Los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno colombianos ponen fin a más de medio siglo de guerra; es difícil determinar quién ganó y quién perdió en ese conflicto, pues uno de los principales motores del alzamiento de las FARC fue el reparto agrario, y ése sólo se logró a medias. Habrá, sí, reparto de algunas tierras, pero los analistas estiman que la pobreza seguirá ahí, al igual que los desequilibrios de siempre entre el campo y la ciudad. Por lo pronto, el futuro de los principales excombatientes está en la arena política, donde también tienen enemigos acérrimos. BOGOTÁ (Proceso).- La guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) terminará donde tuvo su origen: en el campo. Y lo hará con una tímida reforma agraria que, si bien está lejos del ideario revolucionario que abrazó esa guerrilla al alzarse en armas, en 1964, es un avance en un país donde un puñado de latifundistas –1.4% de propietarios de predios rurales– es dueño de la mitad de la superficie agropecuaria. En ese contexto de concentración de la propiedad rural, las FARC consiguieron que el Estado reparta 3 millones de hectáreas a campesinos que no tienen tierra o que la tienen de modo insuficiente. Así lo establece el acuerdo final de paz que terminaron de negociar esa guerrilla y el gobierno colombiano el pasado miércoles 24 en La Habana. El documento, de 297 páginas, incluye seis acuerdos que comenzarán a implementarse el día en que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, firmen en septiembre los textos negociados. Pero más allá del acto protocolar que protagonizarán Santos y Timochenko –dos candidatos al Premio Nobel de la Paz 2016–, los compromisos que han asumido las partes ya son de obligatorio cumplimiento. No contemplan, como buscaban las FARC, transformaciones estructurales del país, pero sí una serie de reformas en los ámbitos agrario, político y judicial para poner fin a una guerra de 52 años. El punto uno del acuerdo final, desarrollo rural, compromete al gobierno no sólo a repartir 3 millones de hectáreas, sino a extender títulos de propiedad de otros 7 millones de hectáreas ocupadas de manera informal por pequeños campesinos en las llamadas “zonas de colonización”. Las FARC buscaban el reparto y titulación de 20 millones de hectáreas. Consiguieron la mitad, 10 millones –la quinta parte de la superficie agrícola del país–, con un plazo de una década para culminar el proceso. Y aunque el Programa Agrario que lanzó esa guerrilla en 1964 exigía confiscar la tierra a los latifundistas para entregarla “a los campesinos que la trabajan”, eso no ocurrirá. Los predios que se repartirán como resultado de los acuerdos de paz serán mayoritariamente los que ha recuperado, o recuperará judicialmente el Estado, de narcotraficantes, paramilitares de extrema derecha y particulares que se han apropiado indebidamente de ellos. Según estimaciones oficiales, latifundistas, ganaderos, paramilitares y la guerrilla despojaron de 6.6 millones de hectáreas –12% de la superficie agrícola– a sus legítimos propietarios. A pesar del reparto de predios y del apoyo que recibirá el campo en infraestructura y servicios sociales, el modelo de propiedad de la tierra en Colombia permanecerá inalterable. Las FARC tampoco tuvieron éxito en su objetivo de limitar la propiedad rural a 100 hectáreas. El sociólogo Ricardo Vargas, experto en conflictividad rural, afirma que la política agropecuaria del gobierno busca fortalecer a las grandes empresas agroexportadoras y asignar a los campesinos el papel de proveedores de materia prima o de trabajadores de esas compañías propietarias de latifundios. Política y revolución Para el exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor Manuel Moncayo, el acuerdo de desarrollo rural con las FARC será, en los hechos, una “reforma agraria parcial” porque además de prever el reparto y la titulación de tierras, formaliza las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC), en las que viven campesinos pobres, y se compromete a apoyarlas. En las ZRC, que la derecha colombiana considera “repúblicas independientes” y bastiones de las FARC, se deberán repartir tierras y otorgar títulos de propiedad a los campesinos que las trabajan, según el acuerdo de desarrollo rural. Moncayo, un abogado y politólogo que fue relator e integrante de la Comisión Histórica del Conflicto creada el año pasado para estudiar los orígenes de la guerra en Colombia, considera que el acuerdo final de paz con las FARC es muy positivo porque logró terminar la guerra entre el Estado y esa guerrilla. Esto, dice, no significa que el conflicto social y económico colombiano se acabó, porque las causas que lo originaron siguen allí: pobreza, falta de acceso a la tierra, exclusión política, violencia estatal y profundos desequilibrios entre el campo y la ciudad. Las tasas de pobreza, analfabetismo y falta de acceso a educación y salud en el campo duplican a las de las ciudades. Seis de cada 10 campesinos tienen insatisfechas sus necesidades básicas. Moncayo señala que con los acuerdos de paz será más fácil enfrentar estas brechas sociales. No sólo porque prevén cuantiosas inversiones en el campo en infraestructura –vial, de riego y agua potable, eléctrica–, escuelas, centros médicos, viviendas, asistencia técnica y créditos, sino porque las FARC, desde la trinchera política, y la sociedad estarán alertas de que así ocurra. “Las FARC van a continuar, como un movimiento político, con sus pretensiones de transformación del orden social vigente. Ya no con las armas, sino por la vía de la acción política”, señala el exrector de la principal universidad pública de Colombia. Dice que, en ese sentido, los acuerdos de paz son un instrumento que facilitarán la expresión de un movimiento revolucionario por medios distintos a las armas y la violencia y, “de cumplirse, van a permitir que se avance en la construcción