CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), exigió la destitución del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a quien acusó de “desaparecer” personas y cometer “crímenes de lesa humanidad”. Durante la presentación del informe “Fosas clandestinas de Tetelcingo. Interpretaciones preliminares”, acompañado de funcionarios de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), el activista hizo una relatoría de los restos localizados en dos fosas de ese municipio durante las exhumaciones realizadas entre mayo y junio pasados. Al describir algunos casos, como los restos de tres niñas que fueron localizados en vía pública, y de las que no se hicieron investigaciones, de una víctima de un penal federal y otra de una cárcel de Morelos, así como los de personas que tendrían señales de haber sido sometidas a tortura y ejecuciones sumarias, Sicilia exhibió fotografías de las fosas de Tetelcingo y de otras adjudicadas al cártel de Los Zetas, y consideró que Morelos “está siendo gobernado por criminales”. El poeta puntualizó que “Graco Ramírez incurre en graves crímenes de lesa humanidad, merece su destitución y un juicio político sin precedentes”, y que su actuación confirma los señalamientos hechos en el informe de Open Society Justice, de que “en México se cometen atrocidades innegables”, clasificables como crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. Sicilia recordó que las fosas de Tetelcingo fueron abiertas el 28 de mayo de 2014, día que Ramírez nombró como el “Día Estatal de las Víctimas”, por el titular de la Fiscalía General de Morelos, en ese entonces a cargo de Rodrigo Dorantes Salgado, tiempo en que se reportaron 150 cuerpos inhumados, “150 cadáveres tratados como basura, que es lo que hace el crimen organizado, particularmente Los Zetas”, sin embargo, durante la recientes exhumaciones sólo se localizaron 117 cuerpos y nueve bolsas con restos de 12 personas. Al señalar que el gobernador de extracción perredista ha “minimizado el problema y criminalizado a las víctimas”, el fundador del MPJD apuntó que para intentar encubrir su responsabilidad al destaparse “el horror de las fosas de Tetelcingo”, ha emprendido una campaña de difamación en contra del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y se le ha recortado el subsidio. Vera Jiménez puso a disposición de familiares de Wenceslao Navarrete Hernández, joven que fue desaparecido en mayo de 1013, localizado muerto en junio de ese año y después desaparecido en una de las fosas de Tetelcingo, el Programa de Atención a Víctimas, así como la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM. Para el poeta el tratamiento de “basura” de los cuerpos depositados en las fosas de Tetelcingo, y el ocultamiento a los familiares de las víctimas, constituyen “crímenes que deben ser castigados, son crímenes de lesa humanidad, en primer lugar contra la integridad física de las víctimas, no sabemos en qué condiciones fue que les pegaron el tiro de gracia o los tuvieron esclavizados o fueron víctimas de la pornografía infantil o en redes de trata, y luego los daños mentales para las familias de los desaparecidos”. Tras asegurar que el estado de Morelos es uno de los más violentos del país, el poeta insistió en que las fosas de Tetelcingo, a las que recientemente se sumaron las de Jojutla, donde se habrían depositado al menos 37 cuerpos, “son una manera de ocultar la verdad e impedir la identificación de los cuerpos, es un entierro irregular para ocultar el estado de terror, para evadir el castigo a los responsables y enmascarar las dimensiones de la violencia, además de que busca el borrar las huellas y eludir la reparación a las víctimas”. Roberto Villanueva, del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, describió que de los 117 cuerpos, cerca de 93% no están identificados; el 37% es de sexo masculino; 7%, femenino; 56% no determinado; además, 84 personas tienen muestras de haber sido víctimas de muertes violentas, y de ellas cuatro tienen impactos de bala en el cráneo. Peor aún, en 84.75% de los casos no se cuenta con carpeta de investigación, lo que hablaría de “encubrimiento de delitos, probablemente de delitos de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas”. El funcionario de la UAEM señaló que, por las características de algunos cuerpos, es evidente que fueron sometidos a tortura antes de morir, pero que no hubo investigaciones diligentes por parte de las autoridades, y mucho menos se notificó a familiares que buscaban a desaparecidos. Tras señalar que hay un movimiento de abogados morelenses que han emprendido demandas legales contra Graco Ramírez, Villanueva destacó que desde diciembre de 2015, en una recomendación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos pidió al gobierno perredista que informara cuántas fosas como las de Tetelcingo tenía a su cargo, “pero hasta ahora no ha informado, y tampoco sabemos la identidad de al menos 100 cuerpos en frigoríficos, por lo que hemos pedido que permitan intervenir a la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM”. Luego apuntó que a pesar de que la gran mayoría de los cuerpos tenía elementos físicos como tatuajes, ropas, cadenas, pulseras, zapatos o elementos odontológicos identificables, éstos no fueron puestos a disposición de cientos de familias que han buscado a sus seres queridos en el país, sobre todo aquellas que buscaban a desaparecidos entre 2010 y 2013. El investigador señaló que entre los cuerpos localizados hay dos que pertenecían a reos de un penal federal y otro de una cárcel estatal, sin que haya de por medio carpetas de investigaciones, “lo que podría presumir la comisión de tortura e implica la responsabilidad institucional del centro penitenciario y de los funcionarios públicos”. Ariel Martínez Duncker, responsable de la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM, recordó que la participación de la institución se logró gracias a la petición de apoyo por parte de María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, formalizado el 15 de septiembre de 2015. Tras señalar que gracias a un amparo interpuesto por las mujeres se consiguió que la UAEM participara como coadyuvante de ellas durante las exhumaciones, el investigador señaló que en la reunión del martes 16 se evidenció la falta de interés del gobierno de Graco Ramírez por llegar a la verdad, ya que de los cuatro equipos que trabajaron, la PGR, Policía Federal y la UAEM, los responsables de la Fiscalía General fueron los únicos que no aportaron los datos genéticos de los 117 cuerpos. “Alegaron que su equipo para realizar las identificaciones de ADN no servía, y que probablemente en diciembre contarían con la información. Por nuestra parte, nosotros entregaremos a las autoridades federales 135 muestras tomadas a familiares de desaparecidos que desean que se cotejen con las muestras de los 117 cuerpos; sin tener números aún, sabemos que entre esos 117 hay restos que corresponden a personas desaparecidas y que eran buscadas desde hace varios años”, puntualizó el investigador. En la conferencia de prensa estuvieron presentes María Concepción y Amalia Hernández, quienes narraron que a partir de que Oliver Wenceslao fue depositado en una de las fosas de Tetelcingo, a pesar de que ya había sido identificado en junio de 2013, fue como descubrieron que centenares de cuerpos se encontraban enterrados, hallazgo que ha permitido que otras familias tengan la esperanza de encontrar a sus desaparecidos.