CHILPANCINGO. Gro.(apro).- Elementos de la Policía Preventiva Estatal (PPE) denunciaron que sus compañeros atacados en la Sierra, donde fueron asesinados tres uniformados hace dos días, no tienen equipamiento necesario para desempeñar sus funciones. Por su parte, habitantes de la Sierra señalaron que los policías estatales no fueron emboscados sino que ellos habrían atacado a guardias comunitarios y mataron a tres miembros del grupo de autodefensa de la organización denominada Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG). Enseguida, se desató un enfrentamiento entre comunitarios y estatales que dejó un saldo de seis muertos y varios heridos de ambos bandos, indicaron pobladores de la comunidad de La Vuelta, municipio de General Heliodoro Castillo. La declaración de los sierreños contradice la versión oficial replicada por el gobernador Héctor Astudillo, quien afirmó que un grupo criminal no identificado que portaba fusiles AK-47 y AR-15 emboscó a 15 policías estatales y mató a tres agentes sobre una brecha que conecta los poblados de Pueblo Viejo y San Juan Puerto del Gallo donde se encuentra un cuartel de la PPE. Este hecho refleja la expansión de guardias comunitarios que han surgido en gran parte del territorio estatal ante el vacío de autoridad y los actos de corrupción de los gobernantes en turno detectados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), sobre el uso de los recursos públicos destinados a la seguridad y combate de la violencia. La corrupción documentada Desde marzo, Apro dio a conocer que a finales de noviembre anterior la ASF emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo. Esos casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas. La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras irregularidades. Según el informe, las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. La ASF concluyó que el mal manejo de los recursos federales provocó “el incumplimiento de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero, y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. El análisis fue remitido a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad, mediante el oficio A1/332/2015, fechado el 27 de noviembre de 2015, para investigar y sancionar a los responsables de esa administración irregular. Se desconoce el estado de la investigación ordenada por la ASF, pero el gobernador Astudillo ha dicho públicamente que las auditorías a sus antecesores no son prioritarias para él. En seguimiento al informe de la ASF, esta agencia de información reveló a finales de mayo que el gobierno de Guerrero destinó de septiembre a diciembre pasado más de 66 millones de pesos a empresas privadas, algunas de ellas “fantasma”, para adquirir uniformes y equipamiento de la Policía Preventiva Estatal (PPE). No obstante, durante ese periodo y en lo que va de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, los elementos de la corporación solo han recibido una dotación de dos uniformes y un par de calzado durante el festejo del Día del Policía en enero de este año. A través de procedimientos poco transparentes, el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez y el actual mandatario, Héctor Astudillo Flores, adjudicaron 24 contratos millonarios a tres empresas y un particular, indican documentos oficiales consultados por Apro. De acuerdo con la relación de “contratos y pedidos realizados” de la dirección general de Adquisiciones y Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), se indica que el principal beneficiado durante el interinato de Rogelio Ortega fue el empresario de origen colombiano Miguel Caballero, quien recibió 60 millones 568 mil 688 pesos por 13 contratos. En la administración de Ortega, que se caracterizó por los señalamientos de corrupción y desvío de recursos, también destacan las empresas Battery Network, con nueve contratos por casi tres millones de pesos y Ala del Noroeste con un contrato por dos millones. Mientras que el gobierno de Astudillo otorgó el 22 de diciembre pasado un contrato de casi un millón de pesos a un particular identificado sólo como Claudia Montserrat López Matías. De esta forma, el gobierno estatal erogó en cuatro meses –de septiembre a diciembre de 2015–, 66 millones 653 mil 640 pesos para adquirir uniformes, calzado, chalecos blindados, equipo antimotín y fornituras destinados a la PPE, indican los informes oficiales que las autoridades tuvieron que hacerlos públicos vía acceso a la información. No obstante, las autoridades se niegan a difundir las actas constitutivas y no informaron sobre el procedimiento de adjudicación que benefició a las empresas que ha sido calificado por la ASF como irregular. Mejores condiciones En mayo, al menos 300 elementos de la PPE, en la región Centro de la entidad realizaron un paro para exigir mejores condiciones laborales y la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes. En ese entonces, los paristas demandaron además de la destitución del titular de la dependencia estatal, franquicias normales sin acuartelamiento, así como el pago de un bono mensual de riesgo de vida, aumento de viáticos y dotación de uniformes de buena calidad. Los policías reprocharon el hecho de que las autoridades les descuentan de su salario cuotas que destinan presuntamente a un instituto de seguridad social estatal y a pesar de ello les niegan el otorgamiento de préstamos argumentando que el organismo está quebrado. Por ello, los uniformados reprocharon la opacidad y falta de transparencia gubernamental pues desconocen el destino de la bolsa millonaria que recaudan los funcionarios a través de los descuentos salariales que aplican a los trabajadores al servicio del gobierno estatal. En respuesta, el titular de la SSP atribuyó a la delincuencia organizada el paro de labores realizado por policías estatales. Tres meses después de la protesta de policías que fue minizada y criminalizada por la autoridad, se registró un hecho violento en la Sierra que involucra a estatales y comunitarios que no se ha esclarecido pero exhibe el grave problema de inseguridad, violencia y corrupción gubernamental que existe en la entidad.