CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El encarcelamiento de inmigrantes indocumentados, el trato hacia menores no acompañados que transitan por México y el acceso a identidad legal, educación y salud son algunos de los temas sobre los cuales el gobierno mexicano debe responder ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Tales situaciones forman parte del extenso interrogatorio que varios colectivos de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes enviaron en tres reportes separados al grupo de 14 expertos independientes, responsables de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, vigente desde 2003. El cuestionamiento común hace blanco en la visión de seguridad nacional, imbuida desde Estados Unidos, en el tratamiento de la migración irregular, de la cual México es país de origen y tránsito, pues anualmente unas 400 mil personas, en su mayoría de Centroamérica, recorren el país con la intención de cruzar la frontera norte. Para los ponentes, la aplicación a partir de 2014 del Programa Integral de la Frontera Sur repercutió en una mayor violación de derechos de los inmigrantes irregulares y recrudeció su vulnerabilidad frente a bandas del crimen organizado, quienes los cazan para asaltarlos, extorsionarlos o secuestrarlos. En un reporte de 19 páginas consultado por Apro, docenas de agrupaciones, aglutinadas en varios colectivos, señalaron que la Ley de Migración “no contempla suficientes garantías en cuanto al derecho al debido proceso en el caso de deportación, el acceso a la información, la dimensión de género y la protección de la niñez no acompañada”. Las ONG denuncian “violaciones sistemáticas y reiteradas de las personas migrantes, extendiéndose incluso a la población mexicana”. En su comunicación, acusan a México de violar la Convención, pues los inmigrantes carecen de vías legales para evitar la detención migratoria, además de no existir “autoridad imparcial e independiente” o “un mecanismo de revisión automático de la detención”. El Comité --en el cual figuran especialistas de Argentina, Ecuador, Honduras y Perú--, analizará las posturas del gobierno y las organizaciones, del 29 de agosto al 7 de septiembre en Ginebra, Suiza, durante su 25 periodo de sesiones, en preparación del examen formal de México ante la convención respectiva. La administración del priista Enrique Peña Nieto aún no ha presentado su reporte ante la instancia citada. PEM, “un engaño” “La política migratoria no se ve más allá del Instituto Nacional de Migración. Hay una negación total de derechos. Del Plan Frontera Sur no conocemos principios, objetivos o acciones”, cuestiona en entrevista con apro Enrique Vidal, del área de Defensoría de Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes, y participante en uno de los informes. Las organizaciones también censuran que el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2014 carezca de presupuesto y de evaluación de impacto sobre los flujos migratorios, a pesar de haber sido elaborado con aportes de la sociedad civil. “Ha sido un engaño, es un discurso más del gobierno de tener un programa que garantiza derechos y no se aplica”, reprocha Vidal. México se ha convertido en el acicate de los inmigrantes indocumentados, por encima incluso de Estados Unidos. Si ese país deportó en 2015 a 146 mil 132 mexicanos --33 mil 249 guatemaltecos, 20 mil 309 hondureños y 21 mil 920 salvadoreños--, México envío de regreso a 75 mil 45 guatemaltecos, 52 mil 199 hondureños y 30 mil 191 salvadoreños; en total, 158 mil 789 centroamericanos. En su reporte al Comité, el suizo Proyecto Global de Detención (GDP, por sus siglas en inglés) interpela a México por sus prácticas de detención y reclusión de indocumentados, sobre las cuales subraya una “falta de transparencia” en su situación legal. La organización emite preguntas como “¿Aún predomina la reclusión prolongada mientras son procesados los amparos o las peticiones de asilo? ¿Se trata de una política de gobierno? De ser así, ¿cuáles son las bases legales de esta práctica y cuál es el límite legal temporal?”