CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La activista Elena Villafuerte espera que el próximo 7 de septiembre, los expertos de la ONU sobre empresas y derechos humanos que se encuentran en el país “hagan recomendaciones fuertes y respalden lo que otros organismos nacionales e internacionales señalaron sobre la crisis de derechos humanos en México”, y aprovechen de la conferencia de prensa que ofrecerán ese día para enfatizar sobre “la captura corporativa del Estado” que impera en el territorio mexicano. En entrevista con Apro, Villafuerte, integrante del área de justicia transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), asevera que “por lo menos desde la reforma del artículo 27 (en 1992) hasta la fecha la legislación es regresiva”, pues sostiene que a raíz de la reforma energética y la ley sobre Zonas Económicas Especiales “el marco legal está legalizando el despojo a las comunidades”. Los expertos –el indígena ruso Pavel Sulyanziga y el chileno Dante Pesce-- tienen el mandato de verificar que México respete los 31 principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humano. La visita de trabajo, que arrancó el lunes pasado, ocurre en medio de “una coyuntura importante”, según Villafuerte: Menciona, entre otros, el conflicto magisterial, “el sistema de corrupción”, la violencia y la inseguridad, así como la crisis de derechos humanos. “El grupo de trabajo viene en esta visita oficial a México en un marco que varias organizaciones de la sociedad civil identificamos como de crisis en materia de derechos humanos en distintos niveles y, en este caso, en el marco de las actividades empresariales, que tiene que ver con el desarrollo de proyectos de grandes inversiones”, sostiene la activista, quien denuncia “un fenómeno de captura corporativa del Estado”. Toma el ejemplo de la legislación agraria, la cual “todavía es lo más protector que tenemos en materia de propiedad de la tierra”, precisa. “Esta legislación es protectora en la letra pero la sentencia depende mucho de lo que pasa en los tribunales, hay un desbalance de poder entre las empresas y las comunidades. Tienes que confiar que quién está a cargo en tribunales agrarios actúe de acuerdo a los más altos estándares de impartición de justicia. Pero no siempre sucede así”, lamenta. Si bien la Secretaría de Gobernación (Segob) extendió la invitación a los expertos de la ONU en enero pasado, las organizaciones cabildearon para que el grupo diera prioridad a México, ya que en un principio la visita debía llevarse a cabo en Perú, asevera Villafuerte. Contexto difícil Durante la entrevista se evocan las pésimas condiciones en las que se encuentra la actual administración. Se mencionan la tasa de desaprobación popular récord que sufre Enrique Peña Nieto en vísperas de su cuarto informe, los escándalos de corrupción que lo salpicaron a él y a sus cercanos, pero también los informes nacionales e internacionales que exhibieron la crisis de derechos humanos sin precedentes que vive el país. --En estas condiciones, ¿Por qué el gobierno invitó a este grupo de expertos?, se le pregunta a Villafuerte. “Ha habido mucha presión desde la sociedad civil. Hubo una especie de cierre por parte del gobierno, sobre todo después del informe de Juan Mendez (el relator especial de la ONU sobre tortura) y del trabajo que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado del caso Ayotzinapa”, analiza. A raíz de ello, “el gobierno no ha querido recibir recomendaciones ni menos otras visitas de expertos”, recuerda Villafuerte. Cita el ejemplo de Michel Forst, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, cuya visita a México --prevista para el pasado mes de mayo-- fue cancelada por el gobierno mexicano, el cual pretextó “motivos de agenda”. “Pero en paralelo hubo mucha presión para que México acepte abrirse de nuevo al escrutinio internacional”, asevera la activista. Abunda: “el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos es mucho más amable que otros procedimientos especiales de la ONU porque su mandato no le permite conocer o resolver sobre casos específicos de violaciones a derechos humanos”. El lunes pasado, para su primer día de visita oficial en México, los expertos recibieron representantes de la sociedad civil. Le entregaron un informe, divulgado el día anterior, en el que cerca de cien organizaciones documentaron 61 casos de violaciones a los derechos humanos, perpetrados por 99 empresas en diversas entidades del país. Durante su visita de diez días en el país, el grupo visitará la Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Sonora, Jalisco y el Estado de México, donde sostendrán encuentros con representantes de los sectores gubernamentales y empresariales y con pobladores afectados y activistas de la sociedad civil. Entre otros, se sentará a discutir en privado con representantes de Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo y de la cementera CEMEX, pero también de las mineras Goldcorp, TransCanada o de la empresa Eólica del Sur –que desarrolla megaproyectos eólicos en Oaxaca--, así como de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Plan Nacional de Acción” ProDESC fue una de las organizaciones que empujó para que la Segob extendiera la invitación a los expertos. También forma parte del “Grupo Focal” de ocho organizaciones que convocó la Segob para participar a la elaboración de un “Plan Nacional de Acción” en materia de empresas y derechos humanos. Villafuerte indica que varios gobiernos están redactando o ya elaboraron planes similares. A través de estos documentos, los Estados pretenden acercar sus políticas públicas y marcos normativos a los 31 principios rectores de la ONU. Según la activista, estos planes no necesariamente derivan de una buena intención de los Estados para blindar los ciudadanos frente a los abusos de las empresas: es sobre todo una forma de eludir el tratado vinculante en la materia que se encuentra en discusión en la ONU. 14 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido –de los que provienen muchas empresas transnacionales--, ya marcaron su oposición a un instrumento vinculante; México formó parte de los 13 países que se abstuvieron. La diferencia no es menor: Un tratado jurídicamente vinculante obligaría los Estados y las empresas a regular las actividades de las transnacionales y a castigar los abusos a los derechos humanos con apego a los estándares internacionales. Los planes nacionales de acción, por su parte, son interpretaciones “voluntarias” que hacen los gobiernos de los 31 principios rectores de la ONU. Estos planes “son mucho más flexibles y amables (para las empresas) que un tratado vinculante”, subraya Villafuerte. --Si el Estado está capturado por estos intereses corporativos, ¿Cuál es el interés del gobierno mexicano en implementar este plan de acción?, se le pregunta. “Por lo que estamos viendo, no va a ser un plan de acción que va a ser muy robusto”, responde. Hasta la fecha, informa la activista, la Segob organizó cuatro juntas ordinarias y dos extraordinarias. Reunió integrantes del grupo focal e integrantes del sector empresarial. Pero hasta la fecha, deplora Villafuertes, las organizaciones de la sociedad civil aun no perciben cuáles van a ser las prioridades en el plan nacional de acción. “La verdad es que todavía (las reuniones) no se concretizan en nada”, subraya. “Para nosotros como sociedad civil es muy importante que las comunidades afectadas puedan estar en la mesa. Esto lo hemos repetido en varias ocasiones con la Segob; hasta el momento no ha habido respuesta a esta solicitud”. Sin embargo, la activista teme que la “celeridad” con la que la Segob pretende elaborar el Plan Nacional de Acción --a finales de este año-- dé luz a un documento débil, como fue el caso en Colombia, donde hubo varias críticas “por no ser un proceso abierto ni participativo, particularmente desde el punto de vista de la sociedad civil”. Por ello, tiene esperanza de que las observaciones preliminares que divulgará el grupo de trabajo el próximo 7 de septiembre incidan sobre el plan nacional de acción.