En sus últimos 25 años de vida, el autor de “No tengo dinero” enfrentó severas crisis fiscales en México y Estados Unidos, así como demandas de diversa índole por despido injustificado a músicos suyos o cancelar conciertos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los tremendos conflictos de Juan Gabriel con el erario empezaron en 1989 en el país. En ese año, la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció a 362 evasores y ahí se encontraba el intérprete de “Querida” y “Noa Noa”. Después, de nuevo se le ligó con la evasión fiscal en 1994 y otra vez en 1997. Pero 1998 ya lo acusaron que adeudaba un monto a Hacienda, aunque nunca se reveló cuánto. En el 2000, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le embargó al cantante tres propiedades ubicadas en Ciudad Juárez, por un monto de 114 millones de pesos, entre las cuales se encontraba la casa que le compró a su mamá, donde ella fue empleada doméstica. Luego en ese mismo año le embargaron otras once propiedades de Acapulco, Cuidad Juárez, San Miguel de Allende y Torreón. Según varios medios impresos, el compositor las recuperó al pagar 22 millones de pesos, pero en 2004 se dio a conocer que aún debía 90 millones de pesos. El 4 de octubre del 2001, la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS, sus siglas en inglés) de Estados Unidos le envió a Juanga una notificación donde se le informaba de un adeudo fiscal de 1994 a 1997, años en los cuales obtuvo ingresos de 13 millones 930 mil 382 dólares por lo que debió pagar 5 millones 438 mil 761 dólares (alrededor de 55 millones de pesos). La revista Gente!, que entonces obtuvo el expediente del intérprete, divulgó que el creador de “Amor eterno” pagó en total un millón 465 mil 719 dólares por los años 1994 y 1997, pero el gobierno estadunidense analizó los ingresos no declarados y resultó que el artista popular debió liquidar otros 3 millones 750 mil 870 dólares, cifra que se incrementó a 5 millones 438 mil 761 dólares por las penalizaciones. Aunque Alberto Aguilera, su verdadero nombre, también acusó a la IRS de negarle deducciones y exenciones que normalmente son permitidas. No lidió sólo con esa oficina de recaudación en ese país. El 4 de noviembre del 2002 demandó a su promotor Ralph Hauser III, presidente de Hauser Entertainment CIE, por fraude, falta de pagos de impuestos, rompimiento de contrato y negligencia. Juan Gabriel fue contrademandado (por CIE) con un adeudo de más de 3 millones y medio de dólares por pagos adelantados al ídolo mexicano. Así que en 2003, un juez de la Corte Superior de Los Ángeles le impuso a cantautor una orden de restricción temporal que le prohibía realizar presentaciones en Los Ángeles, Houston, Chicago, Las Vegas y San José hasta el 24 de diciembre por esa situación. El caso concluyó luego de un año de negociaciones entre ambas partes. A finales del 2002, el también triunfal compositor Armando Manzanero, entonces vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Música de México, criticó a Juan Gabriel por sus declaraciones respecto a que los artistas no deberían pagar impuestos. En ese tiempo el Divo de Juárez reconoció haber presentado, mientras estuvo el PRI en el poder, proyectos para “exentar de gravámenes a quienes desarrollaran actividades culturales”. También en 2002, Pedro Plascencia, destacado director musical y pianista y que trabajó durante 20 años para el cantante, junto con otros siete músicos, demandó al inventor de “Se me olvidó otra vez” por despido injustificado. En Perú, el 17 agosto del 2003, autoridades de Lima le impidieron abordar un avión hacia Estados Unidos porque debía liquidar impuestos por tres conciertos a benefició de una institución de niños, se trataba de 40 mil 500 dólares. Amigos peruanos le prestaron el dinero. Después la compañía Producciones Rompeolas demandó al también productor discográfico. Le