CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante pop Belinda obtuvo un amparo de un juez con el argumento de que el Ministerio Público federal, presuntamente, le ha negado el ejercicio de su derecho de defensa adecuada en una averiguación previa a la que se encuentra sujeta por delitos fiscales. De acuerdo con el sitio de internet Zeta, la defensa de la joven reclamó que la autoridad ministerial omitió propiciar una conciliación entre las partes a solicitud de la joven para pagar el crédito fiscal de alrededor de dos millones de pesos por el que fue acusada. La demanda de garantías fue admitida en el Juzgado 16 de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo de Yazmín Eréndida Ruiz Ruiz. En ella, Belinda Peregrín Shull señaló al titular de la mesa 19 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con la publicación, el amparo que obtuvo la también actriz no es contra alguna orden de aprehensión. Sin embargo, la solicitud se hizo debido a que, como presunta responsable de un delito, quiere “que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y la fiscalía no ejercite acción penal, pues ella busca arreglar su situación”. La juez le concedió la suspensión provisional del acto mientras analiza las presuntas violaciones a los derechos constitucionales que alegó la inculpada. Se prevé que el próximo 29 de septiembre se celebre la audiencia constitucional sobre el caso. El pasado 19 de agosto, Belinda se presentó con su abogado a rendir declaración en la Unidad de Delitos Financieros de la PGR, donde tiene abierta una investigación por presuntamente ocultar, alterar o destruir total o parcialmente sistemas o registros contables en 2010, delitos que se castigan con prisión preventiva de tres meses a tres años. En julio pasado, la PGR solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra por violar el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, pero el juez Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Héctor Vázquez Ferzuli, se negó –por segunda vez– a librar la orden, bajo el argumento de que la PGR carecía de los elementos suficientes para acreditar la existencia de los delitos imputados.