El miércoles 17 el mundo entero rememoró a Federico García Lorca. El asesinato del poeta granadino es uno de los hechos más dolorosos del siglo XX. Proceso se suma a su homenaje. MADRID (Proceso).- La nota informativa “Antecedentes del poeta Federico García Lorca”, fechada el 9 de julio de 1965 y elaborado por la 3ª. Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía, representa el primer reconocimiento oficial de la dictadura de Francisco Franco como responsable del fusilamiento del autor de Romancero gitano. Durante las cuatro décadas que duró ese régimen, el discurso oficial sobre la muerte del escritor granadino era diametralmente opuesto y se basaba en las palabras que el dictador dejó reflejadas en su libro Palabras del Caudillo (1939), en las que señala, sin mencionarlo por su nombre: “Se ha hablado mucho en el extranjero de un escritor granadino; se ha hablado mucho, porque los rojos han agitado este nombre como un señuelo de propaganda. Lo cierto es que en los momentos primeros de la revolución en Granada, ese escritor murió mezclado con los revoltosos, son los accidentes naturales de la guerra.” No obstante, las dos páginas que componen dicho informe de 1965, ofrecen un fiel retrato de las descabelladas razones que esgrimía el régimen para reprimir a los que consideraba enemigos por sus creencias políticas, que fue la razón del arresto del autor de Poeta en Nueva York, a quien luego “pasaron por las armas”. Lo tacha de ser “socialista”, “masón” y “homosexual”. El documento, sin embargo, contiene varias imprecisiones, sobre la fecha de su captura o el nombre de su madre. El responsable de elaborarlo fue el inspector jefe de esa 3ª. Brigada de la policía, Julián Fernández-Amigo. En agosto de 1936, entonces siendo policía raso, Fernández-Amigo visitó al poeta en la celda donde permanecía detenido. Fue en víspera del fusilamiento del poeta. Dicho encuentro lo relató al escritor falangista Eduardo Molina Fajardo, en una entrevista para el libro Los últimos días de García Lorca: “Yo entré y él estaba sentado allí, en una especie de pequeño despacho, detrás de la mesa. Al verme se asustó e hizo ademán de levantarse. Pero al darse cuenta que era yo, se quedó más tranquilo (era amigo de mi primo), y yo también me senté por el otro lado de la mesa. Estuve allí como un cuarto de hora con él. La habitación era pequeña y sólo recuerdo que tuviera una mesa de esas antiguas de escritorio con dos cajones, un sillón en la parte de dentro en donde él estaba sentado y, por la parte de fuera, dos sillas corrientes…”. El policía añadió en la entrevista ­–que el diario El Mundo rescató en abril de 2015–que, “al verme a mí sacar un cigarro, me dijo que le diera uno. Fui a dárselo, pero tuve que liárselo yo mismo, se lo encendí y le dejé el paquete allí”. La existencia del informe policial se conoció en 23 de abril de 2015, cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) anunció que, con estos nuevos elementos, formularía una denuncia por la muerte de García Lorca, ante la juez argentina María Servini de Cubría, que investiga los crímenes del franquismo. La ARMH custodió el informe durante un año antes de hacerlo público, con fines de investigación. La querella se formuló ante la juez Servini de Cubría en septiembre pasado, y el 17 de este mes, Eldiario.es confirmó en exclusiva, que la querella había sido admitida por la justicia argentina. Mentiras fascistas El informe señala que García Lorca, de 38 años de edad en 1936, era hijo de Federico y María (el nombre real de su madre era Vicenta), natural de Fuente de Vaqueros (Granada), tuvo su último domicilio en esta capital, Callejones de Gracia, “Huerta de San Vicente”. Pese a que en agosto de 1936, García Lorca era una figura con un prestigio literario dentro y fuera de España por su obra, el informe se refiere a él como “sin actividades conocidas”. Empero, resalta que “estaba conceptuado como socialista por tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba a Fernando del Río (un reconocido líder socialista), como también por sus estrechas relaciones con otros jerifaltes (despectivo de jefes) de igual signo político”. También asegura que “figura como masón, perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero, desconociéndose el grado que alcanzó en la misma”. No obstante, el informe no aporta ningún dato más al respecto, y los estudiosos de la figura de Lorca descartan que exista cualquier antecedente que dé credibilidad a su pertenencia a la masonería. “El Glorioso Movimiento Nacional”, como así se autodenominaban los sublevados al mando de Franco, señala, “sorprendió” al poeta en Granada, a la que había llegado “procedente de Madrid, donde residía”. Durante su estancia en Granada, la policía realizó dos registros en la finca familiar, por lo cual Federico decidió refugiarse en casa de los hermanos Rosales Camacho, “antiguos falangistas que habitaban entonces en la calle Angulo número 1-2ª, en cuya morada permaneció escondido hasta el momento de su detención, que se efectuó los últimos días de julio y primeros de agosto de 1936”. El redactor del informe comete una imprecisión, porque su detención tuvo lugar el