de un nuevo país, menos excluyente e inequitativo”. Las FARC, sostiene Moncayo, mantienen su aspiración revolucionaria porque no han renunciado al ideario teórico-político, pero ahora lo impulsarán como movimiento político, no como guerrilla. De hecho, los jefes de las FARC que participaron en las negociaciones de paz que concluyeron en La Habana el pasado miércoles 24 viajarán en los próximos días a Colombia para presidir la X Conferencia de esa guerrilla, que se llevará a cabo en un caserío del centro-oriental departamento del Meta, en la cual las tropas aprobarán los acuerdos y decidirán transformarse en un partido político legal. Salto al siglo XXI Precisamente el punto dos de los acuerdos de paz es el de participación política, mediante el cual la guerrilla, al convertirse en organización política, tendrá al menos cinco escaños asegurados en el Senado y otros cinco en la Cámara de Representantes (diputados) durante dos periodos legislativos, los que inician en 2018 y en 2022. Los desmovilizados de las FARC que hagan política contarán con un riguroso esquema de protección que incluirá a exguerrilleros, policías y efectivos de la Unidad Nacional de Protección, así como vehículos blindados, equipo de comunicaciones y chalecos antibalas. Todo esto, pagado por el Estado. El propósito es que no se repita la experiencia de la Unión Patriótica, un partido político surgido de un fallido proceso de paz con las FARC en los ochenta y que fue exterminado por paramilitares y agentes del Estado. Tres mil 186 militantes y dirigentes de esa organización que actuaba en la legalidad fueron asesinados Además, el partido político de las FARC tendrá acceso a medios de comunicación públicos y comunitarios, y el gobierno impulsará en el Congreso un Estatuto de la Oposición, que dará garantías a los partidos minoritarios y las organizaciones surgidas de los acuerdos de paz. El profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado Jairo Libreros considera que el acuerdo anunciado el miércoles 24 en La Habana representa para Colombia un salto cualitativo en materia de lucha contra la inequidad política, económica y social que ha prevalecido en el país desde su independencia. “En esa medida, estamos ante uno de nuestros acontecimientos históricos más importantes, porque esto significa poner fin a más de medio siglo de guerra y superar un lastre que nos ha impedido crecer en todo el potencial. Y es la posibilidad de una transformación profunda que normaliza a Colombia, que la saca de una situación de excepción, como es la guerra”, afirma. El abogado, politólogo y doctor en sociología jurídica sostiene que todavía quedan retos por delante para pasar la página de la guerra con las FARC, como el plebiscito de refrendación de los acuerdos, “pero estamos ante una hoja de ruta para refundar al país y tener mejores condiciones de vida, sobre todo en el campo, donde se originó el conflicto”. Los acuerdos, agrega, ponen a Colombia –el único país de América Latina donde nunca se ha concretado una reforma agraria– en el siglo XXI. El costo de la paz Esto, desde luego, va costar mucho dinero en un momento en que la caída de los precios internacionales del petróleo y las materias primas tienen al país en una situación fiscal muy ajustada y en medio de una desaceleración económica. Según estimaciones del exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, sólo el cumplimiento del acuerdo de desarrollo rural requiere inversiones por alrededor de 28 mil millones de dólares durante una década, unos 2 mil 800 millones de dólares al año. A esa cifra hay que sumar lo que costará la atención a víctimas del conflicto, que el gobierno estima en unos 4 mil millones de dólares para 2017. Los gastos fuertes comenzarán a correr desde octubre, cuando después del plebiscito los guerrilleros de las FARC se ubicarán en 31 puntos del país en los que una misión de la ONU verificará el cese bilateral y definitivo del fuego y recibirá las armas de los combatientes. Según estimaciones del gobierno colombiano, esas zonas, que serán campamentos temporales, albergarán a unos 6 mil 770 guerrilleros y 8 mil 500 milicianos. Es decir, unos 15 mil 270 hombres y mujeres de las FARC que recibirán a partir de ese mes unos 206 dólares mensuales cada uno. Esto suma 3 millones dólares cada 30 días. Según los acuerdos –que serán inmodificables y de obligatorio cumplimiento para éste y futuros gobiernos, porque tendrán rango constitucional–, los desmovilizados recibirán ese subsidio durante un máximo de 24 meses, lo que le costará al gobierno colombiano 75 millones de dólares. En apoyos para emprender proyectos productivos y en un subsidio de 660 dólares que se entregará por una sola vez a cada guerrillero, el Estado gastará otros 50 millones de dólares. Para el jefe de negociadores de paz del gobierno, Humberto de la Calle, esos gastos son mucho menores comparados con los costos económicos y sociales de la guerra. “Un helicóptero Black Hawk cuesta 28 millones de dólares. ¿Es mejor eso que pagar un subsidio de reincorporación a la vida civil a cada guerrillero?”, planteó De la Calle el pasado jueves 25 en La Habana. Y es que los opositores a los acuerdos, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, están cuestionando el costo de la paz como parte de su campaña por el “No” con miras al plebiscito. Esa consulta electoral, programada para el próximo 2 de octubre, será el primer escollo que tendrán que superar los acuerdos de La Habana. Aunque la mayoría de las encuestas comienzan a reflejar una tendencia a favor del “Sí” a los pactos de paz, el “No” aparece a la delantera en otros sondeos. El abogado y politólogo Jairo Libreros considera que el entusiasmo que está generando en el país el fin de la negociación con las FARC y la firma de los acuerdos, el mes próximo, antes del plebiscito, terminará por decantar a los colombianos a favor del “Sí”.