MADRID (apro).- Mariano Rajoy no puede encabezar la lucha contra la corrupción en España. Eso se lo reprochan los partidos opositores, como el Socialista Obrero Español y Podemos, porque el gobierno del Partido Popular (PP), de la legislatura 2011-2015, es el “gobierno de la corrupción”, dijo el socialista Pedro Sánchez. Este tema de regeneración democrática estuvo presente estos días de sesiones en las que Rajoy pidió la confianza de una mayoría parlamentaria para ser reelecto, aunque él solo le dedicó un minuto y 30 segundos al asunto en su discursó de más de una hora, pese a ser la segunda preocupación de los españoles, solo después del paro. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España, de mayo pasado, el 47,5% lo considera un tema de mucha preocupación. Subió ocho puntos respecto al estudio anterior, realizado en enero de este año. En febrero, varias universidades y la Cámara Nacional de Mercados y Competencia dieron a conocer un estudio que señala que la corrupción en España tiene un costo total de casi 90 mil millones de euros cada año. Más de la mitad de lo defraudado (47 mil 600 millones) se corresponde con los sobre costos en la administración del Estado, esto es, por las deficiencias en el control de las contrataciones públicas. Los otros 40 mil millones son los derivados de forma directa e indirecta de las múltiples formas que tiene la corrupción. En su discurso ante el pleno de la Cámara, Rajoy aseguró que en su gobierno “la corrupción se persigue hoy más que nunca y los castigos son los más elevados que se han conocido”. El dato es cierto en parte: Hay un cúmulo de casos de corrupción abiertos y casos que son investigados o procesados judicialmente, pero es por la actuación de jueces, fiscales y unidades técnicas del Estado, incluida las de la policía y la Guardia Civil, pero no por una voluntad expresa de Rajoy. De hecho, Rajoy fue omiso en hablar de los procesos judiciales que enfrenta su partido, dirigentes y gobernantes de su partido, incluso, que en documentos oficiales el PP está señalado por bloquear a la justicia en los casos que los involucran. Isabel Elbal, abogada de Observatori Desc en la acusación popular por los casos Gürtel/Papeles de Bárcenas, las mayores tramas de corrupción política que salpican al PP, recordó en una entrevista de televisión que el PP no colabora con la justicia. En este caso, el juez de la Audiencia Nacional señaló en un auto judicial que el PP dio “cobertura a una facturación oficial ficticia”. Elbal recordó que los directivos del partido ordenaron la destrucción de los discos duros de las computadoras de Luis Bárcenas, el tesorero del PP implicado en la trama, y con ello es casi seguro que se perdieron pruebas fundamentales que salpicaban a la jerarquía de ese instituto político, como lo recogen resoluciones de la Audiencia Nacional. La justicia imputó al PP como persona jurídica por este caso y le reprocha su falta de colaboración. Es el primer partido en la democracia española que, como institución, está acusado por corrupción en los tribunales. También es el partido al que, por orden judicial, la policía ha tenido que entrar en dos ocasiones para realizar registros e incautar documentación y pruebas para robustecer las investigaciones. En esa entrevista, Elbal señaló que el PP como persona jurídica “está afectada por la investigación”, con independencia de las personas físicas dentro del PP que pudieran presuntamente haber cometido determinados delitos. En abril de 2015, en la presentación de su libro El Fango. Cuarenta años de corrupción en España (Debate. 2015), el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, consideró que la corrupción en España es “sistémica” y que pese a los instrumentos legales e institucionales para su combate, el poder judicial lo hace casi de manera “artesanal”. Fue muy crítico contra “la persecución de los jueces por el Partido Popular”, porque ha “obstaculizado” desde el principio el pleno desempeño de las investigaciones sobre la trama “Gürtel”, el mayor enredo de corrupción política que atraviesa al partido de Mariano Rajoy. Garzón lo dijo con conocimiento de causa, porque sufrió en propia carne la persecución del PP cuando se atrevió a abrir la causa por el caso Gürtel y conducir la investigación en su primera etapa. Luego fue separado de su ejercicio como juez durante 11 años, por prevaricación, por haber ordenado la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los jefes de la trama corrupta y sus abogados, ante la sospecha de que desde su reclusión los involucrados estaban tratando de mover fuertes sumas de dinero y destruir pruebas. Para Garzón, en España “no existe voluntad” de combatir la corrupción, y considera que pese al creciente rechazo ciudadano en contra de ese flagelo, “aún no hay un castigo social suficiente contra la clase política o empresarial involucrada en esas actividades”. Y el mejor ejemplo de ello son las altas votaciones que el PP consiguió en la elección de diciembre pasado y en las del 26 de junio, pese a que los casos de corrupción se atropellan uno a otro. En este marco, Ciudadanos propuso a Mariano Rajoy un pacto para presentarse a la investidura, en el que incluyó seis medidas que el PP debía aceptar para que el grupo parlamentario de Albert Rivera apoyara la investidura de Rajoy. Quizá la que más atención atrajo fue el tema del combate a la corrupción. No obstante, el acuerdo final fue criticado, porque las medidas se van por las ramas del problema y no inciden en temas centrales de su combate. Hasta hace unos meses, durante el fallido primer intento de investidura del socialista pedro Sánchez, en marzo pasado, Rivera –el nuevo socio del PP– decía que Mariano Rajoy no podía encabezar la lucha contra la corrupción, porque “no tiene credibilidad”. Decía: “Si en el PP no pueden limpiar su casa, no creo que puedan limpiar España de corrupción”. Joaquim Bosch, magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, escribió en un artículo sobre el pacto que formalizaron Ciudadanos y el PP, al que critica porque “no propugna reformas legales efectivas para acabar con la enorme arbitrariedad con la que las administraciones públicas realizan sus contrataciones, que es lo que facilita el desvío ilegítimo de millones de euros a bolsillos privados a través de mordidas escandalosas”. Cree que no se aportan medidas que permitan a los juzgados de instrucción llevar adelante sus investigaciones en plazos razonables y con instrumentos adecuados. “Ni apuesta por el endurecimiento de las penas para los corruptos, que siguen disfrutando de un tratamiento punitivo bastante benévolo”. Bosch sostiene que el texto del pacto alteró “el concepto de corrupción, claramente a la baja, para excluir delitos tan relevantes como la prevaricación, la malversación, el tráfico de influencias o determinadas formas de cohecho”. Consideró “poco comprensible” esos esfuerzos negociadores “casi a la desesperada para suprimir infracciones penales que forman parte del catálogo de delitos que persigue la Fiscalía Anticorrupción”. No solo piensa que esas exclusiones “restan credibilidad al pacto, al proyectar sombras sobre la voluntad real de actuar contra la corrupción”, sino que es un claro mensaje a los corruptos, que “han quedado muy tranquilos. Saben que estas medidas van a poder seguir maniobrando entre bambalinas de las adjudicaciones públicas”. Por lo pronto, a ver cuál es la reacción de Mariano Rajoy y su equipo político cuando, a partir del 3 de octubre, inicie el juicio por el caso Gürtel primera etapa, en la que podrían surgir nuevos elementos que desnuden las tramas corruptas dentro del PP.