HERMOSILLO, Son. (apro).- El exsecretario de Agricultura en el gobierno panista de Guillermo Padrés, Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, detenido por la Interpol la noche ayer, cuenta con varios ilícitos del orden federal y estatal, como peculado, abuso de autoridad y uso indebido del ejercicio público y de facultades. Según fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR), la orden de aprehensión contra el exfuncionario fue concedida por el juez Segundo de Distrito radicado en esta capital por el delito de ejercicio abusivo de funciones previsto en la fracción primera del artículo 220 consagrado en el Código Penal Federal. Ortiz Ciscomani quedó bajo proceso penal con expediente 54/2016, luego de ser detenido por los agentes internacionales en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en el momento en que iba a tomar un vuelo a Hermosillo, después de su llegada de Madrid, España. En 2009, justo al iniciar la administración de Padrés, el exsecretario de Agricultura fue acusado de destinar apoyos millonarios de la dependencia a empresas de su familia. De acuerdo con investigaciones periodísticas y ministeriales, entre 2009 y 2011 habría desviado 36 millones de pesos al rancho vitícola de su propiedad, denominado El Pañuelito, así como a las empresas El Chipilón, La Consentida, Agropecuaria Chipa y Orcis Shadehouses. Las indagatorias precisan que Ortiz Ciscomani benefició a gente cercana a él con recursos federales y estatales para que adquirieran ganado, tractores, líneas de riego y otros insumos, lo que derivó en su detención. El supuesto desvío de recursos se hizo desde los programas de Adquisición de Activos Productivos –que forma parte del proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 2010– y de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. En 2014 el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) inició un juicio resarcitorio contra el entonces secretario de Agricultura y la directora de Planeación, Administración y Evaluación, Marta Beatriz Vallejo Ruiz, por un depósito de cerca de 32 millones 244 mil 626 pesos a cuentas particulares de desconocidos. La investigación en contra de ambos exfuncionarios, que inició el 7 noviembre de 2013 con el folio AAE/002/13, está orientada para que devuelvan los recursos que provienen de un Fondo Revolvente asignado en 2011 a la Secretaría de Agricultura y que se ejercieron fuera del Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF), en contravención de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. En la cuenta pública de 2012, el auditor mayor del ISAF, Eugenio Pablos Antillón, señaló que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura “recibe y ejerce indebidamente recursos diferentes a los de un Fondo Revolvente, los cuales utiliza para sufragar gastos de los Programas de Inversiones Estatales de Financiamiento y del Convenio para el Desarrollo Rural Sustentable, función que debe realizar única y exclusivamente la Secretaría de Hacienda del estado, según lo establecen las disposiciones correspondientes”. Añadió: “Aun cuando ejerce los citados recursos, no lleva un sistema de registro contable en el cual controle las operaciones, manejando solamente libros de bancos”. El recurso por el que se emprendió el juicio resarcitorio ese año no tiene un origen claro en la cuenta pública de 2011, incluso para el mismo ISAF, ya que desconoce por qué la dependencia no ejerció el recurso ese mismo año e inició el siguiente (2012) con un saldo favorable que a la postre se ejerció discrecionalmente al no utilizar el SIIAF. El juicio resarcitorio se fundamentó conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Sonora, que a la letra dice: “Si aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de daño patrimonial al estado o a los municipios en su Hacienda Pública, el Instituto procederá a fincar las indemnizaciones resarcitorias”. Como en casa El 19 de agosto de 2014, Héctor Ortiz Ciscomani acudió a una comparecencia por orden de la Comisión de Vigilancia del ISAF, para que aclarara el desfalco de 49 millones de pesos de origen público para la cabalgata “Bicentenario”, organizada en 2010 por Padrés. Según el reporte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) de 60 facturas que pagó la Secretaría de Agricultura estatal, 19 resultaron apócrifas. “A lo mejor estos cobros fueron una falla humana en el sentido de que les fue muy fácil cargarle esos gastos a mi secretaría”, justificó aquella mañana Ortiz Ciscomani en la sede legislativa sonorense. Y aclaró: “Le he pedido a Eugenio Pablos (titular del ISAF) que investigue a fondo, y yo les pido a ustedes (diputados) que me den la oportunidad de acercarme a Hacienda para que me expliquen”. Asimismo, reveló que Pablos, del ISAF, “ha sido mi asesor durante 30 años y lo conozco muy bien y sabe de qué pata cojeo. Él sabe por parte mía que no vamos a cometer un desfalco. Se le solicitó al ISAF una investigación a fondo y no lo ha querido hacer, no sé si el ISAF sea juez y parte en esto”. En aquella ocasión el exsecretario intercambió opiniones con los legisladores locales por más de seis horas, y al cabo del interrogatorio dijo a los representantes de los medios de comunicación: “Vinimos a atender la invitación que nos hicieron. La verdad que todos los diputados me hicieron sentir como en mi casa, todo salió muy bien, todo quedó aclarado”.