reclamaba más de 600 mil dólares por cancelar dos presentaciones en Puerto Rico, 24 y 25 de noviembre del 2003, “sin ofrecer explicaciones justificables y reteniendo el dinero que se le pagó por adelantado, que nunca lo regresó”, declaró César Sainz, presidente de esa empresa. Tras las rejas Para junio del 2005, Alberto Aguilera, su verdadero nombre, fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación al llegar al Aeropuerto de Ciudad Juárez, donde ofrecería un concierto en la feria local. Permaneció unas horas en el Centro de Readaptación Social para Adultos (Cereso) de esa ciudad. La acusación, según la Procuraduría General de la República (PGR), era que omitió declarar a la SHCP 4 millones 173 mil pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR) en agosto de 1998. Salió bajo fianza, ya que empresarios y el entonces alcalde de esa urbe fronteriza, Héctor Murguía, pagaron casi 4 millones de pesos. En ese año diversos medios informativos revelaron que de 1989 al 2000, Juan Gabriel declaró a la Secretaría de Hacienda menos de lo que realmente ganó en sus presentaciones dentro y fuera del país. Debió pagar alrededor de 70 millones de pesos en impuestos, pero sólo liquidó 30. Los 40 restantes, con multas y recargos, aumentó a más de cien millones de pesos. Entonces, Silvia Urquidi, amiga del cantante defendió al nominado siete veces al Gammy. Responsabilizó a la empresaria Martha Vallejo de los adeudos de Juan Gabriel. En el 2005, explicó en entrevistas que Vallejo contrató al artista en 1997 para que lo ganado en una serie de 18 presentaciones en eventos del PRI, fueran destinados a Hacienda para cubrir un adeudo de 40 millones de pesos, “pero ella no lo hizo”. Fue Juan S. Millán, en aquel tiempo secretario del PRI, quien le propuso a Juanga que participara en eventos para el partido, y lo que ganara lo destinara a sus deudas con el erario, ya que debía 40 millones de pesos –cifra que había aumentado por multas y recargos.– Pero para evitar malos entendidos se nombró a un intermediario a que depositara el dinero en Hacienda. Entonces, Vallejo organizó 18 presentaciones a 200 mil dólares cada una, hasta que en el 2000 Juan Gabriel le pidió a su amiga investigar si Vallejo había pagado los impuestos. En 2008, medios de Estados Unidos difundieron que el cantautor debía más de 13 millones de dólares de impuestos y que la autoridad pretendía incautarle dos ranchos en Miami, Florida. Los ranchos estaban a nombre de su hijo Iván, quien decidió rematarlos para cubrir el adeudo. Y en 2011, el gobierno estadunidense le volvió a reclamar 18 millones de dólares y el cantante estuvo a punto de perder propiedades en Las Vegas y Miami. En México le llegó una advertencia de embargo precautorio por deber predial y agua del 2012 de dos de sus casas en Torreón. Eran 125 mil pesos. Urquidi de nuevo dijo que quien no pagó fue su entonces administradora Rosa Amelia Lozano. Al parecer, la gira “MéXXIco es todo 2016” que haría por ciudades de Estados Unidos y la República Mexicana (y de la cual quedaron pendientes 23 conciertos) era con el propósito de cubrir sus deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El sitio expansión.com publicó el 29 de agosto pasado que “pese a que Alberto Aguilera ya tenía un acuerdo con el SAT para pagar a plazos programados su vieja deuda, la ley señala que los herederos o el albacea deberán pagar estos adeudos fiscales”. El sitio web Celebrity Net Worth propagó que la herencia de Juan Gabriel asciende alrededor de 30 millones de dólares (558 millones de pesos), producto de una carrera laboral de 40 años. El martes 31 de agosto, Notimex informó que Juan Gabriel murió sin concretar su venta de una de sus más valiosas propiedades en Estados Unidos. Un rancho de 16 hectáreas al norte de Santa Fe, Nuevo México. Desde hace dos años intentó comercializarlo a dos millones 950 mil dólares.