CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, señalado por sus presunto nexos con el narco, exhortó a sus homólogos, magistrados y jueces del país a cumplir el mandato constitucional de impartir justicia de manera “pronta, completa e imparcial” para garantizar las condiciones de paz y armonía que la sociedad reclama. También consideró que los ciudadanos exigen una mejor impartición de justicia, no sólo en el ámbito penal, que resuelva los problemas y sea ministrada de forma puntual y oportuna para vivir de manera pacífica y armónica. “Una justicia retardada es también una injusticia”, expresó Robles Hurtado, quien se desempeña como notario público en Acapulco y fue vinculado directamente con Joaquín Alonso Piedra, un empresario porteño detenido por agentes federales y actualmente preso acusado de ser el operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva en el principal destino turístico de la entidad. Lo anterior durante la inauguración de la segunda asamblea de la Comisión Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), que se realizó en el puerto de Acapulco, donde acudieron titulares del Poder Judicial del país. En el acto protocolario, el presidente del TSJ en la Ciudad de México y dirigente de la Conatrib, Edgar Elías Azar, dijo que este encuentro también es “para reconocer liderazgos” del presidente Enrique Peña Nieto y gobernadores que asumieron la reforma penal. “La Judicatura del país está presente, estamos activos, no estamos ausentes, no somos pasivos y queremos ser parte de la solución nacional; hoy estamos los juzgadores mexicanos con las camisas arremangadas poniendo lo mejor de nosotros para resolver el problema de justicia de la sociedad”, expresó Azar. En su discurso, pidió a los gobernadores poner atención al delito de la trata de personas, ya que aseguró que a nivel nacional sólo dos entidades reportan el mayor número de sentencias contra este delito. El resto, alertó, no registran o registran niveles vergonzantes en la materia. También explicó que estas nuevas y perversas formas de esclavitud y explotación humana afectan principalmente a mujeres y niños desde las condiciones culturales en las que se vive y convive, “incorporándolas para vergüenza nuestra” a la normalidad de la vida cotidiana. Además, destacó los aspectos estructurales vinculados a la pobreza y la corrupción como una forma de economía de escala. En su intervención la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García,hizo un llamado al presidente de Conatrib y al gobierno mexicano para avanzar en la elaboración de un sistema de información homologado sobre estadística de violencia contra mujeres. Al respecto, señaló que los censos y encuestas no son suficientes para medir la violencia de género, sino que se necesitan registros administrativos para geo-referenciar, medir los factores y hacer análisis. Luego recordó que para Naciones Unidas la violencia contra las mujeres es la violación de derechos humanos más extendida en el mundo, porque la misma ocurre en tiempos de guerra y paz. También dijo que los factores de violencia en México están ligados principalmente a la agresión de parejas, pues seis de cada 10 mujeres reportan este problema, y señaló que el segundo factor es la impunidad. Güezmes García refirió que la violencia contra las mujeres “no es natural” porque se puede prevenir, sancionar y eliminar, tras considerar que los tribunales pueden acelerar la erradicación de la impunidad hacia ellas. El gobernador Héctor Astudillo Flores aprovechó el foro para afirmar que Guerrero es una de las entidades con mayor crecimiento económico, “uno de los tres menos endeudados y con casi la totalidad de las escuelas funcionando en este nuevo ciclo escolar”. No obstante, evadió el tema del elevado caso de mujeres asesinadas en esta espiral de inseguridad y violencia que tiene colapsada la entidad, donde el narco controla territorios completos y ha dejado una estela de desaparecidos y desplazados.