TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó esta tarde restituir en su cargo como presidenta municipal de Chenalhó a Rosa Pérez Pérez, tres meses después de que fuera presionada por los pobladores para presentar su licencia por tiempo indefinido ante el Congreso local. El pasado 26 de mayo, la alcaldesa Rosa Pérez Pérez presentó ante el Legislativo una solicitud de licencia a cambio de que los pobladores dejaran en libertad al presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, y al diputado local Carlos Arturo Penagos. Ramírez Aguilar, además de presidente del Congreso, es actualmente presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partido que postuló a la alcaldesa Rosa Pérez Pérez y quien, tras unas polémicas elecciones, obtuvo el triunfo el 19 de julio de 2015. Si bien al asumir el cargo como la primera mujer alcaldesa de Chenalhó Rosa Pérez tuvo el respaldo de sus gobernados, con los meses fue creciendo el rechazo hacia su gobierno, principalmente de grupos azuzados por militantes del PRI, sus principales adversarios en la contienda electoral. Las protestas en su contra provocaron marchas y bloqueos de carreteras, donde los inconformes tomaron el Congreso y del que luego fueron desalojados de forma violenta. Y fue hasta que los indígenas tzotziles retuvieron de forma violenta a los dos diputados locales del PVEM como por fin lograron que Pérez Pérez presentara su petición de licencia con carácter indefinido. Poco después el presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, le tomó la protesta al síndico Miguel Santiz Álvarez como alcalde sustituto a petición de los pobladores, quienes por casi 48 horas retuvieron a los diputados como medida de presión. Pérez Pérez acudió a mediados de junio pasado al TEPJF y hoy, tras una sesión de varias horas, decidieron ordenar al Congreso local que la indígena sea restituida en su cargo como presidenta municipal constitucional. Tras exponer los argumentos ofrecidos por los abogados de la quejosa, los magistrados acordaron que a Rosa Pérez se le deben reconocer sus derechos político-electorales logrados en las urnas para fungir de forma constitucional como alcaldesa. Las autoridades deberán ahora buscar una salida a este conflicto, pues los pobladores han manifestado su rechazo a Pérez Pérez y han argumentado que no dejarán que regrese a esa cabecera municipal, de donde fue expulsada junto con todos los miembros de su familia.