CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto y al Senado a atender cuanto antes las miles de desapariciones en el país, al recordar a las autoridades su obligación en la búsqueda y esclarecimiento del destino de los miles de desaparecidos en el país, tanto nacionales como migrantes, y a los legisladores la urgencia de sacar adelante la ley general en la materia. En un comunicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el representante del Alto Comisionado en México, Jan Jarab, advirtió de la urgencia de llevar a cabo estrategias diferenciadas para localiza a las víctimas. “La magnitud y complejidad de esta problemática obliga a que las acciones de búsqueda adopten distintas metodologías y estrategias. Se necesita un enfoque diferencial para migrantes, mujeres, niñas y niños; priorizar la búsqueda con vida y atender tanto los casos más recientes como aquellos que ocurrieron desde los años sesenta”, señaló Jarab en el comunicado. La representación de la ONU en materia de derechos humanos insistió en “la obligación de las autoridades de poner en el corazón de sus esfuerzos la búsqueda efectiva de todas las personas desaparecidas con el objetivo de esclarecer su destino, garantizando la participación e inclusión de las familias y organizaciones en dichos procesos”. Al advertir que mientras las familias no conozcan el destino de sus seres queridos, donde “la incertidumbre y el dolor se acumulan”, Jarab hizo un reconocimiento a los colectivos de familiares de desaparecidos y a las organizaciones de la sociedad civil y académicas que los acompañan en su búsqueda de “verdad y justicia, pese a enfrentarse a numerosos riesgos y obstáculos”. Tras reconocer el esfuerzo de algunos funcionarios para encontrar a víctimas, y de registrarse “experiencias positivas” en Nuevo León y Coahuila, la oficina de la ONU advirtió que “se requiere la implementación de mecanismos de rendición de cuentas para aquellos servidores públicos que por acción u omisión obstaculicen la búsqueda de las personas desaparecidas”. En cuanto a restos humanos encontrados en fosas clandestinas, la representación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU puntualizó que “es esencial que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que sean tratados con dignidad y respeto, y sean analizados conforme a los más elevados estándares científicos, garantizando identificaciones veraces y confiables que permitan una restitución apropiada”. Ante la discusión de la ley general sobre desapariciones de personas, la oficina de la ONU consideró que el Congreso tiene una oportunidad para dialogar con las familias y organizaciones civiles que las acompañan, y con ello “crear una fuerte estructura institucional de búsqueda bajo la coordinación de la Federación”. Luego agregó que dicha estructura “debe tener los recursos necesarios para su funcionamiento, coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda independientes a las que se realizan para las investigaciones de la responsabilidad criminal”. Después de exhortar a que la ley general sea aprobada a la brevedad, la oficina de derechos humanos de la ONU manifestó su solidaridad con los familiares de víctimas y organizaciones que los representan, y reiteró su “disposición a seguirles acompañando en la búsqueda de sus seres queridos y en la reivindicación de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.