CAMPECHE, Camp. (apro).- Al presentar hoy su informe sobre la población indígena en prisión, la organización no gubernamental Diálogo en Movimiento destacó la persistente vulnerabilidad de ese sector, pues por su condición étnico-cultural se siguen violentando sistemáticamente sus derechos humanos y al debido proceso. Elisa Cruz y Artemia Febre, coordinadoras general y jurídica del organismo, explicaron que, a partir de una convocatoria emitida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para formar parte del comité de excarcelación de presos indígenas, surgió la iniciativa para el estudio con miras a la reinserción. Las activistas añadieron que debido a ello establecieron convenios con la ahora Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que les permitió arrancar hace cinco años esta investigación, eligiendo a esta entidad para hacer la muestra por su diversidad y complejidad étnica. “Encontramos muchas cosas: violación sistemática a los derechos humanos por un lado y también violación al debido proceso; es decir, que a nivel de proceso desde el inicio, desde el policía, hasta la etapa de ejecución, hay irregularidades”, destacaron. Luego aclararon que la presentación del informe “no se trata de una denuncia en contra de las instituciones, sino resaltar la cooperación, pues se trata de respaldar el trabajo, pero también señalar la urgencia de que se debe seguir trabajando sobre los derechos de los indígenas”. Incluso advirtieron que Campeche “es uno de los estados con mayor población indígena, que de alguna u otra manera son los más vulnerables por su condición étnico-cultural, y eso hay que atenderla, porque finalmente somos una sociedad que vivimos unos de otros”. También evitaron ventilar los datos cuantitativos del estudio y explicaron que las cifras son relativas y variables, justamente porque no hay registros adecuados de la población indígena en las cárceles, lo que resulta otro aspecto a subsanar. “No hay un adecuado registro de la población indígena, las cifras no son exactas porque van fluctuando”, dijeron y explicaron el motivo: “Se le pregunta a la gente si es indígena o no, pero ellos con tal de cubrirse o no ser objeto de discriminación, dicen ‘no, no soy’, pero después resulta que en el conocimiento de sus derechos hay una revaloración de su condición étnica y acaban reconociendo su identidad étnica, es decir, que sí lo son”. Además, insistieron en que lo anterior conlleva a otro problema: “Entonces no hay un adecuado registro y por tanto los censos son inexactos, y eso nos lleva a que la política pública no puede ser debidamente diseñada e implementada, y eso queremos subrayar”. Enseguida resaltaron otro factor importante que resultó de la investigación: “Además, ante la falta de un registro, hay una doble cuestión: hay discriminación y racismo hacia la población indígena y un desconocimiento real de los funcionarios públicos y en general de la sociedad sobre quién es ese sujeto indígena; y por otro lado también tenemos que a la población indígena por las mismas condiciones que ha tenido históricamente le es muy complicado reconocerse y decir públicamente que es indígena, porque sus condiciones empeoran y en la cárcel se exacerban”. Incluso dijeron que esta problemática no era privativa del antiguo sistema de justicia penal, pues persiste en el nuevo, especialmente en lo que toca a los intérpretes. “Empezamos este estudio en 2012 y ese año empezó a funcionar parte de ese nuevo sistema a través de ejecución de sentencias; empezamos ciertas modificaciones, pero no del todo”, comentaron. En ese sentido, subrayaron que “hay insuficiencia de intérpretes, hay un deficiente manejo de la relación intérprete-funcionarios públicos y una ausencia clara de intérpretes que se requieren para cubrir la gran cantidad de grupos étnicos que están en las cárceles, porque no sólo hay mayas”. “Tenemos también mames, choles, tzeltales, tzotziles, zoques, conjobales, mixtecos, zapotecos… y esto abre la problemática a una gran diversidad y a la falta de recursos apropiados para atender a esa población”, añadieron.