CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, exigió sanciones para Tomás Zerón de Lucio, quien este miércoles presentó su renuncia como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR). El hecho, dijo, “no es una decisión netamente política para distender la situación, sino que estamos ante un hecho grave de consecuencias legales”. A unas horas de que la PGR anunció en un escueto boletín de prensa la separación del cargo de Zerón de Lucio, Barrera Hernández recordó que desde mayo de este año pasado los padres y madres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigieron la renuncia del funcionario, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló su actuación irregular en la construcción de la “verdad histórica”. Al señalar que Zerón se convirtió en el “factor de discordia” en las relaciones entre la PGR y los padres de familia --tanto que en agosto pasado rompieron relaciones--, Barrera Hernández destacó que la procuradora Arely Gómez mantuvo al funcionario a frente de la AIC con el compromiso de que era investigado por la Visitaduría General de la dependencia. “Se supone que el tiempo que tuvieron que aceptar los papás a regañadientes fue porque había un proceso de investigación y que, de acuerdo con ese proceso, si había responsabilidad de Zerón tendrían que removerlo del cargo, pero sabemos que si tiene responsabilidad tiene que haber sanciones”, aseguró. “Partimos de que no es una decisión política, sino que está fundada en que hay responsabilidad pública de parte del funcionario en su actuación y que afectó a las familias agraviadas. Por lo mismo, no podemos seguir encubriendo a funcionarios que tienen responsabilidad y que han causado un grave daño a las familias y a la sociedad en general”, sostuvo el director de Tlachinollan, organización que junto con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, representan a las familias de los jóvenes desaparecidos. Al señalar a Zerón como “el factor de la crisis” entre los padres y la PGR, Barrera Hernández afirmó que, de acuerdo con la última información que recibieron de la procuradora, habría más funcionarios sometidos a investigación por actuaciones irregulares. “Probablemente (éstos) tendrán que responder por las responsabilidades que tengan al respecto, pero quien encabezaba todo era él (Zerón), y para los papás y mamás puede ser el punto que pude destrabar este problema que hay con la PGR”, agregó. Tardía, pero inevitable El representante legal anunció que este jueves los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos fijarán su posición. No obstante, adelantó que el cese de Tomás Zerón es “una decisión tardía en términos de la urgencia del caso, pero era inevitable ante las evidencias que se mostraron de cómo este funcionario tuvo una intervención nefasta, sobre todo para ocultar la verdad máxima con esta versión que se armó, de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula”. El director de Tlachinollan resaltó que apenas en esta semana se dio a conocer el resultado del experimento que llevó a cabo el experto en fuego José Torero, con el que demostraba la imposibilidad de la “versión histórica” propalada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Por ello, lamentó que “al gobierno se le tiene que presionar. Los padres tienen que estar sufriendo más de lo que ya están sufriendo para poder obligar a que las autoridades, en primer lugar, remuevan a funcionarios que no están siendo un factor que de confianza, y sobre todo que allanen el camino de la investigación”. Además, dijo, “está siendo un factor que obstaculiza y genera una mayor tensión en la relación que existe por parte de las mismas familias con el gobierno y alienta un clima de confrontación y desconfianza. Creo que esa ha sido la tónica de los últimos meses desde que tuvo que retirarse al GIEI”. Para Barrera Hernández, la salida de Zerón de Lucio ofrece una oportunidad “para que en verdad se subsanen los vicios, porque la AIC era la que realmente estaba coordinando todos los trabajos de  Ayotzinapa y siempre eran contemplados de la desde la perspectiva de la delincuencia organizada”. Incluso, añadió, “eran primero ellos (los de la Agencia), los que hacían las investigaciones y las detenciones y ya si creían conveniente, los trasladaban a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que es la oficialmente tiene a su cargo la investigación de la desaparición de los estudiantes”. El director de Tlachinollan insistió en que, sin el obstáculo que representaba Tomás Zerón para el caso Ayotzinapa, es de esperarse que “la Subprocuraduría tome realmente la rectoría de la investigación y que se atiendan todas los planteamientos que han hecho, tanto el GIEI como los mismos papás, y que en verdad esto sea una señal de hay un verdadero interés de inaugurar una etapa, aunque sea tardía, para facilitar los trabajos dentro de la misma PGR”.