CANCÚN, Q. Roo (apro).- Por unanimidad, el Congreso local aprobó un par de reformas orientadas a revertir el “paquete de impunidad” aprobado por la anterior legislatura a propuesta del gobernador Roberto Borge, quien en 10 días dejará el cargo. Las iniciativas fueron interpuestas el pasado martes por los diputados de la “nueva mayoría” integrada por PAN, PRD, Morena, Panal y PES y este mediodía fueron aprobadas por unanimidad. La XV Legislatura aprobó de entrada revertir diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano, a efecto de vuelvan a ser considerados como graves diversos delitos “contra la administración pública cometidos por servidores públicos”. La anterior legislatura, dominada por el PRI y PVEM, había aprobado catalogar como no graves los delitos de administración fraudulenta, aprovechamiento ilícito del poder, peculado e intimidación. Al mismo tiempo, había determinado que estos delitos fueran perseguidos solo por querella. En la sesión de este mediodía, la nueva legislatura aprobó las contrarreformas al Código Penal, a fin de estos delitos sean considerados graves, sin la posibilidad de libertad bajo fianza y sean perseguidos también de manera oficiosa. El presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Mario Villanueva Tenorio, del Partido Encuentro Social (PES), felicitó a los diputados del PRI y PVEM por apoyar estas reformas. En otro tema, la XV Legislatura aprobó la iniciativa revertir las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, que daban al gobernador, “cónyuge e hijos” protección de guardaespaldas por 15 años y que el número de escoltas y automóviles y equipo para sus protección “no sea menor que cuando desempeñaban el cargo”. Los congresistas redujeron que el tiempo de goce de escoltas a exfuncionarios, incluidos exgobernadores, sea solo por el mismo que estuvo en el cargo y prorrogable por un periodo igual, pero siempre y cuando demuestre que acredite que lo necesita. De esta forma, la protección a Roberto Borge pasó de 15 a seis años. También se determinó que el número de guardaespaldas será la mitad de los que tuvo en su cargo e hicieron la acotación de que en caso de que el exfuncionario sea acusado formalmente de un delito grave, le serán retiradas dichas escoltas. En comisiones sigue la revisión del punto de acuerdo promovido por el diputado perredista Emiliano Ramos el pasado martes, a efecto de que se “realice una revisión de irregularidades en el proceso de renuncia, convocatoria, sustitución, nombramiento y requisitos de procedibilidad del Auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo". El punto agrega que "ante tales ilegalidades y violaciones formales, ésta soberanía determine la remoción y se emita el Decreto por el cual se elija a un nuevo auditor titular y suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, donde se observen las formalidades esenciales del debido proceso”. Y es que la anterior legislatura nombró al exdirector estatal de Comunicaciones y Transportes Javier Zetina González, primo del exgobernador Félix González Canto y señalado por actos de extorsión en contra comerciantes y por violentar la autonomía municipal, como nuevo titular de la Auditoria Superior del Estado (Aseqroo). Detienen crédito a Solidaridad La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se negó a avalar el proceso de refinanciamiento de la deuda pública por hasta mil 30 millones de pesos del ayuntamiento de Solidaridad y que el alcalde interino, Rafael Castro, ya había pasado con banca Bansi, ya que fue aprobado por diputados de la anterior Legislatura, dentro de llamado “paquete de Impunidad. La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, determinó que “no es posible continuar con el proceso de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios”, de la solicitud de refinanciamiento de la deuda pública de Solidaridad por mil 30 millones de pesos. La alcaldesa electa, Cristina Torres, electa bajo las siglas del PAN y PRD, cuestionó desde un principio la solicitud de nuevo endeudamiento del municipio de Solidaridad, el cual fue autorizado a menos de tres meses de que terminara la actual administración, para lo cual emprendió acciones legales y políticas para frenar la autorización del nuevo crédito.