CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de la llegada a México de los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos –la visita de 10 días inicia hoy–, alrededor de 100 organizaciones civiles presentaron un informe con 61 casos documentados de abusos perpetrados por 99 empresas, la mitad de las cuales implicaron intimidaciones y amenazas contra sus opositores. A lo largo de 164 páginas del documento, las organizaciones denunciaron a 41 empresas extranjeras, 50 mexicanas y ocho paraestatales por los impactos negativos de sus “megaproyectos” en los sectores de la minería o de la construcción, extracción de hidrocarburos, proyectos eléctricos o agroindustriales, así como en el sector de la maquiladora. “En México, la influencia corporativa se observa en todos los niveles del gobierno, debilitando los procesos de protección y cumplimiento de los derechos humanos a favor de los intereses empresariales”, advirtieron. Además, subrayaron que las reformas constitucionales –ya sea en materia de hidrocarburos, minera o laboral– fomentaron la proliferación de megaproyectos. En la mayoría de los casos documentados, las víctimas de las violaciones a sus derechos humanos son las poblaciones indígenas. No sorprende que detrás de los proyectos con mayores afectaciones a los derechos humanos se encuentren filiales de los gigantes mexicanos como Grupo Hermés –de Carlos Hank Rhon–, Grupo Higa –propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú--, Grupo Carso –de Carlos Slim–, Grupo Bal –de la familia Bailléres– o Grupo México –de Germán Larrea–. Además destacan las españolas FCC, Abengoa y Enagas, la brasileña Odebrecht, la empresa de armamento alemana Heckler & Koch –que envió ilegalmente armas a México, las cuales fueron usadas por policías de Iguala en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa– y las gigantes canadienses de la minería como Goldcorp; así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y Mexichem. Otros casos involucran a los gigantes de las biotecnologías y de la industria transgénica como Monsanto, Bayer, Syngenta o Dow Agrosciences, vinculados a la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán –la cual, a su vez, afecta a los apicultores locales– y a la comercialización de semillas de maíz transgénico en el país. El grupo Bimbo también fue señalado por las organizaciones –en este caso por Greenpeace–, ya que la materia prima de sus productos proviene de los campos de la agroindustria, la cual utiliza 30 plaguicidas “altamente tóxicos”, prohibidos en otros países, pero legales en México, que dañan la salud de los campesinos y terminan por contaminar los ríos y el océano. A grandes rasgos, las organizaciones explican en fichas técnicas la problemática de cada caso y precisan qué dependencias del gobierno están involucradas en la violación a los derechos humanos. Con la mayoría de los casos, se trata de los gobiernos locales, pero también de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal para la Prevención contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris), los gobiernos estatales o las agencias de seguridad. Según el informe, las actividades empresariales depredadoras suelen afectar en un primer lugar al derecho a la tierra y el territorio –a través de las expulsiones de poblaciones–, pero también al derecho a la información –debido a procesos de consulta amañados—, al medio ambiente sano y a la salud. Las organizaciones deploraron que la justicia no ofrece la posibilidad a las comunidades a oponerse a un megaproyecto debido al “desequilibrio de fuerzas” en los litigios, los cuales pueden extenderse durante años y requerir de importantes recursos. Además, recordaron que “México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos”, en particular, para los defensores ambientales. El grupo de expertos de la ONU permanecerá 10 días en México. Durante ese tiempo, estará en la capital del país, Oaxaca, Jalisco, Sonora y el Estado de México. Además, sostendrá encuentros con funcionarios y empresarios, así como con integrantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y activistas. Sin embrago, desde antes, las organizaciones urgieron a los expertos de la ONU reconocer la crisis de los derechos humanos en México. Al gobierno mexicano le instaron a enfatizar sobre el control y la regulación de los sectores empresariales “relacionados con proyectos de gran escala y de la industria extractiva”. Asimismo, plantearon que “el Estado deberá investigar y castigar a actores empresariales acusados de violar de alguna manera los derechos de quienes defienden los derechos humanos”.