domingo 16 de agosto de 1936 y no “entre los últimos días de julio y primeros de agosto de ese año”. Relata que hasta en el Cuartel de Falange, instalado en la calle San Jerónimo, acudió Ramón Ruiz Alonso, diputado de CEDA (una formación política de derecha), Juan Trescastro, que la prensa española identifica como un terrateniente granadino y otros con una orden de detención del poeta, y pidieron a Luis Rosales Camacho, “el objetivo de que éste les franqueara hasta su domicilio para detener a García Lorca”. Cuando arribaron a la vivienda de Rosales, ésta estaba rodeada por guardias y milicias de asalto que ocupaban las bocacalles y los tejados aledaños. Una vez detenido el poeta, fue conducido a los calabozos del Gobierno Civil. Los hermanos Rosales y otros antiguos falangistas acudieron a pedir su liberación ante Miguel Valdés Guzmán, gobernador civil y comandante de Intervenciones Militares, y “aunque no consiguieron la libertad, obtuvieron la impresión de que ya no corría peligro la vida de Federico García Lorca”. La madrugada del 18 de agosto, el poeta fue sacado del Gobierno Civil “por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Viznar (Granada) y en las inmediaciones del lugar conocido por Fuente Grande, en unión de otros detenidos cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas, después de haber confesado, según se tiene entendido; siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar que se hace difícil de localizar”. En el documento se evade informar que los otros detenidos que fueron asesinados y, se presume, enterrados con García Lorca son el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros y anarquistas Francisco Baladí y Joaquín Arcollas, cuyas familias han demandado la ubicación de la fosa donde los enterraron, para proceder a la exhumación de sus restos. Y de hecho, el documento tampoco es claro en ubicar el sitio donde se encuentra la fosa común donde quedaron los restos, y que en septiembre próximo un equipo de expertos iniciará la tercera búsqueda de los restos, con el fin de identificar los restos del maestro Galindo, pero no los del poeta, ya que la familia se opone a su búsqueda. El informe también señala que el poeta “estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli”, no obstante, reconoce que no hay antecedentes de “ningún caso concreto en tal sentido”. Por último, la nota informativa señala que García Lorca se refugió en casa de los hermanos Rosales Camacho, por la “entrañable amistad” que tenía con Luis, también poeta, cuya familia después fue objeto de duras recriminaciones y “hasta algunos de tales hermanos llegaron a correr un evidente peligro de sufrir una grave sanción de la autoridad gubernativa, que evitó la falange granadina”. El proyecto Auclair El informe se elaboró a raíz de una petición que la francesa Marcelle Auclair hizo al embajador de España en París, para su proyecto de escribir una biografía del poeta universal. La escritora, periodista e hispanista era amiga cercana de García Lorca y, al morir éste, decidió escribir su biografía. En mayo de 1979, El País publicó una entrevista con Auclair en la que destacó: “Para mí Federico es uno de los grandes poetas de este planeta, pues no solo hace versos, sino que está lleno de poesía. Es un extraordinario autor dramático, pero mejor poeta.” También le recordó al diario español que para esa biografía intentó, sin éxito, entrevistar a Ramón Ruiz Alonso, el diputado de la CEDA que se presentó al cuartel de la Falange con la orden de detención de García Lorca. La nota informativa que consiguió la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, base de su denuncia ante la justicia argentina, forma parte de un legajo de cartas oficiales en las que se habla de la petición de Auclair a la embajada española en París. Están precedidas de la carátula del Ministerio de Gobernación, Dependencia Política Interior, Expediente 9, Signatura 3909, y una de esas cartas, fechada el 25 de junio de 1965, es la que el Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella le envía al Ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, en la que le recuerda una carta del 24 de mayo, en la que pide su opinión sobre la petición de Marcelle Auclair. Señala: “Expuse el asunto a nuestro compañero el ministro de Información y Turismo. (Manuel) Fraga opina que parece sumamente conveniente el revisar la cuestión y averiguar si podemos o no abrir nuestros archivos sobre el episodio García Lorca”. Continúa la carta diciendo que sería útil “designar un magistrado de toda confianza y máxima autoridad que estudiara con urgencia el problema e informase inmediatamente al gobierno acerca de las posibilidades de dar la información que poseemos sobre la muerte del poeta”. La preocupación de la dictadura era evidente por remover la historia del fusilamiento del poeta universal, al menos así lo deja entrever la carta con la que el ministro Alonso Vega responde al ministro Castiella, en la que le confiesa: “Francamente me inquieta un poco la idea de desenterrar con ese motivo tan desdichado asunto”. Pero el informe policial –hoy en poder de la justicia argentina– ya había sido elaborado.