CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), Gastón Chillier, aseguró que en México se vive “la crisis más grave de derechos humanos en la región en este momento, no hay ninguna duda”. En entrevista para Aristegui CNN, el especialista recordó que “durante las dictaduras en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, la solidaridad internacional fue fundamental para confrontar las violaciones graves de los derechos humanos”. Lo que se busca hoy en México, alertó, es “ver de qué manera podemos cooperar para dar respuestas”, pues el gobierno sigue sin reconocer dicha crisis, señalada por varias organizaciones. También apuntó que hay “casi 28 mil desaparecidos, más de 150 mil muertos, asesinatos, torturas sistemáticas, diagnósticos que no son inventados”. Luego resaltó tres casos que ejemplifican tal crisis: la masacre en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, y recientemente los al menos ocho asesinatos en Nochixtlán, Oaxaca. En los tres casos intervino el Ejército, las policías municipal y estatal, así como la Policía Federal, en tres entidades distintas. Ante ello, hay una “falta de respuesta del Estado, falta de reconocimiento” a los altísimos niveles de impunidad. Chillier expuso que actualmente “rige un sistema democrático con todas sus imperfecciones”, por lo que consideró que “no se trata de la falta de instituciones o de leyes, sino de la falta de voluntad política”. Incluso refirió que existe una “incapacidad de poder investigar”, pues “hace falta más inteligencia que fuerza”. “La militarización no sólo ha incrementado los niveles de violencia, sino que no ha profesionalizado los mecanismos de investigación para combatir al narcotráfico”, sentenció. Para el director del CELS, el primer obstáculo es no reconocer “la crisis más grave en toda Latinoamérica”. Enseguida rememoró la visita del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo argentino Mauricio Macri. El especialista reveló que hubo acuerdos donde el Estado mexicano va a “cooperar e incluso poner plata para investigaciones sobre las ramificaciones de algunos de los cárteles mexicanos en Argentina”. Lo anterior, le parece más “una estrategia del gobierno de blindarse hacia afuera, en lugar de hablar de las crisis de derechos humanos”. Lo que trata el gobierno mexicano, advirtió, es exportar un “modelo (el militar) que no ha funcionado”, aseveró, pues “parecería que hay señales del gobierno argentino del presidente Macri que cree que este antimodelo puede ser la solución”. El problema es que en México ese modelo, agregó, “no ha sido eficaz y ha tenido un costo enorme en violaciones a derechos humanos”. “Este modelo no puede ser exportado a otros países”, sostuvo, pues “no hay diagnóstico sólido de cuál es el alcance del narco mexicano en Argentina”. Por último lamentó que en el país haya “mucha demagogia y pocas respuestas”, además de que persista el “paradigma prohibicionista” en materia de drogas.