. Además, pide al gobierno responder sobre las medidas tomadas para permitir a los detenidos ejercer sus derechos a presentar amparos y solicitar asilo sin arriesgarse a un internamiento mayor. “¿Cuál es el plazo máximo de detención migratoria en la ley y en la práctica? ¿Cuáles instituciones independientes, de derechos humanos nacionales, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, tienen acceso a todos los lugares de detención migratoria federales y estatales? ¿Es obligatoria la captura de migrantes en situación irregular?”, interroga GDP. La organización expresa que México posee una de las mayores infraestructuras de detención migratoria, superior a las de España o Francia. Por su parte, el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI) demanda en su informe que México garantice el acceso a la educación, a la personalidad jurídica, identidad y nacionalidad, así como el respeto a los derechos laborales, especialmente de las mujeres migrantes en el sur del país. Esta organización pide asignación presupuestaria, la difusión de información asequible y oportuna, la transparencia y rendición de cuentas, la armonización y adecuación legislativa y normativa de las leyes nacionales y estatales con la Convención y con otras herramientas internacionales. El refugio para inmigrantes “La 72” ha recibido denuncias de cinco secuestros masivos de indocumentados en los últimos meses en Tabasco. Infantes en zozobra Un fenómeno emergente de los últimos años es la presencia de menores no acompañados por sus padres o adultos en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia alertó en su informe “Sueños rotos - El peligroso viaje de los niños centroamericanos a los Estados Unidos”, dado a conocer el pasado 22 de agosto, sobre el aumento de ese flujo que ha ocasionado una crisis humanitaria en ambas naciones. Ese documento da cuenta que más de 44 mil 500 niños no acompañados fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos en los primeros seis meses de 2014, cantidad que se contrajo a casi 18 mil 500 en el mismo periodo de 2015. Pero en el primer semestre de este año saltó a casi 26 mil. Además, 16 mil infantes de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron interceptados en México en los primeros seis meses de este año. “El problema es cómo se aplican las leyes, hay una deficiencia muy grande. En el debido proceso, los niños pierden todas sus garantías cuando se da el retorno asistido. A los adultos se les detiene y se les retorna a sus países de origen, se les vulneran todos sus derechos. Lo manejan más como un asunto de seguridad nacional”, señaló Chantal Lucero, estudiante del doctorado de Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales de El Colegio de la Frontera Norte. Los motores de este flujo son la violencia en los países de origen, la reunificación familiar con parientes en Estados Unidos y la orientación sexual, según Lucero, integrante de la Comunidad Interdisciplinaria de Estudios Migratorios. En su investigación de campo en el sureste del país, la especialista ha descubierto que los inmigrantes rodean las garitas migratorias o pagan 200 pesos a agentes migratorios por pasar los controles. La niñez migrante se enfrenta a riesgos como robos y extorsiones a manos de grupos criminales y agentes migratorios, malos tratos y discriminación, el crimen organizado, abuso físico y sexual, así como trata de personas con fines laborales o sexuales. En su comunicación al Comité, los colectivos de organizaciones señalan que el incremento sostenido de las detenciones migratorias de menores “expone la urgencia y necesidad de implementar soluciones duraderas que garanticen la protección integral de sus derechos”. Además, GDP pide al gobierno que indique la base legal de las alternativas a la reclusión y provea de datos sobre su uso en el caso de infantes. “¿Puede México explicar por qué tantos niños son puestos en detención migratoria? ¿Están los menores separados de adultos no emparentados en esos centros? ¿Cuáles son las alternativas a la detención?”, pregunta esa organización. Por su parte, IMUMI expone que un gran porcentaje de niñas, niños y adolescentes migran no acompañados para lograr la reunificación con familiares en Estados Unidos. “Se tendrían que crear alternativas, como familias de acogida o centros donde reciban cuidados, pero no se sientan encarcelados. El problema es que no hay presupuesto para esas alternativas”, expuso Lucero. IMUMI pide privilegiar la reunificación y unidad familiar en todos los procesos administrativos migratorios, basados en el interés superior de la niñez, y generar mecanismos binacionales, federales y locales, que faciliten la reunificación de las mujeres trabajadoras migratorias y sus descendientes.