CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales en la entidad (ITAIGro), ordenó a la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores hacer público el contrato de compraventa de armas con el Ejército mediante el que se utilizaron de forma irregular recursos federales destinados para el combate de la violencia en 2014. El Instituto emplazó al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, a revelar la documentación solicitada vía transparencia desde hace cuatro meses por Proceso y que fue clasificada por el gobierno estatal como “reservada”. La resolución oficial del ITAIGro, fechada el pasado martes 16, otorga a la SSP estatal un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación oficial para que haga pública la copia del contrato de compra de armas y cartuchos entre el gobierno de Guerrero y el Ejército con recursos federales transferidos en 2014 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Así como la causa justificada por la que el material llegó incompleto como lo reveló un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en noviembre de 2015. Desde marzo Apro dio a conocer que a finales de noviembre anterior la ASF emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo. Esos casi 20 millones provinieron del FASP destinado a las entidades federativas, y la revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras irregularidades. El informe de la ASF, indica que las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. En la revisión de las partidas “Materiales de seguridad” y “Equipo de defensa y seguridad”, la ASF constató que el gobierno de Guerrero le pagó 11 millones 689 mil 300 pesos a la Sedena por “armas, municiones y cargadores”, mediante dos entregas: una por un millón 868 mil 400 pesos y otra por nueve millones 820 mil 900. Según la ASF, el estado recibió menos de la tercera parte del armamento y las autoridades estatales “no cuentan con documentación comprobatoria” del gasto de ocho millones 911 mil pesos, lo que “impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de seguridad pública”. El pasado 2 de mayo Apro dio a conocer que, en respuesta a solicitudes de información, la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), clasificó como “reservado” dicho contrato con el Ejército “en virtud de que la documentación requerida compromete la seguridad pública”, mediante un oficio fechado el 29 de abril y firmado por la titular de la Unidad de Transparencia de la SSP, Azalia Hernández García. El 27 de mayo el titular de la Unidad de Transparencia de la Sedena, el general brigadier Francisco Toscano Camacho, contradijo a la dependencia estatal al informar a Proceso que “no se había localizado contrato alguno” suscrito entre la Dirección General de Industria Militar y el gobierno de Guerrero. Ante esta situación, Proceso interpuso un recurso de revisión ante los órganos garantes para que los sujetos obligados a nivel federal y estatal cumplan con su obligación de transparentar el uso de los recursos públicos y difundir la información considerada por Ley, como pública de oficio. Al respecto, el ITAIGro determinó en el expediente 75/2016 que la SSP “transgrede” el derecho a la información pública y el principio de máxima publicidad y disponibilidad que rige los procedimientos de acceso a la información contemplado en la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal. En su resolución el órgano garante en la entidad también concluyó que la información solicitada por Proceso es considerada como pública de oficio y no puede ser clasificada como reservada como lo plantea el gobierno estatal. Por su parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), recomendó a Proceso realizar una nueva solicitud de información enfocada en la revisión de contratos durante 2015. Ello debido a que la Sedena se limitó a informar sobre 2014, argumentando que en ese año no existen contratos de venta de armas con el gobierno de Guerrero.