CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un grupo armado secuestró al regidor del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, postulado por Movimiento Ciudadano (MC), Alejandro Reyna Estrada, y a cuatro personas más en la parte serrana de este municipio, considerado como el principal productor de amapola y heroína en la entidad. El funcionario municipal y las otras víctimas fueron privados de su libertad el pasado domingo 28, en el poblado de San Miguelito, cuando se encontraban en un domicilio, según reportes oficiales. Los informes refieren que cerca de las 06:00 horas, al menos 20 sujetos armados irrumpieron en el poblado a bordo de camionetas, se dirigieron a la casa del regidor de Seguridad Pública y se lo llevaron por la fuerza, junto con otras cuatro personas, entre ellas, un ganadero identificado como Vicente Olivares. El secuestro provocó que el resto de los pobladores abandonara la comunidad para garantizar su seguridad. Y es que la zona del plagio se ubica en la región de Tierra Caliente, donde la narcoviolencia ha provocado el desplazamiento masivo de personas en esta franja controlada por la delincuencia y donde abunda la producción minera y de amapola. El caso del secuestro del regidor Reyna Estrada es el segundo atentado contra funcionarios de la administración municipal que encabeza el alcalde perredista, Juan Mendoza Acosta. A principios de noviembre pasado fue ejecutado el regidor perredista de San Miguel Totolapan, Roberto García García, en la comunidad de El Terrero. El crimen sigue impune. Apenas el sábado 27 de agosto, un comando secuestró a seis trabajadores de la mina Beneficiadora de Minerales Temixco, ubicada en el municipio de Arcelia, zona vecina a San Miguel Totolapan. Hasta la fecha, los mineros siguen desaparecidos y las autoridades han hecho mutis del delito. Apenas en enero pasado, Proceso difundió un texto titulado “En Tierra Caliente se muere de impunidad”, donde se dio a conocer que el secuestro masivo de 21 personas, entre ellas una familia en Arcelia y cinco profesores en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, exhibió la impunidad y violencia que prevalecen en la entidad. La acción criminal también evidenció el fracaso de la estrategia de seguridad federal coordinada por el Ejército desde diciembre de 2014 en la región de la Tierra Caliente, donde la delincuencia mantiene su control territorial. El grupo que dirige un sujeto conocido como El Tequilero, al servicio de Guerreros Unidos, le disputa a La Familia, encabezada por Johnny El Mojarro Olascoaga Hurtado, el control de las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra Caliente. Sus recientes saldos muestran cómo la delincuencia logró enquistarse en la industria minera, en la que se han convertido en socios de las empresas extranjeras, e incluso les rentan maquinaria con la anuencia de autoridades de los tres niveles. Desde el año pasado, el exdiputado federal perredista vinculado con el narco, Catalino Duarte Ortuño, acusó públicamente al exalcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, de ser compadre de El Tequilero y permitir que convirtiera en su bastión este municipio, considerado como el principal en la producción de heroína y mariguana.