un confinamiento domiciliario hasta la prohibición de salir de un municipio, será determinado por los magistrados del Tribunal Especial de Paz que será creado tras la firma del acuerdo final. De hecho, el pasado viernes 12 el gobierno y las FARC acordaron que los magistrados serán elegidos por un comité del que formarán parte delegados del Papa Francisco; del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; de la Corte Suprema de Colombia; del Centro Internacional de Justicia Transicional, y del sistema universitario estatal. Con este punto resuelto, a las FARC y al gobierno sólo les falta negociar el momento en que se aplicará una amnistía a los guerrilleros que no estén acusados de delitos atroces y los proyectos educativos, de salud y productivos con que el Estado apoyará la reinserción de combatientes a la vida civil. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el acuerdo final deberá quedar listo a finales de este mes o en septiembre. A partir de entonces el gobierno deberá hacer públicos todos los acuerdos y convocará, con autorización del Congreso, al plebiscito de refrendación. Esta consulta se realizará 30 días después de la convocatoria. Es decir, a finales de septiembre o en octubre. En ese lapso de 30 días, el gobierno dará facilidades logísticas a las FARC para que realicen en Colombia su X Conferencia, en la cual la organización armada someterá a consideración de sus tropas los acuerdos de La Habana y se transformará en un movimiento político. Tras la conferencia de las FARC, que será presidida por Timochenko, el máximo jefe de las FARC y el presidente Santos firmarán el acuerdo final de paz. Los partidarios de la negociación política con las FARC esperan que este evento, que coincidirá con la recta final de las campañas del plebiscito, termine por inclinar la balanza a favor del “Sí”. Pero los votantes colombianos tendrán la última palabra.